Con apenas 37 años, y luego de haberse preparado como constitucionalista, Rodrigo Lara Bonilla llegó al Ministerio de Justicia en representación del Nuevo Liberalismo, su última ocupación pública, que se sumó a su paso por la Alcaldía de Neiva y el Senado de la República.
El ministerio de Lara fue accidentado, porque asumió con fuerza su lucha contra los carteles de la droga, que ya amenazaban a la sociedad. Entonces, un parlamentario antioqueño vinculado con el cartel de Medellín le estalló en el Congreso la falsa acusación de que Lara había recibido dineros sucios para apoyar su campaña. Para concretar esta alevosía, se valieron de un cheque girado a favor del ministro por Evaristo Porras, un narco menor que se prestó para ejecutar la sucia labor de enlodar a un hombre decente que tenía futuro y estaba haciendo méritos para llegar a la Presidencia de la República.
Lara ofreció explicaciones razonables sobre el porqué de ese cheque girado a su nombre, pero muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras doliéndose por su asesinato salieron a censurar al joven político y a mancharlo por cuenta de esa maroma montada descaradamente por Pablo Escobar y sus socios del crimen. Ni las directivas del Nuevo Liberalismo lo apoyaron, empezando por Luis Carlos Galán; al contrario, lo requirieron para que diera explicaciones al partido que dividía el mundo entre los malos y ellos.
Pero allí no pararon las desgracias, porque a Lara le abrieron una investigación penal conducida por un juez de instrucción criminal de precaria recordación, que armó un escándalo mediático con el propósito de tumbar al ministro y meterlo a la cárcel. Esa maniobra punitiva fracasó gracias a la habilidad de Antonio Cancino, el avezado penalista que asumió su defensa y enfrentó a buena parte de una prensa que con irresponsabilidad les hizo el juego a quienes quisieron destruir a Lara.
Lara pasó el trago amargo de esta conjura del narcotráfico y endureció su discurso contra estas organizaciones criminales, pues no solo acabó con el complejo de Tranquilandia, sino que denunció la feria de licencias y autorizaciones otorgadas a numerosas pistas de aterrizaje por la Aeronáutica Civil en varias de sus administraciones, una de ellas presidida por Álvaro Uribe Vélez, lo cual, aún hoy, sigue sin ser investigado y sancionado.
Vino lo peor: hace 40 años, cuando Lara estaba ad portas de dejar el Ministerio e irse como embajador en Checoslovaquia, fue acribillado en las calles de Bogotá. El país se estremeció porque hasta entonces la mafia, si bien ya había sembrado su cosecha de violencia, no se había atrevido a asesinar a un ministro y jefe político.
Fernando Hinestrosa, rector del Externado, la casa de estudios en la que Lara se hizo abogado, criticó el abandono y el desdén de las castas políticas y de la sociedad entera con el joven ministro sacrificado, cuando dijo: “Todos lo dejamos solo”. Tan terrible mea culpa en boca de quien estuvo tan cerca del mártir sirvió de fuetazo para todos, y en especial para el Nuevo Liberalismo, la disidencia liberal que cinco años después recorría el mismo camino doloroso para enterrar el cadáver de Luis Carlos Galán, ultimado por los mismos terroristas.
Han pasado cuatro décadas de ese instante oscuro de nuestra historia, y muchos seguimos creyendo que esa soledad a la que fue condenado Lara no ha cesado. En efecto, por estos días nadie se acordó de recuperar el monumento levantado en honor del ministro asesinado en la avenida 127 que lleva su nombre, hoy convertido en un muladar; vaya coincidencia, ni siquiera el alcalde de Bogotá, otro del clan Galán. Con razón su viuda, Nancy Restrepo, esta semana expresó su anhelo de que se haga justicia y sean condenados quienes estuvieron comprometidos en ese asesinato, como los hermanos Ochoa, socios y cómplices de Pablo Escobar, quienes jamás han sido requeridos por ningún fiscal para que expliquen su conocimiento y participación en este magnicidio del que no debieron ser simples testigos indiferentes y por el cual no han sido juzgados.
No puede ser que a quien dejaron solo en vida le decreten el mismo ingrato destino después de muerto, mientras su viuda impotente reclama justicia, en medio de tibias celebraciones ampulosas y maquilladas.
Adenda. Una vergüenza que Petro descalifique la protesta del 21 de abril llamándola “la marcha de la muerte”.
Con apenas 37 años, y luego de haberse preparado como constitucionalista, Rodrigo Lara Bonilla llegó al Ministerio de Justicia en representación del Nuevo Liberalismo, su última ocupación pública, que se sumó a su paso por la Alcaldía de Neiva y el Senado de la República.
El ministerio de Lara fue accidentado, porque asumió con fuerza su lucha contra los carteles de la droga, que ya amenazaban a la sociedad. Entonces, un parlamentario antioqueño vinculado con el cartel de Medellín le estalló en el Congreso la falsa acusación de que Lara había recibido dineros sucios para apoyar su campaña. Para concretar esta alevosía, se valieron de un cheque girado a favor del ministro por Evaristo Porras, un narco menor que se prestó para ejecutar la sucia labor de enlodar a un hombre decente que tenía futuro y estaba haciendo méritos para llegar a la Presidencia de la República.
Lara ofreció explicaciones razonables sobre el porqué de ese cheque girado a su nombre, pero muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras doliéndose por su asesinato salieron a censurar al joven político y a mancharlo por cuenta de esa maroma montada descaradamente por Pablo Escobar y sus socios del crimen. Ni las directivas del Nuevo Liberalismo lo apoyaron, empezando por Luis Carlos Galán; al contrario, lo requirieron para que diera explicaciones al partido que dividía el mundo entre los malos y ellos.
Pero allí no pararon las desgracias, porque a Lara le abrieron una investigación penal conducida por un juez de instrucción criminal de precaria recordación, que armó un escándalo mediático con el propósito de tumbar al ministro y meterlo a la cárcel. Esa maniobra punitiva fracasó gracias a la habilidad de Antonio Cancino, el avezado penalista que asumió su defensa y enfrentó a buena parte de una prensa que con irresponsabilidad les hizo el juego a quienes quisieron destruir a Lara.
Lara pasó el trago amargo de esta conjura del narcotráfico y endureció su discurso contra estas organizaciones criminales, pues no solo acabó con el complejo de Tranquilandia, sino que denunció la feria de licencias y autorizaciones otorgadas a numerosas pistas de aterrizaje por la Aeronáutica Civil en varias de sus administraciones, una de ellas presidida por Álvaro Uribe Vélez, lo cual, aún hoy, sigue sin ser investigado y sancionado.
Vino lo peor: hace 40 años, cuando Lara estaba ad portas de dejar el Ministerio e irse como embajador en Checoslovaquia, fue acribillado en las calles de Bogotá. El país se estremeció porque hasta entonces la mafia, si bien ya había sembrado su cosecha de violencia, no se había atrevido a asesinar a un ministro y jefe político.
Fernando Hinestrosa, rector del Externado, la casa de estudios en la que Lara se hizo abogado, criticó el abandono y el desdén de las castas políticas y de la sociedad entera con el joven ministro sacrificado, cuando dijo: “Todos lo dejamos solo”. Tan terrible mea culpa en boca de quien estuvo tan cerca del mártir sirvió de fuetazo para todos, y en especial para el Nuevo Liberalismo, la disidencia liberal que cinco años después recorría el mismo camino doloroso para enterrar el cadáver de Luis Carlos Galán, ultimado por los mismos terroristas.
Han pasado cuatro décadas de ese instante oscuro de nuestra historia, y muchos seguimos creyendo que esa soledad a la que fue condenado Lara no ha cesado. En efecto, por estos días nadie se acordó de recuperar el monumento levantado en honor del ministro asesinado en la avenida 127 que lleva su nombre, hoy convertido en un muladar; vaya coincidencia, ni siquiera el alcalde de Bogotá, otro del clan Galán. Con razón su viuda, Nancy Restrepo, esta semana expresó su anhelo de que se haga justicia y sean condenados quienes estuvieron comprometidos en ese asesinato, como los hermanos Ochoa, socios y cómplices de Pablo Escobar, quienes jamás han sido requeridos por ningún fiscal para que expliquen su conocimiento y participación en este magnicidio del que no debieron ser simples testigos indiferentes y por el cual no han sido juzgados.
No puede ser que a quien dejaron solo en vida le decreten el mismo ingrato destino después de muerto, mientras su viuda impotente reclama justicia, en medio de tibias celebraciones ampulosas y maquilladas.
Adenda. Una vergüenza que Petro descalifique la protesta del 21 de abril llamándola “la marcha de la muerte”.