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Veremos si la ida de Barbosa contribuye a que se conozca la razón por la cual durante dos años ininterrumpidos se adelantaron labores de policía judicial para investigarme sin que se sepa por qué y sin haber sido notificado de que estuve bajo el ojo prevaricador del fiscal y su entorno.
Ningún reparo hay al hecho de que una autoridad investigue a un ciudadano, incluido el suscrito. Lo que no puede suceder en un Estado de Derecho es que con recursos y funcionarios públicos se haya organizado y ejecutado entre octubre de 2020 y hasta agosto de 2022, como mínimo, una alevosa, persistente y prolongada pesquisa en mi contra, sin que se sepa el delito por el que en secreto fui investigado, durante buena parte del período de Iván Duque y el de Barbosa como fiscal. Tengo documentos auténticos que he recibido como columnista de opinión, los cuales dan cuenta de las matrices de avances de averiguaciones de policía judicial relacionadas con el suscrito, en las que, por supuesto, no encontraron nada, ni siquiera sospechas.
Los funcionarios de policía judicial que hicieron esas comprobaciones estaban o están adscritos principalmente a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, es decir, subalternos de Gabriel Ramón Jaimes Durán, el malvado individuo a quien vengo criticando desde su tormentosa época de esbirro de Alejandro Ordóñez, persona de dudosa reputación que usa su investidura para perseguir a sus críticos por motivos políticos, personales y religiosos.
Aunque no sirva, aquí están los nombres de los funcionarios que estuvieron detrás de este columnista sin que me lo hubiesen advertido como era obligación constitucional y legal de la Fiscalía:
- Adriana Angélica Ruiz Hernández,
- Oscar Javier Vanegas,
- Edison Campos Quintero,
- Andrea Stephania Atuesta Puentes,
- Pedro Antonio Molano Herrera,
- Alfonso Velásquez González,
- Edwin Enrique Mendoza Centeno,
- Lida Marcela Valencia Giraldo,
- Nubia Rosio Ramírez Caro,
- Gladys Sierra Torres,
- Ferney Campo Méndez, entre otros.
No los conozco, ni sus nombres me son familiares, seguramente fueron forzados a ejecutar estas gestiones indebidas sin permitirme el derecho de defensa, pero no me es indiferente, repito, que estén vinculados a la dependencia de la Fiscalía al mando del siniestro Jaimes Durán.
¿Quién dio la orden de destinar tantos oficiales de policía judicial a rastrearme, además por tanto tiempo? Si la mayoría de esos técnicos lo son de la delegada ante la Corte Suprema, el coordinador de esa dependencia tuvo que enterarse de que a su detestado contradictor y denunciante de antaño lo estaban investigando, además, a sus espaldas.
Es difícil asumir que una empresa de policía judicial, desplegada por al menos 11 agentes de alta jerarquía, se hubiese diseñado sin que el tétrico Francisco Barbosa estuviese enterado, ni tampoco Iván Duque. El solo calendario los compromete: todo ocurrió mientras uno era subpresidente y el otro, su compañero de pupitre en la Sergio Arboleda, el Fiscal General.
No faltará que alguien se pregunte ¿por qué no se ha dado aún traslado a ninguna autoridad de este suceso que por enésima vez se produce en el entorno del uribismo? Es una aventura denunciar un alto funcionario, todos se protegen en el circuito cerrado de la complicidad. En 2020 puse en conocimiento de la Comisión de Disciplina Judicial una queja contra Jaimes Durán por hechos que ahora asocio a este criminal hallazgo de espionaje con dineros estatales, pero esa corporación, con ponencia de la magistrada ultrauribista Diana Marina Vélez Vásquez, en providencia del 2 de febrero de 2022, con un solo salvamento de voto, hizo caso pero omiso de mi querella.
Ido Barbosa no creo que cese el complot porque llegan Martha Mancera y Gabriel Ramón Jaimes, quienes, al igual que su desprestigiado y diabólico patrón, son protagonistas de la peor Fiscalía de todos los tiempos. En todo caso, la próxima fiscal o alguna autoridad tienen el deber de que se abran los archivos de esta entidad puesta al servicio de las pasiones políticas y los odios personales. No más impunidad para Barbosa y su banda.
Hago esta denuncia en estas notas de buhardilla, porque es precisamente el ejercicio de pensar y hablar libremente desde esta tribuna lo que me ha hecho objeto de una infame persecución. ¡No me silenciarán!
Adenda. Se equivoca el Gobierno excluyendo las universidades privadas de los beneficios del programa de gratuidad “Puedo Estudiar”. Educación estatizada es un pésimo síntoma para cualquier democracia.