Por estos tiempos nada anda bien, ni en el Gobierno, ni en el Congreso, pero sobre todo en la Rama Judicial en lo que tiene que ver con la Fiscalía. No es nuevo el desastre en el Legislativo y en el Ejecutivo, pero que el templo de la justicia se vea agrietado sí es un suceso preocupante.
En efecto, después de que el exfiscal Martínez Neira se ufanaba de las investigaciones en el caso de Odebrecht, exhibiendo unas condenas que en su momento calificó de ejemplares en el entorno latinoamericano, conocimos los sorprendentes resultados de un acuerdo concluido entre autoridades americanas y el Grupo Aval, en virtud del cual este conglomerado económico terminó obligándose a pagar multas millonarias y a asumir otros compromisos a cambio de no ser procesados en ese país. Aunque varios medios se fueron de bruces tratando de presentar, sin ningún pudor, este acuerdo como una exoneración e inofensiva terminación de todos los procesos en contra de Aval, lo cierto es que, por el contrario, el convenio tuvo alcance sancionatorio porque los hechos siguen vivitos y coleando.
Como no se puede tapar el sol con los dedos de la mano, la Fiscalía de Barbosa tuvo que salir al ruedo con un carrusel de imputaciones contra varias personas presuntamente comprometidas en lo de Odebrecht, entre las cuales hay más de un inocente, entonces la pregunta obvia es: ¿por qué solo hasta ahora y luego de conocido el acuerdo del Grupo Aval con las autoridades americanas Barbosa se pellizcó? Sin este acuerdo disfrazado de premio, jamás la Fiscalía se habría preocupado por mover nada.
Esa actitud intempestiva coincide, además, con el tufillo político de la noticia filtrada por la Fiscalía-espectáculo, según la cual Odebrecht aportó $3.540 millones a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, lo que, por supuesto, es una revelación gravísima que no puede quedarse en los corrillos, como la otra que ronda en los mentideros políticos sobre la identidad del tercer hombre, exfuncionario del Gobierno de entonces, que habría también sido beneficiado con coimas de los brasileros. Veremos hasta dónde llega este arrebato judicial.
Barbosa montó un show mediático para anunciar las nuevas imputaciones en lo de Odebrecht, luego de regresar de Washington a donde se desplazó con recursos públicos a presentar y tramitar ante la CIDH una solicitud personal de medidas cautelares para que le den protección a él y su familia, como si no contara con un ejército de escoltas y carros blindados que inclusive protegen a sus consentidas mascotas. A pesar de ese ruido, muy propio de esta Fiscalía inoperante y perseguidora, lo incontrovertible es que esas imputaciones de ahora no fueron espontáneas sino tardía y calculadamente filtradas a los medios con mezquino propósito politiquero. Para las verdades, el tiempo. Ya veremos que en el listado Barbosa-Jaimes hay personas ajenas a esos hechos y en cambio han dejado a salvo a otras que tienen rabo de paja, verbo y gracia el carrusel de abogados que aun en la sombra prestaron sus maquiavélicas asesorías.
Los colombianos todos, en especial los abogados, sentimos vergüenza de una justicia a la que solo se le conocen “resultados” luego de los hallazgos en tribunales americanos. En la Fiscalía hay miles de funcionarios inconformes con este cuatrienio de vergüenza, pero permanecen silentes porque a quien hable le pasan una factura impagable.
Desafortunadas las voces de auxilio por el supuesto atentado a Barbosa del que —según la aguda caricatura de Osuna— tenían conocimiento todos menos el ELN. El presidente de la Corte Suprema insiste en respaldar a la persona física de un fiscal en campaña política, cuando la Fiscalía arde por dentro. ¡Ah!, la solidaridad de cuerpo tampoco deja ver lo que está aconteciendo en ese búnker de la infamia.
Y para colmos, crece el rumor de que Barbosa se propone pedir vacaciones o adelantar unos meses su retiro, pero antes de irse nombraría vicefiscal al troglodita y arbitrario Gabriel Ramón Jaimes Durán, para que asuma como fiscal encargado. Esa sería la renovada Fiscalía que investigaría las escandalosas denuncias de alias Macaco sobre el papel criminal del Cartel de la Toga, en el que siguen militando algunos exmagistrados que continúan indemnes por sus fechorías y se pavonean cínicamente pontificando como académicos y aviesos litigantes.
Adenda. Incomprensible la furia de los gobernadores con el ministro Velasco porque dijo la obviedad de que todos tienen sus preferencias electorales.
Por estos tiempos nada anda bien, ni en el Gobierno, ni en el Congreso, pero sobre todo en la Rama Judicial en lo que tiene que ver con la Fiscalía. No es nuevo el desastre en el Legislativo y en el Ejecutivo, pero que el templo de la justicia se vea agrietado sí es un suceso preocupante.
En efecto, después de que el exfiscal Martínez Neira se ufanaba de las investigaciones en el caso de Odebrecht, exhibiendo unas condenas que en su momento calificó de ejemplares en el entorno latinoamericano, conocimos los sorprendentes resultados de un acuerdo concluido entre autoridades americanas y el Grupo Aval, en virtud del cual este conglomerado económico terminó obligándose a pagar multas millonarias y a asumir otros compromisos a cambio de no ser procesados en ese país. Aunque varios medios se fueron de bruces tratando de presentar, sin ningún pudor, este acuerdo como una exoneración e inofensiva terminación de todos los procesos en contra de Aval, lo cierto es que, por el contrario, el convenio tuvo alcance sancionatorio porque los hechos siguen vivitos y coleando.
Como no se puede tapar el sol con los dedos de la mano, la Fiscalía de Barbosa tuvo que salir al ruedo con un carrusel de imputaciones contra varias personas presuntamente comprometidas en lo de Odebrecht, entre las cuales hay más de un inocente, entonces la pregunta obvia es: ¿por qué solo hasta ahora y luego de conocido el acuerdo del Grupo Aval con las autoridades americanas Barbosa se pellizcó? Sin este acuerdo disfrazado de premio, jamás la Fiscalía se habría preocupado por mover nada.
Esa actitud intempestiva coincide, además, con el tufillo político de la noticia filtrada por la Fiscalía-espectáculo, según la cual Odebrecht aportó $3.540 millones a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, lo que, por supuesto, es una revelación gravísima que no puede quedarse en los corrillos, como la otra que ronda en los mentideros políticos sobre la identidad del tercer hombre, exfuncionario del Gobierno de entonces, que habría también sido beneficiado con coimas de los brasileros. Veremos hasta dónde llega este arrebato judicial.
Barbosa montó un show mediático para anunciar las nuevas imputaciones en lo de Odebrecht, luego de regresar de Washington a donde se desplazó con recursos públicos a presentar y tramitar ante la CIDH una solicitud personal de medidas cautelares para que le den protección a él y su familia, como si no contara con un ejército de escoltas y carros blindados que inclusive protegen a sus consentidas mascotas. A pesar de ese ruido, muy propio de esta Fiscalía inoperante y perseguidora, lo incontrovertible es que esas imputaciones de ahora no fueron espontáneas sino tardía y calculadamente filtradas a los medios con mezquino propósito politiquero. Para las verdades, el tiempo. Ya veremos que en el listado Barbosa-Jaimes hay personas ajenas a esos hechos y en cambio han dejado a salvo a otras que tienen rabo de paja, verbo y gracia el carrusel de abogados que aun en la sombra prestaron sus maquiavélicas asesorías.
Los colombianos todos, en especial los abogados, sentimos vergüenza de una justicia a la que solo se le conocen “resultados” luego de los hallazgos en tribunales americanos. En la Fiscalía hay miles de funcionarios inconformes con este cuatrienio de vergüenza, pero permanecen silentes porque a quien hable le pasan una factura impagable.
Desafortunadas las voces de auxilio por el supuesto atentado a Barbosa del que —según la aguda caricatura de Osuna— tenían conocimiento todos menos el ELN. El presidente de la Corte Suprema insiste en respaldar a la persona física de un fiscal en campaña política, cuando la Fiscalía arde por dentro. ¡Ah!, la solidaridad de cuerpo tampoco deja ver lo que está aconteciendo en ese búnker de la infamia.
Y para colmos, crece el rumor de que Barbosa se propone pedir vacaciones o adelantar unos meses su retiro, pero antes de irse nombraría vicefiscal al troglodita y arbitrario Gabriel Ramón Jaimes Durán, para que asuma como fiscal encargado. Esa sería la renovada Fiscalía que investigaría las escandalosas denuncias de alias Macaco sobre el papel criminal del Cartel de la Toga, en el que siguen militando algunos exmagistrados que continúan indemnes por sus fechorías y se pavonean cínicamente pontificando como académicos y aviesos litigantes.
Adenda. Incomprensible la furia de los gobernadores con el ministro Velasco porque dijo la obviedad de que todos tienen sus preferencias electorales.