La herencia de la nefasta Procuraduría de Alejandro Ordóñez sigue causando estragos a la institucionalidad. Todo estaba tranquilo hasta que a este troglodita le dio por perseguir, destituir e inhabilitar al entonces alcalde Petro con el no disimulado propósito de excluirlo como competidor en la carrera a la Presidencia. Ordoñez creyó despejar el camino de un obstáculo en su propia aspiración.
Como era de esperarse, destituido Petro no se quedó quieto y acudió a los mecanismos de la democracia plebiscitaria y a la Corte Interamericana. De un lado, convocó a sus seguidores a la plaza de Bolívar, la cual llenaron por tres días seguidos, récord impresionante que ni siquiera logró Gaitán; por el otro lado, pidió ante el Sistema Interamericano que le restablecieran sus derechos conculcados, paradójicamente, por el procurador que el propio senador Petro ayudó a elegir con el concurso de alguno que otro colega que hoy lo acompaña en su gabinete. ¡Votos inolvidables!
La Corte IDH le dio la razón a Petro, enmendó el entuerto, pero le impuso a Colombia atemperar su legislación para que las destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de elección popular fuesen adoptadas solamente por jueces penales como consecuencia de condenas de esta naturaleza. Es decir, privó a la Procuraduría de la facultad de investigar, juzgar y sancionar a elegidos por voto popular.
Entonces, en este país de leguleyos, se desató una avalancha de decisiones: primero, la expedición de una ley para hacer un remiendo de dudosa legalidad en la nómina de la Procuraduría para que pudiera destituir funcionarios de elección popular, que tampoco convenció a la misma Corte Interamericana; luego, una intervención bastante cautelosa de la Corte Constitucional que suscitó muchas controversias no clausuradas; y ahora, una sentencia del Consejo de Estado que, aunque sea de vigencia transitoria, no resuelve el problema.
En efecto, la sentencia del Consejo de Estado conocida esta semana ha decidido que la Procuraduría sí podrá investigar, sancionar y destituir funcionarios de elección popular, coincidiendo con lo que había esbozado la Corte Constitucional, pero con el agregado de que esas decisiones deberán ser revisadas por el Consejo de Estado. Se avizoran nuevas demandas ante la Corte Interamericana. Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y congresistas tendrán que responder disciplinariamente por sus faltas que no son pocas, lo que tampoco es garantía de que las cosas van a mejorar en el reinado de Gregorio Eljach, quien de subalterno de senadores se convirtió en su jefe disciplinario. A propósito, el electo procurador se inauguró cabildeando con éxito en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Colombia continuará siendo cuestionada por la Corte IDH al no acatar su fallo y, mientras tanto, el Consejo de Estado será dueño del propio Congreso. Peor el remedio que la enfermedad.
En efecto, lo que inquieta de la decisión mayoritaria del Consejo de Estado es que esa corporación, además de ser el juez de las demandas de nulidad electoral de congresistas y de pérdida de sus investiduras, ahora revisará las decisiones de la Procuraduría que les impongan sanciones. Tanto poder concentrado en una alta corte no es sano; ojalá esto no se traduzca en intercambio de favores no solo burocráticos.
La solución no da espera. Hay que implementar una reforma constitucional para crear un organismo independiente que investigue, juzgue y sancione penal y disciplinariamente a los altos funcionarios, hoy impunes en la práctica, incluidos los elegidos popularmente. Lo que es insólito es que el gobierno de Petro, víctima de Ordóñez, no haya avanzado en este propósito urgente.
Adenda No 1. Aunque disfracen con eufemismos la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo cierto es que se cayó estruendosamente.
Adenda No 2. Indignante que el presidente Petro en la condecoración al expresidente Mujica del Uruguay hubiere siquiera intentado izar la bandera del M 19 y no el tricolor nacional. Ofendió al galardonado y a nuestro país.
Adenda No 3. Magistrados del Consejo Nacional Electoral nombrados por las Cortes. ¡Lo que faltaba!
La herencia de la nefasta Procuraduría de Alejandro Ordóñez sigue causando estragos a la institucionalidad. Todo estaba tranquilo hasta que a este troglodita le dio por perseguir, destituir e inhabilitar al entonces alcalde Petro con el no disimulado propósito de excluirlo como competidor en la carrera a la Presidencia. Ordoñez creyó despejar el camino de un obstáculo en su propia aspiración.
Como era de esperarse, destituido Petro no se quedó quieto y acudió a los mecanismos de la democracia plebiscitaria y a la Corte Interamericana. De un lado, convocó a sus seguidores a la plaza de Bolívar, la cual llenaron por tres días seguidos, récord impresionante que ni siquiera logró Gaitán; por el otro lado, pidió ante el Sistema Interamericano que le restablecieran sus derechos conculcados, paradójicamente, por el procurador que el propio senador Petro ayudó a elegir con el concurso de alguno que otro colega que hoy lo acompaña en su gabinete. ¡Votos inolvidables!
La Corte IDH le dio la razón a Petro, enmendó el entuerto, pero le impuso a Colombia atemperar su legislación para que las destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de elección popular fuesen adoptadas solamente por jueces penales como consecuencia de condenas de esta naturaleza. Es decir, privó a la Procuraduría de la facultad de investigar, juzgar y sancionar a elegidos por voto popular.
Entonces, en este país de leguleyos, se desató una avalancha de decisiones: primero, la expedición de una ley para hacer un remiendo de dudosa legalidad en la nómina de la Procuraduría para que pudiera destituir funcionarios de elección popular, que tampoco convenció a la misma Corte Interamericana; luego, una intervención bastante cautelosa de la Corte Constitucional que suscitó muchas controversias no clausuradas; y ahora, una sentencia del Consejo de Estado que, aunque sea de vigencia transitoria, no resuelve el problema.
En efecto, la sentencia del Consejo de Estado conocida esta semana ha decidido que la Procuraduría sí podrá investigar, sancionar y destituir funcionarios de elección popular, coincidiendo con lo que había esbozado la Corte Constitucional, pero con el agregado de que esas decisiones deberán ser revisadas por el Consejo de Estado. Se avizoran nuevas demandas ante la Corte Interamericana. Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y congresistas tendrán que responder disciplinariamente por sus faltas que no son pocas, lo que tampoco es garantía de que las cosas van a mejorar en el reinado de Gregorio Eljach, quien de subalterno de senadores se convirtió en su jefe disciplinario. A propósito, el electo procurador se inauguró cabildeando con éxito en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Colombia continuará siendo cuestionada por la Corte IDH al no acatar su fallo y, mientras tanto, el Consejo de Estado será dueño del propio Congreso. Peor el remedio que la enfermedad.
En efecto, lo que inquieta de la decisión mayoritaria del Consejo de Estado es que esa corporación, además de ser el juez de las demandas de nulidad electoral de congresistas y de pérdida de sus investiduras, ahora revisará las decisiones de la Procuraduría que les impongan sanciones. Tanto poder concentrado en una alta corte no es sano; ojalá esto no se traduzca en intercambio de favores no solo burocráticos.
La solución no da espera. Hay que implementar una reforma constitucional para crear un organismo independiente que investigue, juzgue y sancione penal y disciplinariamente a los altos funcionarios, hoy impunes en la práctica, incluidos los elegidos popularmente. Lo que es insólito es que el gobierno de Petro, víctima de Ordóñez, no haya avanzado en este propósito urgente.
Adenda No 1. Aunque disfracen con eufemismos la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo cierto es que se cayó estruendosamente.
Adenda No 2. Indignante que el presidente Petro en la condecoración al expresidente Mujica del Uruguay hubiere siquiera intentado izar la bandera del M 19 y no el tricolor nacional. Ofendió al galardonado y a nuestro país.
Adenda No 3. Magistrados del Consejo Nacional Electoral nombrados por las Cortes. ¡Lo que faltaba!