Después de leer y releer el acuerdo del Gobierno con el ELN sobre el “Desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, queda la impresión de que no se ha avanzado en nada, pero sobre todo que empezaron por el final.
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Después de leer y releer el acuerdo del Gobierno con el ELN sobre el “Desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, queda la impresión de que no se ha avanzado en nada, pero sobre todo que empezaron por el final.
El acuerdo, bastante confuso y a veces incomprensible, parece haber sido redactado solamente con la pluma de los elenos, porque lo que aprobaron reproduce la esencia de su discurso y nada concreto del Gobierno. En efecto, la idea de que “la paz en Colombia requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación” es el viejo discurso que lleva más de medio siglo enarbolando la insurgencia elena. En el mismo sentido apunta el “objetivo del proceso de participación” que propicia “una alianza social y política que conlleve a un gran acuerdo nacional”.
No se ve claro por qué el Gobierno aceptó suscribir un documento convocando a un diálogo nacional en el que la agenda de la discusión la impuso el ELN, en los siguientes ejes:
· Político: Discutir la transformación de las “estructuras e instituciones de la organización política del Estado que vulneran los derechos y el bienestar de la sociedad colombiana” supone que ambas partes coinciden en que se están violando los derechos y la tranquilidad de los colombianos. Que lo digan los elenos, vaya y venga, pero que el Gobierno avale esa consideración se torna desafiante.
· Económico: Lo mismo puede decirse de la manera como se redactó la transformación del modelo económico, a partir de discutir lo público y lo privado, políticas de empleo, narcotráfico y todo lo que conduzca a que “el Estado cumpla su responsabilidad social, que supere la desigualdad social y el modelo económico”. ¿Negociará el Gobierno la política antidrogas con el ELN?
· Seguridad: En esta materia el listado de propósitos es solamente favorable a las pretensiones del ELN, pues se incluyen unas obligaciones como la de cumplir el cese bilateral, resolviendo las crisis actuales, pero sin mencionar una sola palabra frente a la industria del secuestro, que sigue amenazando a esa sociedad civil que pretenden dotar de derechos para que participe en un proceso de deliberación en el que la prohibición de secuestrar ni siquiera se toca.
· Medios: La elíptica fórmula del futuro papel de los medios masivos de comunicación que a partir de este acuerdo deben trabajar para “sensibilizar y comunicar al conjunto de la población en torno al proceso de paz y a la construcción del gran acuerdo nacional”. Es decir, medios con agenda decidida en una mesa de negociación entre el Gobierno y la guerrilla.
El documento parece un pliego de peticiones de un sindicato, más que una transacción. El ELN consiguió todo lo que estaba buscando porque el Gobierno fue generoso en grado superlativo, pero a cambio de eso la pregunta del millón es: ¿qué consiguió el Gobierno en este acuerdo o, mejor, en qué cedió el ELN? Una transacción en la que solo una de las partes hace concesiones tiene sabor de rendición.
Lo más peligroso estaría por venir. Si se rompen las negociaciones, a pesar de que en el acuerdo consignaron que “las partes nos comprometemos a no levantarnos de la mesa de diálogos”, ¿cómo quedaría cada una de las partes? Los elenos no han renunciado a nada y menos a su negocio de secuestros; en cambio, el Gobierno ha reconocido muchas cosas inconvenientes y ha asumido que los acuerdos sobre las transformaciones “son de obligatorio cumplimiento para las partes”, lo que para el ELN es un saludo a la bandera, pero para el Gobierno sí “deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas, programas y proyectos que se articulen con el Plan Nacional de Desarrollo, etc.”.
La discusión sobre el alcance jurídico vinculante de acuerdos entre insurgentes y el Estado no es menor y es allí donde resulta imprudente que de entrada el Gobierno haya aceptado suscribir unos papeles que solo favorecen a su contraparte, además estando suspendidos los diálogos y en vilo su reanudación. Ya veremos si cuando llegue la hora de hablar de los ataques y secuestros a la población civil —si es que llega— el ELN seguirá imponiendo su ritmo.
Solo falta que en este acuerdo esté camuflada una constituyente por decreto.
Adenda. La feria de los nombramientos clientelistas en la Cancillería en el reinado del nuevo ministro Luis Gilberto Murillo.