Pequeños grandes abusos


El partido Centro Democrático (CD) tiene pleno derecho a rendir culto al expresidente Álvaro Uribe, como en efecto lo hacen sus militantes en todas las circunstancias. Pueden inclusive hacerle estatuas para prenderle velas en la sede de su partido y llegar hasta el ridículo con tal de cumplirle a esa enfermiza pasión de idolatrarlo. Allá ellos.

Pero lo que no puede hacer el CD, ni ningún otro partido, es convertir los espacios gratuitos de la televisión que por ley les son concedidos con fines institucionales, para hacer proselitismo en favor o en contra de litigios judiciales.

Digo lo anterior a propósito de las últimas intervenciones del CD en los espacios televisivos, las cuales han estado volcadas a demostrar la inocencia de Uribe Vélez en el proceso penal que cursa en su contra. Aclaro que hace varios meses dejé de tener participación profesional como defensor suplente del senador Iván Cepeda, y que hoy nada me ata a ese sonado proceso, por lo cual considero que puedo opinar sobre un asunto de interés público que no se refiere a esa causa sino a un tema que compromete recursos estatales.

Utilizar un medio masivo de comunicación al que se tiene derecho por ministerio de la Constitución (art 111) y la ley 130 de 1994 para defender o acusar a cualquier persona, así sea el mandamás de una colectividad, es, sencillamente, un abuso.

En efecto, el artículo 25 de la ley 130 de 1994 prevé que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán derecho a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado” en forma permanente, “para programas institucionales de divulgación política”, entendiendo por tal “la que con carácter institucional realicen los partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional”.

Los principios, programas y realizaciones de una colectividad son del todo ajenos a los infortunios judiciales de sus dirigentes, por lo que el responsable del CD que convirtió ese espacio en consultorio jurídico público y personal de un solo colombiano tendría que ser compelido –al menos por la Contraloría General de la República, guardiana de los dineros estatales– a reembolsar al presupuesto general de la nación los dineros que de este se inviertan en la utilización de los espacios de televisión por parte de ese partido.

Los uribistas dirán que Uribe es su “jefe natural”, concepto que no tiene reconocimiento en ninguna disposición legal, y hasta alegar que su partido y él son una misma cosa y un símbolo único, y que por esas razones pueden invertir los minutos de los que gozan gratuitamente en televisión para usarlos como les venga en gana. Tal conclusión es inadmisible no solo porque no la autoriza la ley, sino porque permitir la utilización arbitraria de esa prerrogativa puede desequilibrar peligrosamente el juego político. En efecto, los demás partidos que también tienen a varios de sus alfiles involucrados en procesos judiciales podrían reclamar que se les permitiera defenderse en cada uno de esos sustanciosos espacios en horario triple A y en la antesala de los noticieros más vistos a lo largo y ancho del país. Es tan estrambótico e indelicado todo este asunto, como lo sería, por ejemplo, que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado asumiera la representación judicial de Petro en los pleitos en su contra; o que el presidente del Congreso utilizara el programa semanal del Senado que se transmite por todos los canales para promocionar sus campañas personales; o que con los gastos reservados de una entidad de inteligencia se sufragaran los costos de la educación personal de su director o la de sus hijos.

Lo complicado de este evidente exceso es que quienes podrían detenerlo no tienen ningún interés en hacerlo, ni política, ni personalmente, como lo son el custodio de las arcas públicas, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, deudor vitalicio del CD; también el lánguido ministro de Comunicaciones, Mauricio Lizcano, otrora uribista furioso, más tarde santista y por estas calendas aspirante a petrista pura sangre.

Solo falta que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con el contundente remedio del “deje así”.

Adenda No 1. Señor ministro de Hacienda: no abuse de su inmenso poder ni de la paciencia de sus compatriotas. ¡No más impuestos!

Adenda No 2. Buen viento y buena mar a la COP16.