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Se agita el avispero político con el trámite de un proyecto de ley que, a primera vista, parece muy atractivo para muchas personas. El asunto ha servido para que lluevan rayos y centellas entre los parlamentarios que se han atrevido a opinar, aunque, a decir verdad, la mayoría ha preferido pasar agachada y todo hace suponer que así continuará.
En efecto, la finalidad de este proyecto de ley apunta a rebajar los salarios de los padres de la patria para que no devenguen los $ 48 millones que hoy reciben sino $ 28¸es decir, una reducción por cabeza de veinte millones. Si multiplicamos esta suma por el número de congresistas, el ahorro mensual sería más o menos de $ 5.500 millones de pesos.
De entrada, hay que decir que no se ve factible que la propuesta sea acogida, como no lo ha sido en el pasado. No es la primera vez que se ventila esta idea, aunque sí en que está auspiciada y defendida a dentelladas por parlamentarios izquierdistas, curiosamente los que no admiten opiniones contrarias a las suyas. Hace unos años otros congresistas que hoy llamaríamos claramente de derecha, voceros de grandes empresarios, alcanzaron a hacer ruido pero se silenciaron porque se consideró odiosa y excluyente la iniciativa.
Y no se ve verosímil que esta cruzada para reducir salarios sea acogida por muchas razones. Con algunas excepciones, los congresistas viven fuera de Bogotá, lo cual implica que deben atender aquí y acullá las mismas obligaciones, al menos las de habitación y mantenimiento, a las que se suman las de traslado a Bogotá desde sus ciudades de origen. Siendo ello así, la mayoría no estará de acuerdo con un recorte tan dramático de sus ingresos.
Pero hay más: bajarles el sueldo a los congresistas tiene consecuencias muy importantes para otros poderes públicos. Por ejemplo, los magistrados de las altas cortes devengan algo parecido que lo que recibe un parlamentario, por lo que de aprobarse esta ley pondría a temblar toda la estructura del poder judicial desde su cúpula hacia abajo. Así se hagan excepciones, tarde o temprano, si les bajan el sueldo a unos pocos, la misma solución llegará para todos. Quiero ver a los congresistas que estarán dispuestos a aprobar este proyecto que maltrataría a los togados que tienen en sus manos los asuntos penales y las pérdidas de investidura contra la clase política. No puede olvidarse que uno de los propósitos de la Constitución del 91 fue asegurar a la justicia una remuneración correspondiente a su importante labor.
Pero en el fondo de este debate lo que deambula es la preocupación de que, si se reducen los salarios a los parlamentarios, tendremos un mejor Congreso o el mismo, o si, como todo parece indicarlo, ante la perspectiva de que ganen menos solamente podrían llegar al Capitolio quienes sean económicamente solventes o los riquitos, como diría Petro. Es decir, la actividad congresional se convertiría en oficio vedado para quienes no puedan echar mano de recursos propios para vivir y gastar en Bogotá.
No se aprecia de qué manera mejoraría el Congreso con unos miembros que devenguen menos. Solo falta que puedan tener razón quienes sostienen que, si recibiendo mensualmente cada uno $ 48 millones de sueldo, los asaltos al erario en los que están comprometidos muchos congresistas no solo no han cesado, sino que se han multiplicado, como irá a ser si esa remuneración se marchita.
El problema fiscal no se arregla reduciendo ingresos. Por muchos cálculos financieros y actuarios que se hagan sobre este engorroso asunto, reducir salarios —en particular los de los congresistas— crea más problemas de los que se pretende resolver.
Lo que parece evidente es que, apruébese o no la reducción salarial para los inefables senadores y representantes a la Cámara, en todo caso esto se volverá discusión para la próxima campaña electoral que se avizora bastante convulsionada. Lloverán los mutuos reproches entre unos y otros, pero al final todos saben y están seguros de que el Congreso honrará a Lampedusa, porque si caen los sueldos todo habrá cambiado para que siga igual.
Adenda. Empezar el Gobierno a organizar comités para hacer campaña por la consulta popular sin que siquiera el proyecto se haya presentado al Congreso es un acto antidemocrático y violento que pretende doblegar con amenazas la voluntad del legislador. Si el Senado no le da el visto bueno, entonces que hará el Gobierno del M-19. ¿Acaso cerrar el Congreso?
