Increíble que el gobierno sancione la ley que suspendió por un año la Ley de Garantías en época preelectoral y pretenda meternos los dedos a la boca, con el cuentazo de crear una asociación público-privada dizque para vigilar la contratación interadministrativa.
Duque sancionó la ley desconociendo una orden judicial de tutela que le impedía ponerla a regir inmediatamente. Aun si esa decisión fuese equivocada, en un Estado de derecho hay que cumplirla. Menos aquí. En efecto, el Ejecutivo desacató la justicia y puso a regir la ley estableciendo un nefasto precedente y una señal inequívoca de autoritarismo. Esta arbitrariedad se quiso justificar con el argumento soberbio de que nadie puede decirle al Gobierno que no sancione una ley o que restrinja su vigencia. Valido de ese artificio, Duque de nuevo ultrajó la dignidad de la justicia, sin que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hubiere protestado ante esta afrenta. ¡Ah, magistrados que se descrestan yendo a Palacio a tomar cafecito!
Pero no les bastó tramitar y expedir la tramposa ley y sancionarla en contra de una orden judicial sino que, ya vigente el esperpento, Duque, por iniciativa de la poderosa Asociación Nacional de Industriales (ANDI), creó una alianza entre “sector público, privado y medios de comunicación” que supuestamente velará por el monitoreo “minucioso a los contratos interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno y los entes territoriales”.
La contratación en período electoral será vigilada por la ANDI, Colombia Compra Eficiente, el periódico El Tiempo y Juntos por Transparencia; este último no es una persona jurídica sino un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que no ejecuta ella misma sino otros entes privados. Es decir, yo con yo, pues salvo USAID todos los demás asociados, si no son funcionarios, sí son gobiernistas, no solo de este sino de cualquier cuatrienio. Pusieron un ponqué en la puerta de una escuela, porque de lo que se trataba con la Ley de Garantías era de asegurar que no se usara en período electoral la contratación interadministrativa para favorecer a ningún candidato o grupo político. Ahora, con el liderazgo del propio Gobierno, que no es imparcial ni neutral en los comicios que se avecinan, esta alianza pretende vender la falacia de que las próximas elecciones serán limpias.
Que se derogue la Ley de Garantías precisamente en las puertas de las elecciones en un país polarizado y que la vigilancia de la contratación en este período se entregue a una alianza entre entes oficiales y algunos privados, todos cercanos amigos del Gobierno, es una burla y una provocación. ¿Alguien cree que el altivo presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, cuya virtud preferida es la de oírse a sí mismo, va a tener el interés, la fuerza y el talante necesarios para denunciar un contrato con el que eventualmente se favorezca a uno de los precandidatos que cuentan con el visto bueno de los industriales? Por supuesto que no, la ANDI no es organismo de control, tampoco es la Fiscalía y menos ejerce funciones judiciales, es un gremio con inmensos tentáculos en todas las esferas, cuyo objeto social no es velar por los derechos ciudadanos y menos por los electorales, sino por los cuantiosos intereses de sus muy encopetados miembros, casi todos afortunados contratistas.
La alianza no es con los “medios de comunicación”, como lo ha pregonado el Gobierno, sino, cosa distinta, con El Tiempo. Así sean estrechos los lazos que unen al Gobierno con el otrora periódico liberal y hoy otro rinconcito del laureano-alvarismo, en el que además escriben aburridoras columnas todos los ministros para autoalabarse, eso no habilita suponer que ese diario es “los medios”.
Ofende la inteligencia y amenaza la democracia que esta supuesta coalición de plutócratas pueda sustituir a los organismos de control o a las autoridades y desplazar a los partidos, incluida la oposición. A propósito, insólito que la oposición en silencio se haya resignado a ser excluida para que sean la ANDI y el propio Gobierno quienes vigilen el botín que, en todo caso, volverán a saquear los que sabemos.
Adenda. El perfumado e incompetente director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, debería renunciar ante la escabrosa noticia de que sus generales gozan disfrazados de soldados nazis.
Increíble que el gobierno sancione la ley que suspendió por un año la Ley de Garantías en época preelectoral y pretenda meternos los dedos a la boca, con el cuentazo de crear una asociación público-privada dizque para vigilar la contratación interadministrativa.
Duque sancionó la ley desconociendo una orden judicial de tutela que le impedía ponerla a regir inmediatamente. Aun si esa decisión fuese equivocada, en un Estado de derecho hay que cumplirla. Menos aquí. En efecto, el Ejecutivo desacató la justicia y puso a regir la ley estableciendo un nefasto precedente y una señal inequívoca de autoritarismo. Esta arbitrariedad se quiso justificar con el argumento soberbio de que nadie puede decirle al Gobierno que no sancione una ley o que restrinja su vigencia. Valido de ese artificio, Duque de nuevo ultrajó la dignidad de la justicia, sin que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hubiere protestado ante esta afrenta. ¡Ah, magistrados que se descrestan yendo a Palacio a tomar cafecito!
Pero no les bastó tramitar y expedir la tramposa ley y sancionarla en contra de una orden judicial sino que, ya vigente el esperpento, Duque, por iniciativa de la poderosa Asociación Nacional de Industriales (ANDI), creó una alianza entre “sector público, privado y medios de comunicación” que supuestamente velará por el monitoreo “minucioso a los contratos interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno y los entes territoriales”.
La contratación en período electoral será vigilada por la ANDI, Colombia Compra Eficiente, el periódico El Tiempo y Juntos por Transparencia; este último no es una persona jurídica sino un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que no ejecuta ella misma sino otros entes privados. Es decir, yo con yo, pues salvo USAID todos los demás asociados, si no son funcionarios, sí son gobiernistas, no solo de este sino de cualquier cuatrienio. Pusieron un ponqué en la puerta de una escuela, porque de lo que se trataba con la Ley de Garantías era de asegurar que no se usara en período electoral la contratación interadministrativa para favorecer a ningún candidato o grupo político. Ahora, con el liderazgo del propio Gobierno, que no es imparcial ni neutral en los comicios que se avecinan, esta alianza pretende vender la falacia de que las próximas elecciones serán limpias.
Que se derogue la Ley de Garantías precisamente en las puertas de las elecciones en un país polarizado y que la vigilancia de la contratación en este período se entregue a una alianza entre entes oficiales y algunos privados, todos cercanos amigos del Gobierno, es una burla y una provocación. ¿Alguien cree que el altivo presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, cuya virtud preferida es la de oírse a sí mismo, va a tener el interés, la fuerza y el talante necesarios para denunciar un contrato con el que eventualmente se favorezca a uno de los precandidatos que cuentan con el visto bueno de los industriales? Por supuesto que no, la ANDI no es organismo de control, tampoco es la Fiscalía y menos ejerce funciones judiciales, es un gremio con inmensos tentáculos en todas las esferas, cuyo objeto social no es velar por los derechos ciudadanos y menos por los electorales, sino por los cuantiosos intereses de sus muy encopetados miembros, casi todos afortunados contratistas.
La alianza no es con los “medios de comunicación”, como lo ha pregonado el Gobierno, sino, cosa distinta, con El Tiempo. Así sean estrechos los lazos que unen al Gobierno con el otrora periódico liberal y hoy otro rinconcito del laureano-alvarismo, en el que además escriben aburridoras columnas todos los ministros para autoalabarse, eso no habilita suponer que ese diario es “los medios”.
Ofende la inteligencia y amenaza la democracia que esta supuesta coalición de plutócratas pueda sustituir a los organismos de control o a las autoridades y desplazar a los partidos, incluida la oposición. A propósito, insólito que la oposición en silencio se haya resignado a ser excluida para que sean la ANDI y el propio Gobierno quienes vigilen el botín que, en todo caso, volverán a saquear los que sabemos.
Adenda. El perfumado e incompetente director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, debería renunciar ante la escabrosa noticia de que sus generales gozan disfrazados de soldados nazis.