¿Y para cuándo las disculpas?

"Las Cortes tienen que ser capaces de asumir con humildad y resignación el reto de disculpar las faltas de otros que las mancharon": Ramiro Bejarano Guzmán.

Foto: Liz Durán

Con sobrada razón la Sala Penal de la Corte Suprema hizo algo de ruido con ocasión de las condenas que impuso recientemente a Gustavo Enrique Malo Fernández y Francisco Ricaurte, dos de sus exmagistrados. No era para menos, pero faltó.

Es preciso recordar que, antes de que el peso de la justicia enredara a los ahora condenados, los rumores que corrían en los mentideros políticos y judiciales daban cuenta de que esos mismos nombres se estaban haciendo célebres no con sus fallos sino con sus propios delitos. Igual aconteció en la Corte Constitucional cuando varios de sus magistrados empezaron a hacerse notorios por sus andanzas, uno de los cuales también hoy está condenado por recibir sobornos. El Consejo de Estado también se vio sacudido por gestiones inapropiadas, como de ello debe dar cuenta el flamante exministro de justicia Wilson Ruiz, entonces procurador delegado ante esa corporación.

Del prevaricato y las coimas siempre quedan huellas que no desaparecen debajo de un tapete. Si hubiere controles, aparecería más de un funcionario con jugosos CDT que superan sus ingresos y capacidad de ahorro, incluido uno que otro servidor judicial de esos que alardean de su pulcritud.

Cuando Francisco Ricaurte cayó en desgracia ante la justicia ya era exmagistrado y se desempeñaba como litigante en una oficina en la que también laboraban el exmagistrado Leonidas Bustos y Luis Gustavo Moreno, un joven abogado que el inefable exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira convirtió en jefe anticorrupción de la Fiscalía. Allí también trabajaba Ruth Marina Diaz, la conocida magistrada viajera quien, a pesar de haberse retirado, sigue ejerciendo temible influencia en el poder judicial que no nos resulta indiferente a sus críticos.

Esta firma tuvo sus días de oropel porque estos togados irrumpieron con éxito en el mundo competido del litigio pues, aunque no tenían experiencia ni reconocimiento, eran consultados por gentes y empresas emproblemadas para que asumieran su representación porque seguramente suponían que ellos sí sabían dónde ponían las garzas y porque podían ejercer con acceso privilegiado a sus excolegas y al personal de la justicia que dejaron envenenada. Muy pronto apareció en ese firmamento enrarecido Camilo Tarquino, también exmagistrado condenado, de quien desde antes de su retiro de la Corte que presidió también se le vinculaba con movidas oscuras de ese tenebroso cartel.

Por eso suena sorpresivo y desilusionante, por decir lo menos, que la sentencia de condena contra Gustavo Enrique Malo la Corte haya impuesto como medida de restablecimiento del derecho solamente la publicación de la parte resolutiva de ese fallo y un resumen del mismo. Ni siquiera obligó a que el sentenciado expresara públicamente su arrepentimiento.

La Corte Suprema de Justicia y todas las demás altas cortes, incluidas las que no registren actos bochornosos, y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial deberían unirse para pedir excusas al país porque todo esto haya ocurrido en el Palacio de la Justicia y dar una explicación de por qué llegamos a esto y, lo más importante, garantizar que no volverá a repetirse. Después del holocausto de noviembre del 85, lo de unos magistrados vendiendo providencias y haciéndose ricos es lo más grave y humillante que ha estremecido a la justicia. Esta vez no fueron las balas terroristas del M-19 ni las represoras del Ejército, sino el dinero sucio.

Por supuesto que los actuales togados no están untados de las faltas de sus antecesores, pero la justicia sí le debe excusas a la Nación que no pueden consistir en que simplemente se publique un fallo condenatorio. Eso ni siquiera es un saludo a la bandera.

La comunidad reclama una postura enhiesta, digna y convincente. A los estudiantes de derecho hay que rescatarles su fe en la justicia y sus ilusiones maltratadas por unos asaltantes que se empotraron en un poder judicial, en el que sobreviven algunos miembros de esa secta; las facultades de derecho no pueden seguir siendo cómplices silentes de lo que suceda desde la cúpula judicial hacia abajo; al ciudadano ultrajado es preciso asegurarle que vendrán días de honradez. Y ante el mundo, las Cortes tienen que ser capaces de asumir con humildad y resignación el reto de disculpar las faltas de otros que las mancharon, como lo han hecho gobiernos por hechos que no han cometido pero que sí comprometen su buen nombre.

Adenda. Denuncie, presidente Petro. ¿Quiénes son los expresidentes sobornados?