Meta: violencias, desigualdades y resiliencia en la Puerta de la Amazonía
Este escrito hace parte de una serie de 32 columnas que exploran la desigualdad en los 32 departamentos de Colombia. Las columnas son el resultado de un proceso de diálogo entre académicos, artistas y activistas de cada rincón de nuestro país. Para conocer más sobre las publicaciones semanales del proyecto <a href="https://www.reimaginemos.co/dialogos">Diálogos Territoriales sobre Desigualdad</a> y sobre nuestro centro de investigación comunitaria, síguenos en IG <a href="https://www.instagram.com/reimaginemos.colombia/?hl=es">@reimaginemos.colombia</a> o Twitter <a href="https://twitter.com/reimaginemos">@reimaginemos</a>.
El departamento del Meta, puerta de entrada a la Amazonía, ha sido escenario de intensos conflictos territoriales, derivados de la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos naturales y la violencia armada. La concentración de tierras en pocas manos, la promoción de monocultivos y la extranjerización han incrementado las tensiones sociales y ambientales en esta región clave para el país. A pesar de algunos avances y de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, los desafíos persisten: violencia, criminalización, desplazamiento forzado y desigualdades profundas. Esto exige la implementación real y efectiva de políticas públicas que promuevan la justicia social y la protección del territorio.
Conflicto histórico y tierras en medio de un gran potencial agrícola y de sostenibilidad
La ocupación del Meta fue impulsada por la llegada de colonos y familias campesinas desplazadas en el contexto de la violencia partidista de los 40 y 50. Este proceso transformó radicalmente el territorio, al tiempo que la imposición de un modelo de desarrollo extractivo, basado en la explotación minero-energética y los grandes monocultivos, generó profundas desigualdades territoriales, sociales y ambientales. Estos desequilibrios no consolidaron la presencia del Estado en este departamento, sino que dejaron un legado de conflicto y violencia que aún marca la historia reciente del Meta.
El modelo de desarrollo extractivo, tan marcado en el Meta, ha fomentado la concentración de tierras en pocas manos, agravando las tensiones sociales y limitando las oportunidades de desarrollo para los pequeños productores. En lugar de generar un crecimiento equitativo, este modelo ha profundizado las desigualdades y perpetuado la exclusión social al cerrarle puertas al desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Y es que el Meta cuenta con mucha tierra y un alto potencial agrícola. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el departamento tiene una frontera agrícola estimada en 4,9 millones de hectáreas. Sin embargo, estudios del IGAC sugieren que solo 1,3 millones de hectáreas son realmente aptas para la agricultura. A pesar de su gran potencial, la actividad agrícola en el Meta se ha centrado mayoritariamente en monocultivos de exportación (como el arroz, el maíz y la soya) o en ganadería, que ocupan un altísimo porcentaje de las tierras cultivadas. Esta concentración de cultivos destinados a la exportación ha generado no solo presiones sobre la calidad de la tierra y la deforestación, sino también una estructura productiva desigual, dejando de lado la producción de alimentos para el consumo local, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de 1,2 millones de personas.
Por esto es necesario diversificar la producción agrícola (producir más productos) y promover un sistema alimentario más justo. Esto no solo contribuiría a mejorar la seguridad alimentaria, sino que también reduciría la presión sobre los ecosistemas del Meta, permitiendo una conservación más efectiva de su biodiversidad. Otra oportunidad para transformar el uso de la tierra y los beneficios que ello trae a la comunidad, sería aprovechar el potencial del turismo ecológico en el departamento. Esto no solo generaría empleo, sino también, conexión y conservación de la naturaleza.
El papel crucial de los líderes sociales
La protección del territorio y la promoción de un desarrollo más justo en el Meta (y en el resto de Colombia) dependen en gran medida de sus líderes sociales. Estas personas que, desde juntas de acción comunal, organizaciones de productores y grupos culturales, han defendido el territorio incluso en los momentos más oscuros del conflicto armado. Tristemente, los y las lideresas enfrentan hoy amenazas crecientes tanto de actores armados ilegales como de un Estado que no garantiza su seguridad.
La vida de estos defensores del territorio está en peligro, y silenciar sus voces es frenar un motor del cambio. Sin las voces de los líderes es difícil defender los derechos humanos o los proyectos de desarrollo que respeten la tierra y a las comunidades que la habitan. Estos líderes son los guardianes del territorio y la llave para lograr un desarrollo que equilibre los intereses ambientales y las necesidades de las comunidades. Por esto es tan urgente que el Estado garantice su protección, no solo como un acto de justicia, sino como una condición imprescindible para construir un futuro más sostenible y más equitativo.
Implementación del Acuerdo de Paz y Reforma Rural Integral
El Acuerdo de Paz de 2016 representó una oportunidad única para transformar el campo colombiano, y el Meta se pensaba como una parte central en este proceso. Sin embargo, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Reforma Rural Integral (RRI) ha sido lenta e inconsistente. Las comunidades campesinas, que han soportado décadas de promesas incumplidas, siguen esperando que se cumpla lo pactado.
Dos puntos clave para avanzar en ello es actualizar el catastro y titular tierras. Sin estos procesos, las comunidades no podrán acceder a los recursos que necesitan para desarrollar modelos de conservación ambiental y de pagos por servicios ambientales que reconozcan el verdadero valor de la tierra. Estos modelos deben reconocer el valor de los servicios ecosistémicos y ofrecer incentivos reales para que las comunidades opten por prácticas agrícolas sostenibles, en lugar de continuar expandiendo la frontera agrícola y deforestando para la ganadería.
No confundir la paz con la agenda ambiental
Es crucial no mezclar la agenda de paz con la agenda ambiental. Aunque ambos temas están interrelacionados, deben abordarse por separado. La verdadera gobernanza ambiental en el Meta debe basarse en la participación activa de las comunidades que han protegido el territorio durante generaciones. El Estado debe garantizar que los proyectos de conservación y desarrollo sostenible se implementen en colaboración con las comunidades locales, respetando sus dinámicas y sus derechos.
La creciente crisis de seguridad
Hablar de las agendas de construcción de equidad en el Meta es imposible sin reconocer la crisis de seguridad que sigue afectando al departamento. La seguridad es un prerrequisito fundamental para cualquier proyecto de desarrollo. Si el Estado no logra garantizar la seguridad de sus ciudadanos, cualquier esfuerzo por mejorar la situación económica y ambiental, estará condenado al fracaso.
Estas reflexiones nos muestras cómo el Meta, la puerta de la Amazonía, enfrenta desafíos enormes en términos de seguridad, sostenibilidad y equidad. Y nos hacen también recordar que las soluciones están ahí, y que muchos líderes están trabajando ya por ella. Como una muestra, Cristian Diez, artista y gestor social que cambió las armas por la construcción de paz a través del arte y el trabajo con los jóvenes, nos comparte este video titulado “La Danza Transforma la Historia”. Conócelo aquí:
Coautores: César Huertas, Grupo de Investigación en Transformación Agraria - Unillanos.; Mauricio Velásquez, Investigador, Universidad de Los Andes; Nubia Mollano, lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres y víctimas; Cristian Diez, artista y gestor social.
Editora: @Allison_Benson_. Investigadora y Directora de Reimaginemos
Este escrito hace parte de una serie de 32 columnas que exploran la desigualdad en los 32 departamentos de Colombia. Las columnas son el resultado de un proceso de diálogo entre académicos, artistas y activistas de cada rincón de nuestro país. Para conocer más sobre las publicaciones semanales del proyecto <a href="https://www.reimaginemos.co/dialogos">Diálogos Territoriales sobre Desigualdad</a> y sobre nuestro centro de investigación comunitaria, síguenos en IG <a href="https://www.instagram.com/reimaginemos.colombia/?hl=es">@reimaginemos.colombia</a> o Twitter <a href="https://twitter.com/reimaginemos">@reimaginemos</a>.
El departamento del Meta, puerta de entrada a la Amazonía, ha sido escenario de intensos conflictos territoriales, derivados de la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos naturales y la violencia armada. La concentración de tierras en pocas manos, la promoción de monocultivos y la extranjerización han incrementado las tensiones sociales y ambientales en esta región clave para el país. A pesar de algunos avances y de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, los desafíos persisten: violencia, criminalización, desplazamiento forzado y desigualdades profundas. Esto exige la implementación real y efectiva de políticas públicas que promuevan la justicia social y la protección del territorio.
Conflicto histórico y tierras en medio de un gran potencial agrícola y de sostenibilidad
La ocupación del Meta fue impulsada por la llegada de colonos y familias campesinas desplazadas en el contexto de la violencia partidista de los 40 y 50. Este proceso transformó radicalmente el territorio, al tiempo que la imposición de un modelo de desarrollo extractivo, basado en la explotación minero-energética y los grandes monocultivos, generó profundas desigualdades territoriales, sociales y ambientales. Estos desequilibrios no consolidaron la presencia del Estado en este departamento, sino que dejaron un legado de conflicto y violencia que aún marca la historia reciente del Meta.
El modelo de desarrollo extractivo, tan marcado en el Meta, ha fomentado la concentración de tierras en pocas manos, agravando las tensiones sociales y limitando las oportunidades de desarrollo para los pequeños productores. En lugar de generar un crecimiento equitativo, este modelo ha profundizado las desigualdades y perpetuado la exclusión social al cerrarle puertas al desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Y es que el Meta cuenta con mucha tierra y un alto potencial agrícola. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el departamento tiene una frontera agrícola estimada en 4,9 millones de hectáreas. Sin embargo, estudios del IGAC sugieren que solo 1,3 millones de hectáreas son realmente aptas para la agricultura. A pesar de su gran potencial, la actividad agrícola en el Meta se ha centrado mayoritariamente en monocultivos de exportación (como el arroz, el maíz y la soya) o en ganadería, que ocupan un altísimo porcentaje de las tierras cultivadas. Esta concentración de cultivos destinados a la exportación ha generado no solo presiones sobre la calidad de la tierra y la deforestación, sino también una estructura productiva desigual, dejando de lado la producción de alimentos para el consumo local, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de 1,2 millones de personas.
Por esto es necesario diversificar la producción agrícola (producir más productos) y promover un sistema alimentario más justo. Esto no solo contribuiría a mejorar la seguridad alimentaria, sino que también reduciría la presión sobre los ecosistemas del Meta, permitiendo una conservación más efectiva de su biodiversidad. Otra oportunidad para transformar el uso de la tierra y los beneficios que ello trae a la comunidad, sería aprovechar el potencial del turismo ecológico en el departamento. Esto no solo generaría empleo, sino también, conexión y conservación de la naturaleza.
El papel crucial de los líderes sociales
La protección del territorio y la promoción de un desarrollo más justo en el Meta (y en el resto de Colombia) dependen en gran medida de sus líderes sociales. Estas personas que, desde juntas de acción comunal, organizaciones de productores y grupos culturales, han defendido el territorio incluso en los momentos más oscuros del conflicto armado. Tristemente, los y las lideresas enfrentan hoy amenazas crecientes tanto de actores armados ilegales como de un Estado que no garantiza su seguridad.
La vida de estos defensores del territorio está en peligro, y silenciar sus voces es frenar un motor del cambio. Sin las voces de los líderes es difícil defender los derechos humanos o los proyectos de desarrollo que respeten la tierra y a las comunidades que la habitan. Estos líderes son los guardianes del territorio y la llave para lograr un desarrollo que equilibre los intereses ambientales y las necesidades de las comunidades. Por esto es tan urgente que el Estado garantice su protección, no solo como un acto de justicia, sino como una condición imprescindible para construir un futuro más sostenible y más equitativo.
Implementación del Acuerdo de Paz y Reforma Rural Integral
El Acuerdo de Paz de 2016 representó una oportunidad única para transformar el campo colombiano, y el Meta se pensaba como una parte central en este proceso. Sin embargo, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Reforma Rural Integral (RRI) ha sido lenta e inconsistente. Las comunidades campesinas, que han soportado décadas de promesas incumplidas, siguen esperando que se cumpla lo pactado.
Dos puntos clave para avanzar en ello es actualizar el catastro y titular tierras. Sin estos procesos, las comunidades no podrán acceder a los recursos que necesitan para desarrollar modelos de conservación ambiental y de pagos por servicios ambientales que reconozcan el verdadero valor de la tierra. Estos modelos deben reconocer el valor de los servicios ecosistémicos y ofrecer incentivos reales para que las comunidades opten por prácticas agrícolas sostenibles, en lugar de continuar expandiendo la frontera agrícola y deforestando para la ganadería.
No confundir la paz con la agenda ambiental
Es crucial no mezclar la agenda de paz con la agenda ambiental. Aunque ambos temas están interrelacionados, deben abordarse por separado. La verdadera gobernanza ambiental en el Meta debe basarse en la participación activa de las comunidades que han protegido el territorio durante generaciones. El Estado debe garantizar que los proyectos de conservación y desarrollo sostenible se implementen en colaboración con las comunidades locales, respetando sus dinámicas y sus derechos.
La creciente crisis de seguridad
Hablar de las agendas de construcción de equidad en el Meta es imposible sin reconocer la crisis de seguridad que sigue afectando al departamento. La seguridad es un prerrequisito fundamental para cualquier proyecto de desarrollo. Si el Estado no logra garantizar la seguridad de sus ciudadanos, cualquier esfuerzo por mejorar la situación económica y ambiental, estará condenado al fracaso.
Estas reflexiones nos muestras cómo el Meta, la puerta de la Amazonía, enfrenta desafíos enormes en términos de seguridad, sostenibilidad y equidad. Y nos hacen también recordar que las soluciones están ahí, y que muchos líderes están trabajando ya por ella. Como una muestra, Cristian Diez, artista y gestor social que cambió las armas por la construcción de paz a través del arte y el trabajo con los jóvenes, nos comparte este video titulado “La Danza Transforma la Historia”. Conócelo aquí:
Coautores: César Huertas, Grupo de Investigación en Transformación Agraria - Unillanos.; Mauricio Velásquez, Investigador, Universidad de Los Andes; Nubia Mollano, lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres y víctimas; Cristian Diez, artista y gestor social.
Editora: @Allison_Benson_. Investigadora y Directora de Reimaginemos