Son terroríficas las actuaciones de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, en buena parte de Centroamérica y Colombia. Su historial de iniquidades contempla, entre una vasta colección de infamias, los modos de consecución de tierras desde fines del siglo XIX, incluidas maniobras de sabotaje esparciendo la sigatoka negra, la explotación inmisericorde de los trabajadores, muchas veces esclavizados, y la participación en masacres, como la de 1928 en la zona bananera colombiana.
Hay que acordarse, por ejemplo, de la injerencia de la transnacional en el golpe de Estado contra el presidente de Guatemala Jacobo Árbenz, en 1954, propiciado por la CIA, cuando el mandatario elegido en democracia implementó reformas agrarias y laborales con el objetivo social de mejorar la situación de los trabajadores. En su esencia, además de la producción bananera y otras frutas, la compañía, manchada de sangre desde sus orígenes, ha apoyado gobiernos autoritarios.
Hace poco, un tribunal en Estados Unidos condenó a la empresa sucedánea de “Mamita Yunai”, punta de lanza del neocolonialismo, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y patrocinar sus acciones delictivas, que conllevaron a la violación sistemática de derechos humanos de la población civil en Urabá y el Magdalena. En 2007, como tal vez ya se olvidó, se probó que Chiquita Brands auspiciaba con billete y otros recursos al paramilitarismo entre 1997 y 2004.
El Tribunal del Distrito Sur de Florida halló responsable a la mencionada multinacional de las secuelas criminales que ocasionó su financiación al paramilitarismo, dada la demanda de algunas familias que sufrieron las nefastas consecuencias de ese patrocinio. Y aunque contra Chiquita Brands hay miles de denuncias de millares de víctimas de sus tropelías, en este caso se trata de un fallo que favorece a ocho de nueve familias que, desde hace casi veinte años, han persistido en exigir justicia por el asesinato de sus parientes.
Este es apenas un juicio contra Chiquita Brands de otros muchos que de seguro llegarán o ya están andando. También está el juicio de la historia. Son tenebrosas las maniobras y desmanes de la transnacional, que dejaron un rastro de desolaciones y miserias, aparte de mortandades a granel, a su paso por el Magdalena. El enclave que montó en la Zona Bananera, con la complacencia de distintos gobiernos colombianos arrodillados ante los mandatos de Washington, dejó a su paso hojarasca (como lo advierte la primera novela de García Márquez) y otras desolaciones, además de un reguero de sangre de trabajadores.
El infierno en el que se consumieron en distintas penalidades un poco más de treinta mil trabajadores de la “Yunai”, tuvo su expresión más horripilante con la masacre de 1928, en la que, según las mismas versiones documentales de los Estados Unidos, como la Embajada en Bogotá y el Departamento de Estado, hubo más de mil muertos.
La literatura, a su vez, como un testimonio de las atrocidades de la compañía, dejó constancias, bellas y dolorosas, como la parte que en Cien años de soledad narra la masacre de las bananeras, lo mismo que la novela La casa grande, de Cepeda Samudio. Hay otros textos, como el cuento Si no fuera por la zona caramba, de Ramón Illán Bacca, sobre la misma desgraciada historia, así como en la parte centroamericana, en particular Guatemala, Miguel Ángel Asturias, en su Trilogía bananera, pone en evidencia las acciones filibusteras de esa compañía.
La Chiquita, que en Urabá hizo y deshizo a su antojo, tendrá que pagar más de treinta y ocho millones de dólares a las familias de ocho colombianos (de los miles que por esa y otras zonas del país murieron) asesinados por los paramilitares. La organización EarthRights International, representante de las víctimas, dijo: “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las compañías de todo el mundo: beneficiarse de las violaciones contra los derechos humanos no quedará impune”.
La multinacional había pagado una multa de veinticinco millones de dólares en 2007 por su auspicio al paramilitarismo, pero nada de esa platica fue a dar a las víctimas, sino al fisco estadounidense. La visibilización de esta empresa en su padrinazgo a esa horda de asesinos pone en cuestión cómo otras, que aún siguen sin castigo, ampararon al paramilitarismo. Se recuerda, por ejemplo, cuando Carlos Castaño dijo que había un grupo de seis, muy poderosos, entre los que había miembros de la Iglesia y de grupos empresariales, que bendijeron y avalaron esa barbarie.
El primer veredicto del mencionado jurado de Florida puede abrir otras puertas no solo para la indemnización de víctimas, sino, además, para el conocimiento de la verdad sobre el pavoroso conflicto interno colombiano. Ya Salvatore Mancuso se ha puesto a “cantar” y por ahí puede ser que surjan otras conexiones y declaraciones sobre quiénes integraron y apoyaron escuadrones de la muerte, produjeron masacres por doquier, arrasaron tierras, promovieron los espantosos “falsos positivos” e inundaron de sangre al país.
Sí, el veredicto inicial en Florida va dando la victoria a David contra Goliat, en el caso de las víctimas de Chiquita Brands. Todo no puede seguir siendo impunidad, como ha sido costumbre.