EL 16 DE JULIO PASADO SE CUMPLIEron 24 años del asesinato de Luis Roberto Camacho Prada, mi padre, quien fuera corresponsal del diario El Espectador en Leticia y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Amazonas.
Su crimen está impune. A la fecha, próximos a cumplir un cuarto de siglo de su muerte, no se tiene conocimiento de avance alguno por parte de la justicia del Estado colombiano en determinar e imponer sanción a quienes tomaron la decisión y actuaron para quitarle la vida.
Se podría pensar que cualquier sociedad requiere y reconoce la necesidad de enaltecer a quienes se dedican de manera especial a servirla y a trabajar en favor del bien común; sería razonable pensar también que la agresión, ofensa, o daño a alguno de ellos, debería entenderse como hecha a toda la sociedad. No obstante, transcurridas más de dos décadas de su muerte, ocurrida en ese “negro” decenio de los 80, sólo se observa, como mínimo consuelo, la posibilidad de que crímenes como estos jamás prescriban, bajo la tesis recientemente aplicada por la Fiscalía en casos como el de Guillermo Cano y Luis Carlos Galán, de haber sido parte de un plan sistemático y generalizado.
Se propone entonces desde la Fiscalía una situación de perenne incertidumbre e impunidad, pues cada año que pasa se minimiza la claridad de estos crímenes y se aleja aún más la posibilidad de encontrar justicia, ya que sus autores van desapareciendo, las pistas se van borrando, la memoria feneciendo y todos los días surge un nuevo cúmulo de crímenes. En estas condiciones es dable considerar que la presencia de la “imprescriptibilidad” es inocua para el verdadero ejercicio de justicia y sólo es útil para exhibir un magro argumento en defensa de una negativa valoración de la utilidad del aparato estatal que no provee la mínima protección que requiere todo ciudadano.
Don Roberto ejerció el periodismo con objetividad e hizo notorio el grave riesgo de fraccionamiento territorial colombiano en la Amazonia, el cual era pretendido por el narcotráfico mediante la implementación de una propuesta denominada “Amazonas Federal”, que no tenía otra intención que la búsqueda de mayor libertad en el ejercicio del delito; también, desde la Cámara de Comercio del Amazonas, defendió al gremio de los intentos de captura por parte de las empresas de “fachada” del narcotráfico y promovió el fortalecimiento de las actividades económicas lícitas y nobles.
La muerte de los actores de una sociedad en defensa de sus ideales, debiera al menos ser útil para reivindicar los valores que ella necesita. Sin embargo luego de todos estos años y ante la cada vez más difícil situación de nuestra sociedad, pareciera que las palabras de Gandhi refiriendo que la atrocidad de las “cosas malas” se encuentra en el silencio de la “gente buena” son cada vez más ciertas.
* Asociación Opción Meta.
EL 16 DE JULIO PASADO SE CUMPLIEron 24 años del asesinato de Luis Roberto Camacho Prada, mi padre, quien fuera corresponsal del diario El Espectador en Leticia y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Amazonas.
Su crimen está impune. A la fecha, próximos a cumplir un cuarto de siglo de su muerte, no se tiene conocimiento de avance alguno por parte de la justicia del Estado colombiano en determinar e imponer sanción a quienes tomaron la decisión y actuaron para quitarle la vida.
Se podría pensar que cualquier sociedad requiere y reconoce la necesidad de enaltecer a quienes se dedican de manera especial a servirla y a trabajar en favor del bien común; sería razonable pensar también que la agresión, ofensa, o daño a alguno de ellos, debería entenderse como hecha a toda la sociedad. No obstante, transcurridas más de dos décadas de su muerte, ocurrida en ese “negro” decenio de los 80, sólo se observa, como mínimo consuelo, la posibilidad de que crímenes como estos jamás prescriban, bajo la tesis recientemente aplicada por la Fiscalía en casos como el de Guillermo Cano y Luis Carlos Galán, de haber sido parte de un plan sistemático y generalizado.
Se propone entonces desde la Fiscalía una situación de perenne incertidumbre e impunidad, pues cada año que pasa se minimiza la claridad de estos crímenes y se aleja aún más la posibilidad de encontrar justicia, ya que sus autores van desapareciendo, las pistas se van borrando, la memoria feneciendo y todos los días surge un nuevo cúmulo de crímenes. En estas condiciones es dable considerar que la presencia de la “imprescriptibilidad” es inocua para el verdadero ejercicio de justicia y sólo es útil para exhibir un magro argumento en defensa de una negativa valoración de la utilidad del aparato estatal que no provee la mínima protección que requiere todo ciudadano.
Don Roberto ejerció el periodismo con objetividad e hizo notorio el grave riesgo de fraccionamiento territorial colombiano en la Amazonia, el cual era pretendido por el narcotráfico mediante la implementación de una propuesta denominada “Amazonas Federal”, que no tenía otra intención que la búsqueda de mayor libertad en el ejercicio del delito; también, desde la Cámara de Comercio del Amazonas, defendió al gremio de los intentos de captura por parte de las empresas de “fachada” del narcotráfico y promovió el fortalecimiento de las actividades económicas lícitas y nobles.
La muerte de los actores de una sociedad en defensa de sus ideales, debiera al menos ser útil para reivindicar los valores que ella necesita. Sin embargo luego de todos estos años y ante la cada vez más difícil situación de nuestra sociedad, pareciera que las palabras de Gandhi refiriendo que la atrocidad de las “cosas malas” se encuentra en el silencio de la “gente buena” son cada vez más ciertas.
* Asociación Opción Meta.