Barbosa no debe ser fiscal

Prefiero los debates razonados a las críticas personales. Sin embargo, si uno constata comportamientos de una persona que la hacen no apta para un cargo, es un deber cívico criticar públicamente esas conductas si existe el riesgo de que esa persona termine por ocuparlo. Eso sucede con el actual consejero presidencial, Francisco Barbosa, que puede ser el próximo fiscal general, uno de los funcionarios más poderosos del Estado.

Barbosa ya ha recibido muchas críticas: por su incoherencia, pues defendió con ahínco la JEP para luego criticarla duramente al entrar al gobierno Duque, como lo mostró Yohir Akerman. O por los pobres resultados de su gestión, pues es consejero presidencial en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, que son campos en que al presidente Duque le ha ido muy mal, probablemente porque ha sido mal aconsejado.

Esas críticas son relevantes pues muestran falta de independencia frente al Gobierno y pobreza de gestión, que son defectos graves para ser fiscal. Pero una conducta aún más grave es su manejo de las cifras sobre asesinatos de líderes sociales, a fin de sostener que durante el gobierno Duque esa violencia habría disminuido significativamente, gracias a la eficacia de este Gobierno.

Eso lo ha hecho al menos en tres oportunidades: en julio, afirmó que durante al gobierno Duque esos asesinatos habían disminuido en 35 %. En octubre habló de una reducción del 47 % entre 2018 y 2019, y en diciembre, de 25 %. Esas conclusiones fueron retomadas en discursos presidenciales.

Barbosa llega a esas conclusiones comparando los homicidios de líderes en el periodo más cercano a su declaración con los mismos meses del año anterior. Por ejemplo, el 17 de julio comparó los asesinatos de líderes entre el 7 agosto de 2017 y el 9 julio de 2018 (gobierno Santos) y entre el 7 agosto de 2018 y el 9 julio de 2019 (gobierno Duque). Y concluyó que, como en ese período de Santos hubo 105 homicidios, mientras que en el de Duque hubo 68, entonces hubo una reducción del 35 %.

Barbosa basa sus cifras en los informes de la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh), una fuente seria e independiente, por lo cual su tesis parece sólida. Pero no es así, pues Oacnudh distingue entre casos documentados, que son aquellos en que han verificado que es el asesinato de un líder social, y casos que están en ese proceso de verificación, que puede tomar varios meses. Barbosa compara entonces una cifra consolidada (los 105 homicidos del periodo Santos) con una provisional (los 68 del periodo Duque), pues en ese momento había unos 40 más en verificación y Barbosa lo sabía.

Es una grosera falta de transparencia que Barbosa no aclare que su conclusión es provisional. Pero la cosa es peor: Barbosa no corrige sus declaraciones una vez Oacnudh consolida sus cifras. Según información recibida, hoy la cifra para ese periodo de Duque no es 68, sino que supera los 90, con lo cual la reducción no es la que dijo Barbosa en julio de 2019, sino mucho menor. Pero Barbosa nunca corrigió ese punto, sino que hizo el mismo ejercicio acomodado en sus declaraciones de octubre y diciembre, a pesar de que varios le habíamos advertido de ese obvio “error” metodológico. Y le dijimos que era además un error mortal pues sus cifras hacían que el Gobierno mantuviera una política que no ha prevenido nuevos asesinatos de líderes.

Hay dos razones posibles de ese grosero error de Barbosa en el tema más grave del país: la matazón de líderes sociales. O no comprende la información que debe orientar la política criminal, o actúa de mala fe. Cualquiera de las dos razones lo hace no apto para ser fiscal general, de quien se espera que actúe de buena fe y comprenda la política criminal.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.