Algo de lo que se habla poco en Colombia es la forma como, en El Salvador, Bukele acabó en 2021 con la independencia judicial para aspirar a la reelección inmediata, a pesar de que esta se encuentra expresamente prohibida en la Constitución.
La victoria en las elecciones legislativas de febrero de 2021 le permitió a Bukele tener una cómoda mayoría (66 %) en la Asamblea Legislativa, la cual, recién posesionada, destituyó en mayo de 2021 a todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la equivalente a nuestra Corte Constitucional. Esta destitución fue totalmente arbitraria: no solo se hizo en forma colectiva y sin el mínimo debido proceso, sino que, además, no fue por faltas cometidas por esos magistrados sino porque a Bukele no le gustaban sus interpretaciones. En meses anteriores, esa Sala Constitucional había anulado varias medidas gubernamentales frente a la pandemia y Bukele dijo que, si fuera un dictador, hubiera fusilado a todos los magistrados. Finalmente no los ejecutó, pero logró su destitución.
La Asamblea Legislativa nombró entonces a los nuevos integrantes de la Sala Constitucional, todos cercanos al Gobierno. Pocos meses después, en septiembre, esta nueva Sala Constitucional le abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata de Bukele. Y lo hizo contrariando el texto constitucional, cuyo artículo 152 dice que no podrá ser “candidato a presidente” quien “haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”. Obviamente, si no puede ser candidato, tampoco puede ser presidente. Pero eso no es todo: la Constitución señala que es causa de pérdida de la ciudadanía “promover o apoyar la reelección” (art. 75) y que existe un deber de “insurrección” si se viola la norma de “alternancia en el ejercicio de la Presidencia”.
Esos textos constitucionales son tan claros que era doctrina constante y pacífica de la Sala Constitucional y de todos los constitucionalistas salvadoreños que la reelección inmediata estaba prohibida, como lo había reconocido el propio Bukele en entrevistas en años anteriores. Pero todo eso lo arrasó la nueva Sala Constitucional bukelista, con una argumentación tan absurda que es incluso difícil de entender. Basta decir que, según su tesis, en Colombia Petro podría aspirar a la reelección en 2026 pero no podría hacerlo Duque. Hágame el favor.
Bukele no se ha limitado a cooptar la Sala Constitucional, que es obviamente la joya de la corona, sino que también ha usado sus mayorías en la Asamblea para llenar la Corte Suprema con magistrados cercanos al Gobierno. Cooptado el Estado, este presidente se lanza a la reelección el año entrante. Y como es popular, por el apoyo de una ciudadanía agobiada por la violencia y por las maras, probablemente será reelegido, lo cual consolidará la destrucción del Estado de derecho salvadoreño.
Esta evolución ha tenido además consecuencias dramáticas, pues la destrucción de la independencia judicial ha sido el preludio para que Bukele lograra la adopción de un severo estado de excepción, que ha mantenido desde marzo de 2022 y que ha llevado a la detención, en la mayoría de los casos arbitrariamente, de unas 60.000 personas. Como si fuera poco, están hacinadas en cárceles en que reciben tratos crueles e inhumanos, como lo ha documentado Amnistía Internacional.
Esta saga de Bukele amerita ser conocida en Colombia porque hay ciertos sectores, especialmente en la derecha, que con razón critican severamente procesos semejantes de destrucción del Estado de derecho por Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, pero guardan silencio frente a este asalto a la democracia en El Salvador.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Algo de lo que se habla poco en Colombia es la forma como, en El Salvador, Bukele acabó en 2021 con la independencia judicial para aspirar a la reelección inmediata, a pesar de que esta se encuentra expresamente prohibida en la Constitución.
La victoria en las elecciones legislativas de febrero de 2021 le permitió a Bukele tener una cómoda mayoría (66 %) en la Asamblea Legislativa, la cual, recién posesionada, destituyó en mayo de 2021 a todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la equivalente a nuestra Corte Constitucional. Esta destitución fue totalmente arbitraria: no solo se hizo en forma colectiva y sin el mínimo debido proceso, sino que, además, no fue por faltas cometidas por esos magistrados sino porque a Bukele no le gustaban sus interpretaciones. En meses anteriores, esa Sala Constitucional había anulado varias medidas gubernamentales frente a la pandemia y Bukele dijo que, si fuera un dictador, hubiera fusilado a todos los magistrados. Finalmente no los ejecutó, pero logró su destitución.
La Asamblea Legislativa nombró entonces a los nuevos integrantes de la Sala Constitucional, todos cercanos al Gobierno. Pocos meses después, en septiembre, esta nueva Sala Constitucional le abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata de Bukele. Y lo hizo contrariando el texto constitucional, cuyo artículo 152 dice que no podrá ser “candidato a presidente” quien “haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”. Obviamente, si no puede ser candidato, tampoco puede ser presidente. Pero eso no es todo: la Constitución señala que es causa de pérdida de la ciudadanía “promover o apoyar la reelección” (art. 75) y que existe un deber de “insurrección” si se viola la norma de “alternancia en el ejercicio de la Presidencia”.
Esos textos constitucionales son tan claros que era doctrina constante y pacífica de la Sala Constitucional y de todos los constitucionalistas salvadoreños que la reelección inmediata estaba prohibida, como lo había reconocido el propio Bukele en entrevistas en años anteriores. Pero todo eso lo arrasó la nueva Sala Constitucional bukelista, con una argumentación tan absurda que es incluso difícil de entender. Basta decir que, según su tesis, en Colombia Petro podría aspirar a la reelección en 2026 pero no podría hacerlo Duque. Hágame el favor.
Bukele no se ha limitado a cooptar la Sala Constitucional, que es obviamente la joya de la corona, sino que también ha usado sus mayorías en la Asamblea para llenar la Corte Suprema con magistrados cercanos al Gobierno. Cooptado el Estado, este presidente se lanza a la reelección el año entrante. Y como es popular, por el apoyo de una ciudadanía agobiada por la violencia y por las maras, probablemente será reelegido, lo cual consolidará la destrucción del Estado de derecho salvadoreño.
Esta evolución ha tenido además consecuencias dramáticas, pues la destrucción de la independencia judicial ha sido el preludio para que Bukele lograra la adopción de un severo estado de excepción, que ha mantenido desde marzo de 2022 y que ha llevado a la detención, en la mayoría de los casos arbitrariamente, de unas 60.000 personas. Como si fuera poco, están hacinadas en cárceles en que reciben tratos crueles e inhumanos, como lo ha documentado Amnistía Internacional.
Esta saga de Bukele amerita ser conocida en Colombia porque hay ciertos sectores, especialmente en la derecha, que con razón critican severamente procesos semejantes de destrucción del Estado de derecho por Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, pero guardan silencio frente a este asalto a la democracia en El Salvador.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.