La reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro es un paso esencial para lograr el pacto fiscal que Colombia requiere para materializar la promesa de mayor igualdad formulada en nuestra Constitución.
Una constitución no es sólo una norma de especial jerarquía, es sobre todo un contrato social en que logramos los acuerdos fundamentales sobre las instituciones, los derechos de sus ciudadanos y los propósitos generales del Estado. Pero la garantía de los derechos y el funcionamiento de las instituciones no son gratis: cuestan mucho. Los pactos constituyentes deben entonces complementarse con un pacto fiscal, que permita lograr un sistema tributario compatible con los principios constitucionales.
Es absurdo, casi esquizofrénico, que un país adopte una constitución que prometa mayor igualdad, pero establezca o mantenga un sistema tributario que sea inequitativo y no permita recolectar suficientes recursos para cumplir esas promesas constitucionales.
Pues bien, Colombia ha vivido en estos 30 años esa esquizofrenia ya que la Constitución de 1991 es igualitaria, pero el sistema tributario ha sido ineficiente e inequitativo.
La Constitución le apuesta a la igualdad y a erradicar las exclusiones y discriminaciones, por medio de la adopción del Estado social de derecho y de su artículo 13 que dice explícitamente que las autoridades deben promover que “la igualdad sea real y efectiva”. Esa decisión se complementa con tres principios tributarios robustos: el artículo 363 que establece que el sistema tributario debe ser equitativo (paguen igual tributo quienes tengan igual capacidad de pago), progresivo (paguen mayores tarifas tributarias quienes sean más ricos) y eficiente (el recaudo sea efectivo, poco costoso y evite la evasión).
Al promulgarse la Constitución, el sistema tributario no era ni eficiente, ni equitativo ni progresivo, pero ni el gobierno Gaviria ni los posteriores adoptaron una reforma estructural que armonizara el estatuto tributario a los principios constitucionales. Es más, en estos 30 años la situación se agravó por el peso creciente del IVA y la introducción de muchos beneficios tributarios injustificados. Esto ha hecho aún más complejo e ineficiente el sistema tributario pues hay tal cantidad de excepciones tributarias que el recaudo y el control de la evasión se tornan más difíciles. Estos privilegios tributarios han acentuado además la inequidad y la regresividad del sistema tributario ya que han favorecido especialmente a los sectores de mayores ingresos.
Hoy las personas más ricas de Colombia pagan tarifas efectivas de impuesto iguales o menores a la clase media, lo cual explica que la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini) no se reduzca nada después de impuestos y transferencias. Y la evasión y elusión tributarios son enormes.
Nuestro sistema tributario colombiano es pésimo, viola los principios constitucionales y es uno de los factores más importantes de la persistencia de la desigualdad. Por eso, hace dos años, Dejusticia, junto con prestigiosos economistas y constitucionalistas, demandamos el estatuto tributario a fin de que la Corte le estableciera un plazo al Congreso para que lo ajustara a los principios constitucionales. Con argumentos discutibles, la Corte rechazó esa demanda, pero hoy, en cierta forma, el gobierno Petro asume esa tarea pues la esencia de su reforma es un incremento del recaudo a través de la reducción de los privilegios tributarios y una mayor tributación al 2 % de mayor ingreso. Si se aprueba, con los ajustes razonables que surjan del debate social y parlamentario, lograríamos un sistema tributario más simple, eficiente y realmente progresivo, como lo exige la Constitución.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.