Una Asamblea Constituyente (AC) puede servir para salir de crisis difíciles, si logra que las principales fuerzas sociales y políticas alcancen un pacto sobre unos principios y unas reglas de juego para tramitar pacíficamente los conflictos.
Los ejemplos exitosos son muchos: la AC italiana, que dio lugar a la Carta de 1947, que aún perdura; la AC española, que permitió la transición del franquismo a la democracia, o nuestra AC de 1991, que en una coyuntura dramática promulgó una Constitución de consenso, que sigue contando con amplio respaldo. Pero la AC convocada por Maduro no tiene esa virtud, pues no busca un pacto entre las fuerzas enfrentadas sino que pretende aplastar a la oposición, por un mecanismo antidemocrático, que es además un fraude a la Constitución.
Esa AC es antidemocrática, pues un tercio de los constituyentes no será elegido por voto popular y secreto, como corresponde en las democracias, sino por “sectores sociales”, en donde predominan las organizaciones maduristas. Los otros dos tercios son electos popularmente, pero con reglas amañadas: aquellas regiones dominadas por el madurismo tendrán, proporcionalmente a su población, más representantes que aquellas zonas en donde la oposición es fuerte. No habría ninguna sorpresa: sería una AC dominada por Maduro, a pesar de que Maduro no ganaría hoy ninguna elección popular, y por ello suspendió las elecciones regionales, que debieron ocurrir hace meses.
Esa AC es además un fraude a la Constitución. Maduro elude los procedimientos normales de “enmienda” o “reforma” constitucional, pues tendría que pasar por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Y por ello recurre a un procedimiento extraordinario, que es la AC. Pero el presidente no puede convocarla directamente, sino que tan sólo tiene la iniciativa para comenzar el proceso. La convocatoria misma de la AC corresponde al pueblo, según el artículo 347 del texto venezolano, y por ello la ciudadanía debe aprobar, por un referendo o algún mecanismo semejante, la convocatoria y la composición de la AC. Pero Maduro desconoció esa exigencia, para lo cual contó con el aval de su sumisa y vergonzosa Sala Constitucional. Y ahora, para maquillar un poco la cosa, anuncia que la nueva Constitución sería sometida a referendo. Pero es una distracción: la AC, una vez electa, es soberana y puede tomar la decisión que quiera al respecto.
La mayor paradoja es que esta AC es además doblemente antichavista: primero, porque acabaría con la Constitución de 1999, que es el principal legado de Chávez. Y segundo, porque distorsiona a Chávez, quien defendió que las constituciones se legitimaban por voto democrático directo. Y por ello no sólo la convocatoria de la AC de 1999 fue aprobada por referendo, sino que sus representantes fueron electos populares y el texto final también fue aprobado por referendo. Todo eso lo desconoce Maduro.
La comunidad internacional e incluso el chavismo auténtico deben oponerse a esta inmadura AC, que agravaría la crisis venezolana y destruiría lo poco que queda de democracia en ese país.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny
Una Asamblea Constituyente (AC) puede servir para salir de crisis difíciles, si logra que las principales fuerzas sociales y políticas alcancen un pacto sobre unos principios y unas reglas de juego para tramitar pacíficamente los conflictos.
Los ejemplos exitosos son muchos: la AC italiana, que dio lugar a la Carta de 1947, que aún perdura; la AC española, que permitió la transición del franquismo a la democracia, o nuestra AC de 1991, que en una coyuntura dramática promulgó una Constitución de consenso, que sigue contando con amplio respaldo. Pero la AC convocada por Maduro no tiene esa virtud, pues no busca un pacto entre las fuerzas enfrentadas sino que pretende aplastar a la oposición, por un mecanismo antidemocrático, que es además un fraude a la Constitución.
Esa AC es antidemocrática, pues un tercio de los constituyentes no será elegido por voto popular y secreto, como corresponde en las democracias, sino por “sectores sociales”, en donde predominan las organizaciones maduristas. Los otros dos tercios son electos popularmente, pero con reglas amañadas: aquellas regiones dominadas por el madurismo tendrán, proporcionalmente a su población, más representantes que aquellas zonas en donde la oposición es fuerte. No habría ninguna sorpresa: sería una AC dominada por Maduro, a pesar de que Maduro no ganaría hoy ninguna elección popular, y por ello suspendió las elecciones regionales, que debieron ocurrir hace meses.
Esa AC es además un fraude a la Constitución. Maduro elude los procedimientos normales de “enmienda” o “reforma” constitucional, pues tendría que pasar por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Y por ello recurre a un procedimiento extraordinario, que es la AC. Pero el presidente no puede convocarla directamente, sino que tan sólo tiene la iniciativa para comenzar el proceso. La convocatoria misma de la AC corresponde al pueblo, según el artículo 347 del texto venezolano, y por ello la ciudadanía debe aprobar, por un referendo o algún mecanismo semejante, la convocatoria y la composición de la AC. Pero Maduro desconoció esa exigencia, para lo cual contó con el aval de su sumisa y vergonzosa Sala Constitucional. Y ahora, para maquillar un poco la cosa, anuncia que la nueva Constitución sería sometida a referendo. Pero es una distracción: la AC, una vez electa, es soberana y puede tomar la decisión que quiera al respecto.
La mayor paradoja es que esta AC es además doblemente antichavista: primero, porque acabaría con la Constitución de 1999, que es el principal legado de Chávez. Y segundo, porque distorsiona a Chávez, quien defendió que las constituciones se legitimaban por voto democrático directo. Y por ello no sólo la convocatoria de la AC de 1999 fue aprobada por referendo, sino que sus representantes fueron electos populares y el texto final también fue aprobado por referendo. Todo eso lo desconoce Maduro.
La comunidad internacional e incluso el chavismo auténtico deben oponerse a esta inmadura AC, que agravaría la crisis venezolana y destruiría lo poco que queda de democracia en ese país.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny