Contrato social y sistema tributario

¿Quiere saber qué tipo de contrato social tiene efectivamente un determinado país? Tal vez le sea más útil estudiar las características efectivas de su sistema tributario que las grandes declaraciones de principios incorporadas en su Constitución. Si ese país tiene una Constitución que dice que es una nación democrática basada en la igualdad, pero su sistema tributario está lleno de privilegios tributarios, que perpetúan o acentúan las desigualdades sociales, entonces ese país no es democrático, sino una sociedad estamentaria fundada en favores y privilegios.

Por eso es tan importante la discusión sobre las exenciones fiscales, que a muchos lectores puede parecerles aburrida y oscura, pero que toca un principio esencial de una sociedad democrática: la igualdad.

Una exención, por ponerlo en forma simple, es cuando la ley tributaria establece que ciertas personas, empresas o grupos sociales no tienen que pagar un impuesto al que en principio están obligados o pagan una tarifa reducida. Por ejemplo, las empresas en las zonas francas pagan un impuesto a la renta menor que otras empresas que realizan actividades semejantes.

Es posible que algunas exenciones estén justificadas porque estimulan una actividad benéfica, como podría ser un IVA menor a los carros eléctricos frente a los carros de gasolina o diésel, pues las razones ambientales son claras. Pero lo cierto es que el sistema tributario colombiano está plagado de exenciones tributarias que no han sido evaluadas y la mayoría no parecen justificadas, sino que resultan de decisiones alegres del Gobierno y del Congreso o del lobby de poderosos grupos de interés. No conozco, por ejemplo, ningún economista serio que defienda las exenciones de las zonas francas.

Estos privilegios tributarios tienen costos fiscales enormes, pues implican una reducción considerable de los ingresos estatales potenciales. Kalmanovitz señaló en una columna que estos privilegios tributarios alcanzaron $72 billones en 2016, equivalentes al 8,4 % del PIB. Pero no solo eso: esos privilegios violan el principio de igualdad tributaria, pues algunas personas no pagan los tributos que deberían, con lo cual aumentan la carga fiscal de quienes no gozan de esos beneficios tributarios. Y así llegamos a la triste situación colombiana: algunos se quejan con razón de que la carga fiscal es excesiva, cuando en realidad la presión fiscal en Colombia (porcentaje de impuestos frente al PIB) es baja comparativamente a países de desarrollo semejante. El misterio se explica porque quienes no gozan de exenciones tributarias tienen que pagar muchos impuestos para financiar las exenciones de los privilegiados.

Las exenciones facilitan también la elusión y la evasión tributaria, pues el estatuto tributario se vuelve extremadamente complejo, lo cual dificulta muchísimo la labor de la DIAN. Y por si fuera poco, toda esta situación afecta la propia economía de mercado, pues el éxito de una empresa no depende en muchos casos de su eficiencia productiva, sino de su cabildeo para obtener beneficios tributarios.

La reforma de Duque no solo no enfrentó seriamente el problema de las exenciones fiscales existentes, sino que lo agravó, pues, como lo mostraron con claridad economistas como Leopoldo Fergusson, creó nuevas exenciones, sin justificaciones claras, que pueden costar unos $9 billones, con lo cual tenemos ahora un sistema tributario aun más inequitativo e ineficiente que el que existía antes. Ese fue el regalo tributario de Navidad del gobierno Duque, que no fue para el colombiano de a pie, sino para algunos privilegiados.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.