Es prácticamente imposible reducir las desigualdades económicas fuertes sin un sistema tributario progresivo, que cobre tarifas efectivas más altas a quienes más ingresos y patrimonio tengan. Una sociedad verdaderamente democrática tiene entonces que fundarse en un pacto fiscal que permita un sistema tributario redistributivo.
Una comparación entre Colombia y algunos países europeos, como Austria, Alemania o Finlandia, confirma esa tesis. Si usamos el coeficiente de Gini, que varía entre 0 (igualdad total) y 1 (desigualdad total), esos países y Colombia tienen antes de impuestos una desigualdad en ingresos superior a 0,5, que es alta. Después de impuestos la situación varía radicalmente, pues en esos tres países el Gini desciende a menos de 0,3, lo cual hace de ellos países igualitarios. En cambio, en Colombia, la desigualdad no se reduce después de impuestos, lo cual, junto con otras razones, hace del país uno de los más desiguales del mundo.
Dos factores explican esa situación: primero, un peso muy grande en los ingresos tributarios de los impuestos indirectos, como el IVA, que no suelen ser progresivos; segundo, en los impuestos directos, como el de la renta, los más pudientes no pagan las tarifas más altas.
Lo primero es conocido, pero lo segundo puede sorprender, pues en principio en Colombia las tarifas nominales del impuesto a la renta son progresivas. El misterio está en la cantidad de privilegios tributarios, como exenciones, que hacen que los más ricos paguen tarifas efectivas más bajas que personas de menores ingresos.
Esa regresividad fue calculada por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en su libro Las desigualdades en Colombia, en donde muestran que los ricos y los superricos (quienes pertenecen respectivamente al 1 y al 0,1 % más rico de la población) pagan tarifas efectivas menores que personas de ingresos más bajos. Un trabajo previo de 2014 de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño había llegado a la misma conclusión.
El sistema tributario colombiano viola desde hace décadas el principio constitucional de progresividad. Por eso, algunos de los mejores economistas y constitucionalistas del país, junto con Dejusticia, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario, porque necesitamos un pacto fiscal que permita la adopción de un estatuto tributario progresivo para lograr una sociedad más democrática y más justa.
Obviamente no pretendemos que Colombia se quede sin impuestos, lo cual sería una catástrofe, o que la Corte corrija las inequidades del Estatuto Tributario, pues esa labor corresponde al Congreso. Pedimos entonces a la Corte que aplace por dos años, prorrogables a cuatro, los efectos de la eventual declaratoria de inconstitucionalidad, con el fin de que en ese período el Congreso, en el marco de un gran debate nacional, adopte un estatuto tributario progresivo.
Algunos podrían objetar que esta demanda no es oportuna por la pandemia. Pero no lo creemos. Los debates más importantes sobre la pandemia están vinculados al problema esencial planteado por la demanda, que es la falta de progresividad del Estatuto Tributario, que impide recolectar, con criterios de equidad y justicia, recursos suficientes para enfrentar los gastos extraordinarios asociados con la pandemia. La corrección de la injusticia del sistema tributario, por medio de un nuevo pacto fiscal, nos permitiría financiar en forma más justa y sostenible los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia sin cargar el peso sobre la clase media. Y nos permitiría también salir de esta crisis como una sociedad más democrática y menos desigual.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Es prácticamente imposible reducir las desigualdades económicas fuertes sin un sistema tributario progresivo, que cobre tarifas efectivas más altas a quienes más ingresos y patrimonio tengan. Una sociedad verdaderamente democrática tiene entonces que fundarse en un pacto fiscal que permita un sistema tributario redistributivo.
Una comparación entre Colombia y algunos países europeos, como Austria, Alemania o Finlandia, confirma esa tesis. Si usamos el coeficiente de Gini, que varía entre 0 (igualdad total) y 1 (desigualdad total), esos países y Colombia tienen antes de impuestos una desigualdad en ingresos superior a 0,5, que es alta. Después de impuestos la situación varía radicalmente, pues en esos tres países el Gini desciende a menos de 0,3, lo cual hace de ellos países igualitarios. En cambio, en Colombia, la desigualdad no se reduce después de impuestos, lo cual, junto con otras razones, hace del país uno de los más desiguales del mundo.
Dos factores explican esa situación: primero, un peso muy grande en los ingresos tributarios de los impuestos indirectos, como el IVA, que no suelen ser progresivos; segundo, en los impuestos directos, como el de la renta, los más pudientes no pagan las tarifas más altas.
Lo primero es conocido, pero lo segundo puede sorprender, pues en principio en Colombia las tarifas nominales del impuesto a la renta son progresivas. El misterio está en la cantidad de privilegios tributarios, como exenciones, que hacen que los más ricos paguen tarifas efectivas más bajas que personas de menores ingresos.
Esa regresividad fue calculada por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en su libro Las desigualdades en Colombia, en donde muestran que los ricos y los superricos (quienes pertenecen respectivamente al 1 y al 0,1 % más rico de la población) pagan tarifas efectivas menores que personas de ingresos más bajos. Un trabajo previo de 2014 de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño había llegado a la misma conclusión.
El sistema tributario colombiano viola desde hace décadas el principio constitucional de progresividad. Por eso, algunos de los mejores economistas y constitucionalistas del país, junto con Dejusticia, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario, porque necesitamos un pacto fiscal que permita la adopción de un estatuto tributario progresivo para lograr una sociedad más democrática y más justa.
Obviamente no pretendemos que Colombia se quede sin impuestos, lo cual sería una catástrofe, o que la Corte corrija las inequidades del Estatuto Tributario, pues esa labor corresponde al Congreso. Pedimos entonces a la Corte que aplace por dos años, prorrogables a cuatro, los efectos de la eventual declaratoria de inconstitucionalidad, con el fin de que en ese período el Congreso, en el marco de un gran debate nacional, adopte un estatuto tributario progresivo.
Algunos podrían objetar que esta demanda no es oportuna por la pandemia. Pero no lo creemos. Los debates más importantes sobre la pandemia están vinculados al problema esencial planteado por la demanda, que es la falta de progresividad del Estatuto Tributario, que impide recolectar, con criterios de equidad y justicia, recursos suficientes para enfrentar los gastos extraordinarios asociados con la pandemia. La corrección de la injusticia del sistema tributario, por medio de un nuevo pacto fiscal, nos permitiría financiar en forma más justa y sostenible los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia sin cargar el peso sobre la clase media. Y nos permitiría también salir de esta crisis como una sociedad más democrática y menos desigual.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.