Algunos de los opositores al Acuerdo de Paz han iniciado una campaña de desprestigio contra uno de sus elementos cruciales, que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Su propósito es convencer a la opinión de que la JEP sería un tribunal inquisitorial, tomado por izquierdistas cercanos a la guerrilla o al terrorismo, que otorgaría impunidad a las Farc y perseguiría severamente a militares, empresarios y políticos de derecha.
Estos críticos se han dedicado en las últimas semanas a minar la legitimidad del Comité de Selección (CS) de los magistrados de la JEP, argumentando que sus miembros serían izquierdistas cercanos a grupos terroristas, por lo cual toda la JEP será sesgada. Y para lograr esa finalidad, estos críticos han mentido, o han omitido hechos esenciales, o los han distorsionado.
No puedo, por limitaciones de espacio, desmontar todas esas falsedades, por lo que me limito a ejemplificarla con uno de sus cinco integrantes, el español Álvaro Gil-Robles, a quien Plinio Apuleyo Mendoza, en su columna del 17 de marzo, llamó “condescendiente con Eta”, que habría pasado por alto sus acciones terroristas, por lo que sería normal que viera a las “Farc como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película”. Pero eso es falso.
Primero, Apuleyo olvida mencionar que Gil-Robles fue nominado al CS por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una de las cortes internacionales más prestigiosas del mundo, que nadie razonable cree que sea cercana al terrorismo. Y menos piensa que ese tribunal se prestaría a hacerles el juego a las Farc, nombrando en el CS a alguien que les fuera cercano.
Segundo, Apuleyo ignora olímpicamente la propia trayectoria de Gil-Robles y sus reiteradas condenas de las acciones de Eta. Pongo un solo ejemplo: cuando fue comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Gil-Robles publicó el 9 de marzo de 2001 un informe sobre su visita al País Vasco. Y en la página cuatro de ese informe, disponible en la web, señala que una de las causas principales de la violación de derechos humanos de los vascos es “la acción directa de la banda terrorista Eta”. Y agrega que “no cabe duda de que la acción de Eta atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre —el derecho a la vida— y también a la libertad y a la seguridad de las personas (los secuestros criminales son verdaderos actos de tortura para las víctimas, sus familiares y sus amigos), a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación”. ¡Qué condescendencia con Eta!
Calumnias similares han sufrido los otros miembros del CS.
Los opositores al Acuerdo de Paz, y específicamente a la JEP, tienen todo el derecho de criticarla. Pero lo que no tienen derecho es a mentir para engañar a la opinión pública.
(Para evitar equívocos y por transparencia, reitero, como ya lo dije públicamente, que por distintas razones no pienso aspirar a la JEP y que desde hace años conozco y soy cercano a algunos de los integrantes del CS).
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Algunos de los opositores al Acuerdo de Paz han iniciado una campaña de desprestigio contra uno de sus elementos cruciales, que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Su propósito es convencer a la opinión de que la JEP sería un tribunal inquisitorial, tomado por izquierdistas cercanos a la guerrilla o al terrorismo, que otorgaría impunidad a las Farc y perseguiría severamente a militares, empresarios y políticos de derecha.
Estos críticos se han dedicado en las últimas semanas a minar la legitimidad del Comité de Selección (CS) de los magistrados de la JEP, argumentando que sus miembros serían izquierdistas cercanos a grupos terroristas, por lo cual toda la JEP será sesgada. Y para lograr esa finalidad, estos críticos han mentido, o han omitido hechos esenciales, o los han distorsionado.
No puedo, por limitaciones de espacio, desmontar todas esas falsedades, por lo que me limito a ejemplificarla con uno de sus cinco integrantes, el español Álvaro Gil-Robles, a quien Plinio Apuleyo Mendoza, en su columna del 17 de marzo, llamó “condescendiente con Eta”, que habría pasado por alto sus acciones terroristas, por lo que sería normal que viera a las “Farc como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película”. Pero eso es falso.
Primero, Apuleyo olvida mencionar que Gil-Robles fue nominado al CS por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una de las cortes internacionales más prestigiosas del mundo, que nadie razonable cree que sea cercana al terrorismo. Y menos piensa que ese tribunal se prestaría a hacerles el juego a las Farc, nombrando en el CS a alguien que les fuera cercano.
Segundo, Apuleyo ignora olímpicamente la propia trayectoria de Gil-Robles y sus reiteradas condenas de las acciones de Eta. Pongo un solo ejemplo: cuando fue comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Gil-Robles publicó el 9 de marzo de 2001 un informe sobre su visita al País Vasco. Y en la página cuatro de ese informe, disponible en la web, señala que una de las causas principales de la violación de derechos humanos de los vascos es “la acción directa de la banda terrorista Eta”. Y agrega que “no cabe duda de que la acción de Eta atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre —el derecho a la vida— y también a la libertad y a la seguridad de las personas (los secuestros criminales son verdaderos actos de tortura para las víctimas, sus familiares y sus amigos), a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación”. ¡Qué condescendencia con Eta!
Calumnias similares han sufrido los otros miembros del CS.
Los opositores al Acuerdo de Paz, y específicamente a la JEP, tienen todo el derecho de criticarla. Pero lo que no tienen derecho es a mentir para engañar a la opinión pública.
(Para evitar equívocos y por transparencia, reitero, como ya lo dije públicamente, que por distintas razones no pienso aspirar a la JEP y que desde hace años conozco y soy cercano a algunos de los integrantes del CS).
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.