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La independencia judicial, que es un presupuesto esencial de la democracia, está siendo atacada por gobiernos populares elegidos democráticamente, con los cual enfrentamos esa dura paradoja que es el llamado “constitucionalismo abusivo”, según la afortunada expresión del profesor estadounidense David Landau: el uso de formas aparentemente constitucionales para erosionar, con apoyo ciudadano, la existencia de la democracia. Los dos ejemplos recientes más significativos de este constitucionalismo abusivo y ataque populista a la independencia judicial en América Latina son México y El Salvador.
En México, el gobierno de AMLO, después de una clara victoria electoral, logró en pocas semanas una reforma del poder judicial que pone en gravísimo riesgo la independencia judicial, como lo han denunciado respetables organizaciones como Human Rigths Watch y la Relatora de Independencia judicial de Naciones Unidas, y como lo han analizado las colegas de Dejusticia, Ceballos y Giraldo. Espero escribir más detalladamente sobre los peligros de esta reforma, que en esencia plantea la elección popular de los jueces, lo cual suena democrático, pero es problemático puesto que este proceso no garantiza ni idoneidad ni independencia de los jueces. Pero eso no es todo: ese mecanismo acaba la carrera judicial en México, que no era maravillosa, pero estaba mejorando; implica la cesación de todos los jueces federales en sus cargos, lo cual viola el principio de inamovilidad judicial, según el cual un juez no puede ser removido, antes de que termine su período, salvo que haya cometido una falta comprobada. Y esta reforma facilita la infiltración del crimen organizado en el poder judicial.
En el Salvador, como lo expliqué en una columna previa, Bukele, luego de una victoria legislativa en 2021, logró que la asamblea destituyera a todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, equivalente a nuestra Corte Constitucional. Fue una destitución arbitraria: no solo se hizo en forma colectiva sin debido proceso, sino que, además, no fue por faltas cometidas por esos magistrados sino porque a Bukele no le gustaban sus interpretaciones. La Asamblea Legislativa nombró entonces a los nuevos integrantes de la Sala Constitucional, todos cercanos al Gobierno. Pocos meses después, esta nueva Sala Constitucional, contrariando el claro texto constitucional que prohíbe la reelección inmediata, y en una interpretación absurda, le abrió la puerta a la reelección de Bukele, quien no se ha limitado a cooptar la Sala Constitucional, sino que también ha usado sus mayorías en la Asamblea para llenar la Corte Suprema con magistrados cercanos al Gobierno.
Estos ataques a la independencia judicial deberían ser condenados por todos los que decimos defender la democracia. Pero no es así: como Bukele es de derecha, entonces muy pocos en la derecha han criticado su cooptación del poder judicial; y como AMLO es de izquierda, no tantos en la izquierda han criticado su desastrosa reforma judicial.
Un ejemplo extremo de este doble estándar, que es más grave por su cargo, fueron las consideraciones hace pocos días de Carlos Bernal, el integrante colombiano de la CIDH. Bernal, en una audiencia sobre México, criticó severamente la reforma de AMLO como un caso de manual de constitucionalismo abusivo. Eso estuvo bien y comparto su visión. El problema es que unas horas antes, en una audiencia sobre El Salvador, negó que el caso salvadoreño pudiera tener cualquier rasgo de constitucionalismo abusivo. ¡Hágame el favor!
Estos dobles estándares son graves porque facilitan los ataques populistas a la independencia judicial, que debemos defender (sin perjuicio de que seamos críticos frente a los abusos judiciales) si queremos preservar la democracia.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.