No es fácil asumir una posición ética frente a los desarrollos recientes del conflicto palestino-israelí, por cuanto es una situación compleja que despierta, además, emociones intensas por los terribles sufrimientos que han padecido las poblaciones de Gaza e Israel. Creo, sin embargo, que es posible llegar a una posición clara, equilibrada y robusta, si uno toma en serio los principios del derecho internacional humanitario (DIH), que establecen que incluso en la guerra existen límites.
Esos principios son básicamente dos: el de distinción, conforme al cual las acciones bélicas deben ser dirigidas únicamente contra objetivos militares, por lo cual no puede atacarse a la población civil, y el de proporcionalidad, que establece que incluso un ataque contra un objetivo militar debe evitarse si puede ocasionar muertos o heridos entre la población civil, o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
En tal contexto, Hamás violó flagrantemente el DIH y cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues su ataque fue dirigido esencialmente contra la población civil: unos 1.400 civiles fueron asesinados y unos 200 fueron tomados como rehenes. Este ataque terrorista debe ser condenado incluso por aquellos que puedan defender la legitimidad de la lucha armada de Hamás al considerar que expresa un derecho de resistencia palestino contra la ocupación israelí, que de todas formas es una tesis discutible por cuanto no es claro que Hamás sea el representante del pueblo palestino.
Por su parte, el Gobierno de Israel debe no solo proteger a su población sino que puede reaccionar militarmente contra Hamás por el ataque sufrido. Es el derecho de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, esa reacción militar debe respetar el DIH. Y el Gobierno de Netanyahu, uno de los más autoritarios y fundamentalistas que haya tenido Israel, no lo ha respetado. Ha sometido a Gaza a cortes de agua, electricidad, alimentos y combustible. Esto no es una acción de guerra contra Hamás sino un castigo a la población civil, integrada mayoritariamente por niños, lo cual viola el principio de distinción y es un crimen de guerra. Además, sus bombardeos masivos ya han ocasionado más de 4.000 muertes, sin que sean claros los propósitos y ventajas militares concretos buscados por Israel; estos bombardeos han desconocido el principio de proporcionalidad y posiblemente el de distinción, pues han adquirido el carácter de ataques indiscriminados contra la población de Gaza.
El DIH permite condenar inequívocamente tanto el ataque terrorista de Hamás como la respuesta violatoria del DIH y los crímenes de guerra de Israel. Debería llevarnos igualmente a solidarizarnos con las víctimas tanto en Israel como en Gaza y a exigir, en el corto plazo, como lo hicieron el 12 de octubre varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, la liberación de los rehenes por Hamás y el fin del bloqueo a Gaza y de los bombardeos indiscriminados por Israel. Esto podría facilitar un cese al fuego y que, en el mediano plazo (tengo claro que peco de optimismo), volvamos a la búsqueda de la paz en la región.
Lamento que el presidente Petro no se haya anclado en estos sólidos principios humanitarios, que le hubieran permitido solidarizarse con todas las víctimas y condenar inequívocamente tanto el terrorismo de Hamás como las violaciones al DIH de Netanyahu. Un pronunciamiento así, semejante al hecho por otros gobernantes de izquierda, como Boric, hubiera logrado un mayor consenso interno y le hubiera dado respetabilidad internacional a Petro para eventualmente incidir en este conflicto. Pero prefirió el desenfreno de Twitter.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
No es fácil asumir una posición ética frente a los desarrollos recientes del conflicto palestino-israelí, por cuanto es una situación compleja que despierta, además, emociones intensas por los terribles sufrimientos que han padecido las poblaciones de Gaza e Israel. Creo, sin embargo, que es posible llegar a una posición clara, equilibrada y robusta, si uno toma en serio los principios del derecho internacional humanitario (DIH), que establecen que incluso en la guerra existen límites.
Esos principios son básicamente dos: el de distinción, conforme al cual las acciones bélicas deben ser dirigidas únicamente contra objetivos militares, por lo cual no puede atacarse a la población civil, y el de proporcionalidad, que establece que incluso un ataque contra un objetivo militar debe evitarse si puede ocasionar muertos o heridos entre la población civil, o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
En tal contexto, Hamás violó flagrantemente el DIH y cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues su ataque fue dirigido esencialmente contra la población civil: unos 1.400 civiles fueron asesinados y unos 200 fueron tomados como rehenes. Este ataque terrorista debe ser condenado incluso por aquellos que puedan defender la legitimidad de la lucha armada de Hamás al considerar que expresa un derecho de resistencia palestino contra la ocupación israelí, que de todas formas es una tesis discutible por cuanto no es claro que Hamás sea el representante del pueblo palestino.
Por su parte, el Gobierno de Israel debe no solo proteger a su población sino que puede reaccionar militarmente contra Hamás por el ataque sufrido. Es el derecho de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, esa reacción militar debe respetar el DIH. Y el Gobierno de Netanyahu, uno de los más autoritarios y fundamentalistas que haya tenido Israel, no lo ha respetado. Ha sometido a Gaza a cortes de agua, electricidad, alimentos y combustible. Esto no es una acción de guerra contra Hamás sino un castigo a la población civil, integrada mayoritariamente por niños, lo cual viola el principio de distinción y es un crimen de guerra. Además, sus bombardeos masivos ya han ocasionado más de 4.000 muertes, sin que sean claros los propósitos y ventajas militares concretos buscados por Israel; estos bombardeos han desconocido el principio de proporcionalidad y posiblemente el de distinción, pues han adquirido el carácter de ataques indiscriminados contra la población de Gaza.
El DIH permite condenar inequívocamente tanto el ataque terrorista de Hamás como la respuesta violatoria del DIH y los crímenes de guerra de Israel. Debería llevarnos igualmente a solidarizarnos con las víctimas tanto en Israel como en Gaza y a exigir, en el corto plazo, como lo hicieron el 12 de octubre varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, la liberación de los rehenes por Hamás y el fin del bloqueo a Gaza y de los bombardeos indiscriminados por Israel. Esto podría facilitar un cese al fuego y que, en el mediano plazo (tengo claro que peco de optimismo), volvamos a la búsqueda de la paz en la región.
Lamento que el presidente Petro no se haya anclado en estos sólidos principios humanitarios, que le hubieran permitido solidarizarse con todas las víctimas y condenar inequívocamente tanto el terrorismo de Hamás como las violaciones al DIH de Netanyahu. Un pronunciamiento así, semejante al hecho por otros gobernantes de izquierda, como Boric, hubiera logrado un mayor consenso interno y le hubiera dado respetabilidad internacional a Petro para eventualmente incidir en este conflicto. Pero prefirió el desenfreno de Twitter.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.