La suspensión del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por la Procuraduría ilustra un problema muy serio con los organismos de control: su tendencia a coadministrar y desconocer que el gobierno corresponde a los jefes de las entidades ejecutivas, quienes gozan de una cierta discrecionalidad o libertad para enfrentar problemas complejos.
La SAE recibió una gran parte de las acciones de la lucrativa empresa de servicios públicos de Barranquilla (la llamada Triple A), que fueron incautadas en un proceso de extinción de dominio. En noviembre de 2021, por un mecanismo expedito llamado “enajenación...
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