AYER, 30 DE AGOSTO, FUE EL "DÍA INternacional del Detenido Desaparecido".
Esta conmemoración se realiza desde hace muchos años, por iniciativa de Fedefam (la “Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos”), con el fin sensibilizar a la opinión pública sobre el drama de la desaparición forzada en el mundo.
Es posible que la mayoría de los colombianos no se hayan enterado de esa conmemoración, como si ese terrible crimen poco tuviera que ver con nosotros. Pero en realidad en Colombia han ocurrido decenas de miles de desapariciones forzadas, realizadas sobre todo por grupos paramilitares y agentes estatales. No tenemos cifras exactas, precisamente porque ni siquiera hemos sido capaces como sociedad de establecer la verdad sobre la magnitud del fenómeno. Existen, sin embargo, algunas aproximaciones y son dramáticas: un documento oficial, el Conpes 3590 de 2009, menciona 27.000 casos incorporados en el Registro Nacional de Desaparecidos. Algunas evaluaciones de la Fiscalía hablan de 50.000 desapariciones, una cifra mayor que el total de desapariciones perpetradas por las dictaduras del cono sur. Y el fenómeno continúa.
La dimensión de la desaparición forzada en Colombia es tan escandalosa que debería haber producido movilizaciones ciudadanas masivas para exigir el castigo a los responsables y el esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos. Sin embargo, no ha sido así.
Ha habido protestas sociales, a veces importantes, contra la desaparición. Algunos funcionarios han realizado labores audaces para evitar la impunidad de algunos casos. Las organizaciones colombianas de familiares de desaparecidos han creado con enorme valor redes de apoyo mutuo y de denuncia pública. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, en general los familiares de los desaparecidos han tenido que enfrentar solitariamente su angustia y su dolor infinitos, debido a la indiferencia o incluso hostilidad de las autoridades y de muchos colombianos.
Si a lo anterior sumamos los problemas técnicos y de falta de recursos en las labores de exhumación y de investigación de las desapariciones, no podemos extrañarnos que la impunidad de este crimen sea enorme.
El nuevo gobierno debería entonces dar pasos decididos para superar la impunidad y la indolencia social frente a la desaparición forzada. Debería, por ejemplo, acoger muchas recomendaciones hechas por organismos especializados, las cuales ayudarían a enfrentar las carencias técnicas en la investigación de estos crímenes. Debería, igualmente, impulsar la ratificación de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, aprobada por las Naciones Unidas en 2005.
Es cierto que Colombia ya cuenta con un marco normativo bastante sofisticado para enfrentar la desaparición forzada; la impunidad no ha sido entonces un problema esencialmente jurídico, sino primariamente técnico y de falta de recursos y voluntad política. La ratificación de la nueva convención es sin embargo útil, pues fortalece las herramientas jurídicas, y su apoyo vigoroso por el presidente Santos expresaría públicamente un compromiso gubernamental para combatir este crimen, que ayudaría a formar la voluntad política necesaria para enfrentarlo eficazmente.
~~~
La prematura muerte el pasado 22 de agosto de Jorge Bernal es una pérdida muy dura y dolorosa para Colombia y en especial para Medellín y la Corporación Región. Jorge fue uno de los fundadores de Región y supo combinar el rigor académico con la lucha por la democracia y contra la exclusión social y la desigualdad. Así se llama incluso su último trabajo. Nuestro abrazo solidario en estos difíciles momentos para sus familiares y amigos, así como para todos los colegas de Región.
* Director del Centro de Estudio “DeJuSticia” (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
AYER, 30 DE AGOSTO, FUE EL "DÍA INternacional del Detenido Desaparecido".
Esta conmemoración se realiza desde hace muchos años, por iniciativa de Fedefam (la “Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos”), con el fin sensibilizar a la opinión pública sobre el drama de la desaparición forzada en el mundo.
Es posible que la mayoría de los colombianos no se hayan enterado de esa conmemoración, como si ese terrible crimen poco tuviera que ver con nosotros. Pero en realidad en Colombia han ocurrido decenas de miles de desapariciones forzadas, realizadas sobre todo por grupos paramilitares y agentes estatales. No tenemos cifras exactas, precisamente porque ni siquiera hemos sido capaces como sociedad de establecer la verdad sobre la magnitud del fenómeno. Existen, sin embargo, algunas aproximaciones y son dramáticas: un documento oficial, el Conpes 3590 de 2009, menciona 27.000 casos incorporados en el Registro Nacional de Desaparecidos. Algunas evaluaciones de la Fiscalía hablan de 50.000 desapariciones, una cifra mayor que el total de desapariciones perpetradas por las dictaduras del cono sur. Y el fenómeno continúa.
La dimensión de la desaparición forzada en Colombia es tan escandalosa que debería haber producido movilizaciones ciudadanas masivas para exigir el castigo a los responsables y el esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos. Sin embargo, no ha sido así.
Ha habido protestas sociales, a veces importantes, contra la desaparición. Algunos funcionarios han realizado labores audaces para evitar la impunidad de algunos casos. Las organizaciones colombianas de familiares de desaparecidos han creado con enorme valor redes de apoyo mutuo y de denuncia pública. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, en general los familiares de los desaparecidos han tenido que enfrentar solitariamente su angustia y su dolor infinitos, debido a la indiferencia o incluso hostilidad de las autoridades y de muchos colombianos.
Si a lo anterior sumamos los problemas técnicos y de falta de recursos en las labores de exhumación y de investigación de las desapariciones, no podemos extrañarnos que la impunidad de este crimen sea enorme.
El nuevo gobierno debería entonces dar pasos decididos para superar la impunidad y la indolencia social frente a la desaparición forzada. Debería, por ejemplo, acoger muchas recomendaciones hechas por organismos especializados, las cuales ayudarían a enfrentar las carencias técnicas en la investigación de estos crímenes. Debería, igualmente, impulsar la ratificación de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, aprobada por las Naciones Unidas en 2005.
Es cierto que Colombia ya cuenta con un marco normativo bastante sofisticado para enfrentar la desaparición forzada; la impunidad no ha sido entonces un problema esencialmente jurídico, sino primariamente técnico y de falta de recursos y voluntad política. La ratificación de la nueva convención es sin embargo útil, pues fortalece las herramientas jurídicas, y su apoyo vigoroso por el presidente Santos expresaría públicamente un compromiso gubernamental para combatir este crimen, que ayudaría a formar la voluntad política necesaria para enfrentarlo eficazmente.
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La prematura muerte el pasado 22 de agosto de Jorge Bernal es una pérdida muy dura y dolorosa para Colombia y en especial para Medellín y la Corporación Región. Jorge fue uno de los fundadores de Región y supo combinar el rigor académico con la lucha por la democracia y contra la exclusión social y la desigualdad. Así se llama incluso su último trabajo. Nuestro abrazo solidario en estos difíciles momentos para sus familiares y amigos, así como para todos los colegas de Región.
* Director del Centro de Estudio “DeJuSticia” (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.