LAS CONVERSACIONES ENTRE ALtos mandos militares reveladas por Semana no sólo muestran la existencia de graves casos de corrupción sino que además refutan una de las tesis centrales con las cuales el Gobierno defendió la ampliación de la competencia de la justicia militar.
Y es que esa ampliación no implica impunidad pues en el Ejército no existe espíritu de cuerpo para ocultar crímenes atroces.
Durante el trámite de la reforma, muchos nos opusimos a esa ampliación pues temíamos que llevaría a que graves violaciones a los derechos humanos fueran juzgadas por la justicia militar y quedaran en la impunidad. La respuesta airada a esta crítica fue que esa sospecha frente a la justicia militar era inaceptable; que nosotros suponíamos que el alto mando del Ejército, por espíritu de cuerpo, sería tolerante con esos terribles crímenes. Pero que eso no era así; que los mandos militares eran los más interesados en que esos crímenes fueran esclarecidos por la justicia.
Las conversaciones reveladas por Semana demuestran que desafortunadamente ese espíritu de cuerpo existe. En efecto, el entonces comandante del Ejército, general Leonardo Barrero, aparece apoyando emocionalmente al coronel Róbinson González, quien está acusado de “falsos positivos”, esto es, de haber asesinado a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Pero eso no es todo. El general Barrero le da recomendaciones al coronel sobre cómo conducir su caso e incluso le hace sugerencias potencialmente ilegales, pues le dice que monte una “mafia contra los fiscales” para deslegitimar el proceso en su contra.
Esa conversación, junto con otras de otros generales que también se muestran solidarios con el coronel González, justifica la sospecha de que existe un espíritu de cuerpo extendido en el Ejército que hace difícil creer que la justicia militar podría verdaderamente investigar imparcialmente a los responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos. Estos crímenes deben entonces seguir siendo competencia de los jueces penales comunes y no de los jueces militares. Y por ello sería infortunado que el Gobierno intentara revivir la reforma constitucional, que ampliaba el fuero militar, pero que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.
Algunos podrían objetar que mi conclusión es equivocada pues la reforma ordenaba la clara separación de la justicia militar de las estructuras de mando, lo cual podría fortalecer su independencia. Y es cierto que la reforma ordenaba esa separación. Pero la realidad es que hoy la justicia militar no es aún lo suficientemente independiente de la estructura de mando como para sustraerse a ese extendido espíritu de cuerpo. Hay entonces que profesionalizar y dotar realmente de una independencia genuina a la justicia militar, antes de siquiera pensar en ampliar su competencia.
* Director Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
LAS CONVERSACIONES ENTRE ALtos mandos militares reveladas por Semana no sólo muestran la existencia de graves casos de corrupción sino que además refutan una de las tesis centrales con las cuales el Gobierno defendió la ampliación de la competencia de la justicia militar.
Y es que esa ampliación no implica impunidad pues en el Ejército no existe espíritu de cuerpo para ocultar crímenes atroces.
Durante el trámite de la reforma, muchos nos opusimos a esa ampliación pues temíamos que llevaría a que graves violaciones a los derechos humanos fueran juzgadas por la justicia militar y quedaran en la impunidad. La respuesta airada a esta crítica fue que esa sospecha frente a la justicia militar era inaceptable; que nosotros suponíamos que el alto mando del Ejército, por espíritu de cuerpo, sería tolerante con esos terribles crímenes. Pero que eso no era así; que los mandos militares eran los más interesados en que esos crímenes fueran esclarecidos por la justicia.
Las conversaciones reveladas por Semana demuestran que desafortunadamente ese espíritu de cuerpo existe. En efecto, el entonces comandante del Ejército, general Leonardo Barrero, aparece apoyando emocionalmente al coronel Róbinson González, quien está acusado de “falsos positivos”, esto es, de haber asesinado a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Pero eso no es todo. El general Barrero le da recomendaciones al coronel sobre cómo conducir su caso e incluso le hace sugerencias potencialmente ilegales, pues le dice que monte una “mafia contra los fiscales” para deslegitimar el proceso en su contra.
Esa conversación, junto con otras de otros generales que también se muestran solidarios con el coronel González, justifica la sospecha de que existe un espíritu de cuerpo extendido en el Ejército que hace difícil creer que la justicia militar podría verdaderamente investigar imparcialmente a los responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos. Estos crímenes deben entonces seguir siendo competencia de los jueces penales comunes y no de los jueces militares. Y por ello sería infortunado que el Gobierno intentara revivir la reforma constitucional, que ampliaba el fuero militar, pero que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.
Algunos podrían objetar que mi conclusión es equivocada pues la reforma ordenaba la clara separación de la justicia militar de las estructuras de mando, lo cual podría fortalecer su independencia. Y es cierto que la reforma ordenaba esa separación. Pero la realidad es que hoy la justicia militar no es aún lo suficientemente independiente de la estructura de mando como para sustraerse a ese extendido espíritu de cuerpo. Hay entonces que profesionalizar y dotar realmente de una independencia genuina a la justicia militar, antes de siquiera pensar en ampliar su competencia.
* Director Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.