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El hacinamiento carcelario implica un riesgo enorme frente al COVID-19 pues impide el aislamiento social, que es necesario para reducir el contagio. Basta entonces que llegue el coronavirus a un centro penitenciario para que todos los internos de esa cárcel estén en peligro.
En Colombia el hacinamiento es muy alto. En diciembre de 2019, según el INPEC, estaban privadas de la libertad 123.802 personas mientras que el sistema penitenciario tenía una capacidad de 80.260 cupos; el hacinamiento era de 54 %, que es muy elevado. En ciertos centros penitenciarios el hacinamiento es aún peor: en Santa Marta es superior a 300 %, en Itaguí sobrepasa el 200 % y en Cali es cercano al 200 %.
Puede haber cárceles que sin estar hacinadas no aseguren condiciones dignas de reclusión, pero lo que no existe es una cárcel hacinada que respete la dignidad de los internos. El hacinamiento debe entonces ser combatido en todo tiempo. Pero hoy, con COVID-19, que el Estado no corrija el hacinamiento es criminal pues quienes están en las cárceles no fueron condenados a muerte, sino que su libertad fue suspendida temporalmente. Es deber entonces del Estado, que tiene a estas personas bajo su control, tomar todas las medidas para proteger su vida.
El Estado debe acabar hoy el hacinamiento y puede hacerlo, sin poner en riesgo a la ciudadanía. Varias organizaciones de derechos humanos, agrupadas en la comisión de seguimiento a la sentencia T-388/13 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, hicimos propuestas precisas que permitirían acabar temporalmente el hacinamiento. Algunos ejemplos: frente a detenidos, sustituir la detención por otras medidas cautelares, como la vigilancia electrónica, para quienes no representen riesgo social; frente a condenados, otorgar libertad condicionada o prisión domiciliaria durante la emergencia por COVID-19 para quienes hayan cometido delitos que no sean graves ni violentos. Y hay varias más.
El Gobierno propuso un borrador de decreto legislativo que es positivo pues recoge este tipo de propuestas y permitiría reducir el hacinamiento, sin riesgos a la sociedad. Es cierto que el texto tiene problemas: por ejemplo, el Gobierno habla de liberar 10.000 personas cuando la sobrepoblación es superior a 40.000 y el texto excluye de excarcelación algunos delitos leves, como el hurto calificado sin violencia. Pero el borrador va en buena dirección y sus problemas pueden ser corregidos.
Sin embargo, el nuevo fiscal general ha atacado esta posibilidad de excarcelaciones para acabar el hacinamiento, al menos mientras dura el COVID-19. Algunas de sus propuestas alternas, como habilitar ciertos bienes a cargo del Estado como cárceles, son interesantes a largo plazo, pero son inviables en el corto plazo. Y el riesgo del COVID-19 es inminente. En cambio, las críticas del fiscal a las excarcelaciones son díficiles de debatir pues sus declaraciones y el documento técnico de la Fiscalía son poco claros. Sin embargo, las tesis que uno logra entender carecen de sustento técnico o jurídico. Menciono solo algunas: que la criminalidad es más peligrosa que la pandemia, cuando nadie está proponiendo liberar a los criminales peligrosos; que la excarcelación no tiene conexidad con la emergencia declarada por COVID-19, cuando es obvio que busca reducir la propagación del coronavirus en las cárceles; que la excarcelación no garantiza per se que la persona liberada no se contagie, lo cual es obvio, pero es igualmente obvio que su riesgo se reduce, etc.
Ojalá me equivoque, pero si el Gobierno le cree al fiscal y no toma medidas rápidas para acabar el hacinamiento, seremos testigos de nuevas tragedias en las cárceles.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.