El presidente y sus aliados tienen razón en cuestionar la imparcialidad e idoneidad del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, uno de los autores de la ponencia que pide formular cargos contra la campaña presidencial de Petro, esencialmente por supuesta violación de los topes de gastos electorales. Prada es del Centro Democrático y está siendo investigado penalmente por la Corte Suprema por soborno de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Tienen igualmente razón en defender el fuero presidencial y criticar que el CNE no tuvo la misma celeridad y atención a la hora de indagar irregularidades incluso más graves, como la de la ñeñepolítica en la campaña Duque. Todas esas críticas son razonables, pero es una irresponsabilidad que el presidente hable de ruptura institucional y llame a las calles para frenar un supuesto golpe de Estado blando en su contra, el cual, además, ya habría empezado. Esta reacción no tiene bases empíricas y recurre a la expresión “golpe blando”, que es de una extrema ambigüedad.
El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en la financiación y en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Además, lo que presentó Prada, junto con el magistrado Benjamín Ortiz del Partido Liberal, fue una ponencia para formular cargos, la cual tiene que ser aprobada por una mayoría calificada del CNE: al menos por seis de sus nueve integrantes. Sólo en ese momento habría realmente cargos contra la campaña. Además, el presidente mantiene en todo momento su fuero, por lo cual corresponde exclusivamente a la Cámara investigar y evaluar su eventual responsabilidad. El CNE no puede entonces tocar a Petro. Si encuentra que fueron violados los topes electorales, sus facultades se limitan a imponer sanciones administrativas a los partidos y a los responsables de la campaña.
Es cierto que hay algunos sectores extremistas que pretenden que Petro no termine su mandato y que usarán esta ponencia de Prada y Ortiz para atacar duramente al Gobierno. Pero es una exageración decir que existe una ruptura institucional y que está en marcha un golpe blando por la simple presentación de esa ponencia. ¿Que algunos de los integrantes del CNE, como Prada, actúan con sesgos partidistas? Es verdad, pero lamentablemente esto no es inusual sino que deriva del origen puramente partidista de ese órgano, por lo cual muchos hemos propuesto, infructuosamente, que sea eliminado y sustituido por una corte electoral independiente. Pero una cosa es señalar esos sesgos y otra muy distinta, hablar de un golpe de Estado.
No es la primera vez que Petro y el petrismo denuncian la puesta en marcha de un “golpe blando” en su contra. Pero esta expresión no es clara ni sólida, a pesar de que es usada recurrentemente por sectores de la izquierda latinoamericana. Aunque no conozco un texto o un autor que definan adecuadamente qué es un “golpe blando”, la idea esencial es que ahora a los presidentes progresistas no los tumban con un levantamiento militar, como el de Pinochet en Chile, sino que los deponen, a través de los jueces o los congresos, usando medios aparentemente legales, como habría pasado con Rousseff en Brasil.
Esta noción de golpe blando a veces tiene sustento. Un golpe blando (tal vez no tan blando) se intentó en Guatemala cuando una Fiscalía arbitraria pretendió impedir la posesión del presidente Arévalo. Sin embargo, en otros casos la amenaza de un golpe blando es un banderín usado por los gobiernos para minar la separación de poderes, eludir cualquier control y descalificar las protestas en su contra. Un buen desafío para la academia es entonces precisar si la expresión golpe blando tiene o no sentido y cuál es realmente su alcance. Pero eso ya es harina de otro costal.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El presidente y sus aliados tienen razón en cuestionar la imparcialidad e idoneidad del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, uno de los autores de la ponencia que pide formular cargos contra la campaña presidencial de Petro, esencialmente por supuesta violación de los topes de gastos electorales. Prada es del Centro Democrático y está siendo investigado penalmente por la Corte Suprema por soborno de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Tienen igualmente razón en defender el fuero presidencial y criticar que el CNE no tuvo la misma celeridad y atención a la hora de indagar irregularidades incluso más graves, como la de la ñeñepolítica en la campaña Duque. Todas esas críticas son razonables, pero es una irresponsabilidad que el presidente hable de ruptura institucional y llame a las calles para frenar un supuesto golpe de Estado blando en su contra, el cual, además, ya habría empezado. Esta reacción no tiene bases empíricas y recurre a la expresión “golpe blando”, que es de una extrema ambigüedad.
El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en la financiación y en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Además, lo que presentó Prada, junto con el magistrado Benjamín Ortiz del Partido Liberal, fue una ponencia para formular cargos, la cual tiene que ser aprobada por una mayoría calificada del CNE: al menos por seis de sus nueve integrantes. Sólo en ese momento habría realmente cargos contra la campaña. Además, el presidente mantiene en todo momento su fuero, por lo cual corresponde exclusivamente a la Cámara investigar y evaluar su eventual responsabilidad. El CNE no puede entonces tocar a Petro. Si encuentra que fueron violados los topes electorales, sus facultades se limitan a imponer sanciones administrativas a los partidos y a los responsables de la campaña.
Es cierto que hay algunos sectores extremistas que pretenden que Petro no termine su mandato y que usarán esta ponencia de Prada y Ortiz para atacar duramente al Gobierno. Pero es una exageración decir que existe una ruptura institucional y que está en marcha un golpe blando por la simple presentación de esa ponencia. ¿Que algunos de los integrantes del CNE, como Prada, actúan con sesgos partidistas? Es verdad, pero lamentablemente esto no es inusual sino que deriva del origen puramente partidista de ese órgano, por lo cual muchos hemos propuesto, infructuosamente, que sea eliminado y sustituido por una corte electoral independiente. Pero una cosa es señalar esos sesgos y otra muy distinta, hablar de un golpe de Estado.
No es la primera vez que Petro y el petrismo denuncian la puesta en marcha de un “golpe blando” en su contra. Pero esta expresión no es clara ni sólida, a pesar de que es usada recurrentemente por sectores de la izquierda latinoamericana. Aunque no conozco un texto o un autor que definan adecuadamente qué es un “golpe blando”, la idea esencial es que ahora a los presidentes progresistas no los tumban con un levantamiento militar, como el de Pinochet en Chile, sino que los deponen, a través de los jueces o los congresos, usando medios aparentemente legales, como habría pasado con Rousseff en Brasil.
Esta noción de golpe blando a veces tiene sustento. Un golpe blando (tal vez no tan blando) se intentó en Guatemala cuando una Fiscalía arbitraria pretendió impedir la posesión del presidente Arévalo. Sin embargo, en otros casos la amenaza de un golpe blando es un banderín usado por los gobiernos para minar la separación de poderes, eludir cualquier control y descalificar las protestas en su contra. Un buen desafío para la academia es entonces precisar si la expresión golpe blando tiene o no sentido y cuál es realmente su alcance. Pero eso ya es harina de otro costal.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.