El pasado 8 de marzo celebramos el día de la mujer, que busca erradicar la discriminación y la violencia de género. En el marco de esta celebración, tal vez valga la pena recordar que Colombia hubiera podido ser una vanguardia mundial en el reconocimiento de la igualdad política de las mujeres. Pero perdimos esa oportunidad. Terminamos en los últimos lugares de América Latina en este campo y seguimos bastante rezagados.
La historia es la siguiente: en 1853, al amparo de las energías democráticas de este período, Colombia adoptó una Constitución semifederal, que otorgaba a las provincias la facultad de redactar sus propias constituciones. Ese mismo año, como lo han relatado historiadores como Bushnell (en su buena historia de Colombia, con ese maravilloso título Una nación a pesar de sí misma), o Mario Aguilera, en un texto en la revista Credencial Historia, la Constitución de la provincia de Vélez reconoció el voto a las mujeres, en idéntica condición que a los hombres.
Era un avance democrático notable pues era la primera vez que ese derecho era reconocido a las mujeres en América Latina y una de las primeras veces que eso sucedía en el mundo. Pero la dicha no duró mucho; poco tiempo después, la Corte Suprema anuló esa reforma, con el argumento (jurídicamente muy discutible, dicho sea de paso) de que ninguna provincia podía otorgar a sus habitantes más derechos que los reconocidos por la Constitución nacional.
Las mujeres quedaron entonces privadas del derecho al voto, que sólo les sería reconocido más de un siglo después, en 1954, durante el régimen de Rojas Pinilla. Pero fue una situación extraña pues fue una igualdad de voto entre hombres y mujeres pero en la negación del derecho a ambos pues vivíamos una dictadura. Las mujeres sólo pudieron entonces votar por primera vez en el plebiscito de 1957, con lo cual Colombia pasó de ser pionera en América Latina en este campo a convertirse en uno de los últimos países de la región en reconocer el voto femenino. Al parecer sólo Paraguay se demoró más, pues lo reconoció en 1960.
En las últimas décadas, gracias al movimiento de las mujeres y a la Constitución de 1991, ha habido avances significativos en la superación de la discriminación contra las mujeres en muchos campos. Pero en el campo político, la inequidad de género subsiste. Por ejemplo, en el ranking mundial sobre participación de mujeres en los congresos, que periódicamente realiza la Unión Interparlamentaria, Colombia ocupaba en enero de este año el puesto 106 entre los países evaluados, con menos del 19 % de mujeres en la cámara baja, muy por debajo del porcentaje de las Américas (28 %) o de países como Bolivia, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica o El Salvador. Incluso estamos por debajo de Arabia Saudita.
Esto muestra que todavía hay mucho por hacer. Y que, a pesar de los avances, los 8 de marzo no deberían ser sólo una celebración sino también un momento para reflexionar sobre los retos que aún tenemos para conquistar la igualdad política (y en todos los campos) para las mujeres.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional
El pasado 8 de marzo celebramos el día de la mujer, que busca erradicar la discriminación y la violencia de género. En el marco de esta celebración, tal vez valga la pena recordar que Colombia hubiera podido ser una vanguardia mundial en el reconocimiento de la igualdad política de las mujeres. Pero perdimos esa oportunidad. Terminamos en los últimos lugares de América Latina en este campo y seguimos bastante rezagados.
La historia es la siguiente: en 1853, al amparo de las energías democráticas de este período, Colombia adoptó una Constitución semifederal, que otorgaba a las provincias la facultad de redactar sus propias constituciones. Ese mismo año, como lo han relatado historiadores como Bushnell (en su buena historia de Colombia, con ese maravilloso título Una nación a pesar de sí misma), o Mario Aguilera, en un texto en la revista Credencial Historia, la Constitución de la provincia de Vélez reconoció el voto a las mujeres, en idéntica condición que a los hombres.
Era un avance democrático notable pues era la primera vez que ese derecho era reconocido a las mujeres en América Latina y una de las primeras veces que eso sucedía en el mundo. Pero la dicha no duró mucho; poco tiempo después, la Corte Suprema anuló esa reforma, con el argumento (jurídicamente muy discutible, dicho sea de paso) de que ninguna provincia podía otorgar a sus habitantes más derechos que los reconocidos por la Constitución nacional.
Las mujeres quedaron entonces privadas del derecho al voto, que sólo les sería reconocido más de un siglo después, en 1954, durante el régimen de Rojas Pinilla. Pero fue una situación extraña pues fue una igualdad de voto entre hombres y mujeres pero en la negación del derecho a ambos pues vivíamos una dictadura. Las mujeres sólo pudieron entonces votar por primera vez en el plebiscito de 1957, con lo cual Colombia pasó de ser pionera en América Latina en este campo a convertirse en uno de los últimos países de la región en reconocer el voto femenino. Al parecer sólo Paraguay se demoró más, pues lo reconoció en 1960.
En las últimas décadas, gracias al movimiento de las mujeres y a la Constitución de 1991, ha habido avances significativos en la superación de la discriminación contra las mujeres en muchos campos. Pero en el campo político, la inequidad de género subsiste. Por ejemplo, en el ranking mundial sobre participación de mujeres en los congresos, que periódicamente realiza la Unión Interparlamentaria, Colombia ocupaba en enero de este año el puesto 106 entre los países evaluados, con menos del 19 % de mujeres en la cámara baja, muy por debajo del porcentaje de las Américas (28 %) o de países como Bolivia, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica o El Salvador. Incluso estamos por debajo de Arabia Saudita.
Esto muestra que todavía hay mucho por hacer. Y que, a pesar de los avances, los 8 de marzo no deberían ser sólo una celebración sino también un momento para reflexionar sobre los retos que aún tenemos para conquistar la igualdad política (y en todos los campos) para las mujeres.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional