Quienes se oponen a la adopción por parejas del mismo sexo ahora argumentan que no lo hacen por prejuicio contra los homosexuales sino por una razón fuera de toda sospecha: la protección del interés superior de los menores.
Esa oposición parece válida pues la adopción se hace a favor del menor y no de los padres. Su propósito es que un niño o niña sin hogar logre una familia, y no tanto que los padres adoptantes logren un hijo. Debe entonces impedirse que adopte quien no pueda garantizar un hogar adecuado y estable al adoptado.
Pero esta oposición, que se expresa en tres formas, sólo es respetable en apariencia.
El primer miedo es que el niño o niña termine siendo homosexual. Pero esta objeción es en sí misma inaceptable, pues supone que la homosexualidad es indeseable. Y además es falsa, pues la orientación sexual depende de muchos factores y no esencialmente de aquella que tengan sus padres.
El segundo reparo es que sería catastrófico para alguien ser adoptado por una pareja del mismo sexo, pues sería objeto de discriminaciones, debido a los prejuicios homofóbicos.
Esta objeción es igual a la que se usaba en Estados Unidos para oponerse a la adopción o custodia por parejas de distinta razas, invocando la persistencia de los prejuicios raciales. La respuesta de la Corte Suprema de ese país, en el caso Palmore de 1984, es impecable: la ley no puede evitar los prejuicios privados pero no debe tolerarlos, ni reforzarlos, sino combatirlos. Este segundo miedo olvida entonces que la tarea de un Estado democrático es combatir los prejuicios homofóbicos, y no agudizarlos prohibiendo la adopción igualitaria.
La tercera objeción es que las parejas del mismo sexo no son idóneas para adoptar, pues toda persona requiere una familia formada por un hombre y una mujer para tener un desarrollo psicosocial apropiado. Ese reparo es simplemente falso: primero porque desconoce que las familias monoparentales son legítimas y funcionales; y segundo porque la investigación académica ha establecido que las personas criadas por parejas o personas homosexuales no muestran más problemas de desarrollo psicológico que aquellas criadas por parejas heterosexuales.
Un ejemplo contundente es el documento Lesbian and Gay Parenting, elaborado por la Asociación Americana de Psicología, que reúne a unos 154.000 psicólogos de Estados Unidos. Este ‘metaestudio’, disponible en la red, revisa la evidencia de numerosas investigaciones sobre crianza por parte de parejas homosexuales y concluye que no hay ninguna evidencia de que sea perturbador para el desarrollo de un niño o niña ser criado por un individuo o pareja homosexual. En Colombia, las universidades Nacional, de los Andes, Javeriana y del Valle han llegado a conclusiones similares.
Confieso que mis argumentos en esta columna son poco originales. Me baso en la reciente sentencia Atala Riffo y niñas contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión cae como anillo al dedo a esta discusión, pues a la jueza Atala le quitaron la custodia de sus hijas con el argumento de que había que proteger el interés superior de las niñas debido a que Atala era lesbiana. La Corte Interamericana refutó la posición de Chile y lo condenó, no sólo por discriminar a la jueza Atala, sino también por separar injustificadamente a las hijas de su madre.
Una invocación abstracta del interés superior de los menores para oponerse a la adopción igualitaria no tiene ningún sustento. Pero además termina siendo muy cruel, pues invocando sus derechos prevalentes, esta posición los priva de la posibilidad de ser adoptados por parejas homosexuales, que les darían un buen hogar a muchos de los más de 8.000 niños y niñas que hoy están bajo custodia del ICBF, a la espera de que alguien los adopte.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
Quienes se oponen a la adopción por parejas del mismo sexo ahora argumentan que no lo hacen por prejuicio contra los homosexuales sino por una razón fuera de toda sospecha: la protección del interés superior de los menores.
Esa oposición parece válida pues la adopción se hace a favor del menor y no de los padres. Su propósito es que un niño o niña sin hogar logre una familia, y no tanto que los padres adoptantes logren un hijo. Debe entonces impedirse que adopte quien no pueda garantizar un hogar adecuado y estable al adoptado.
Pero esta oposición, que se expresa en tres formas, sólo es respetable en apariencia.
El primer miedo es que el niño o niña termine siendo homosexual. Pero esta objeción es en sí misma inaceptable, pues supone que la homosexualidad es indeseable. Y además es falsa, pues la orientación sexual depende de muchos factores y no esencialmente de aquella que tengan sus padres.
El segundo reparo es que sería catastrófico para alguien ser adoptado por una pareja del mismo sexo, pues sería objeto de discriminaciones, debido a los prejuicios homofóbicos.
Esta objeción es igual a la que se usaba en Estados Unidos para oponerse a la adopción o custodia por parejas de distinta razas, invocando la persistencia de los prejuicios raciales. La respuesta de la Corte Suprema de ese país, en el caso Palmore de 1984, es impecable: la ley no puede evitar los prejuicios privados pero no debe tolerarlos, ni reforzarlos, sino combatirlos. Este segundo miedo olvida entonces que la tarea de un Estado democrático es combatir los prejuicios homofóbicos, y no agudizarlos prohibiendo la adopción igualitaria.
La tercera objeción es que las parejas del mismo sexo no son idóneas para adoptar, pues toda persona requiere una familia formada por un hombre y una mujer para tener un desarrollo psicosocial apropiado. Ese reparo es simplemente falso: primero porque desconoce que las familias monoparentales son legítimas y funcionales; y segundo porque la investigación académica ha establecido que las personas criadas por parejas o personas homosexuales no muestran más problemas de desarrollo psicológico que aquellas criadas por parejas heterosexuales.
Un ejemplo contundente es el documento Lesbian and Gay Parenting, elaborado por la Asociación Americana de Psicología, que reúne a unos 154.000 psicólogos de Estados Unidos. Este ‘metaestudio’, disponible en la red, revisa la evidencia de numerosas investigaciones sobre crianza por parte de parejas homosexuales y concluye que no hay ninguna evidencia de que sea perturbador para el desarrollo de un niño o niña ser criado por un individuo o pareja homosexual. En Colombia, las universidades Nacional, de los Andes, Javeriana y del Valle han llegado a conclusiones similares.
Confieso que mis argumentos en esta columna son poco originales. Me baso en la reciente sentencia Atala Riffo y niñas contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión cae como anillo al dedo a esta discusión, pues a la jueza Atala le quitaron la custodia de sus hijas con el argumento de que había que proteger el interés superior de las niñas debido a que Atala era lesbiana. La Corte Interamericana refutó la posición de Chile y lo condenó, no sólo por discriminar a la jueza Atala, sino también por separar injustificadamente a las hijas de su madre.
Una invocación abstracta del interés superior de los menores para oponerse a la adopción igualitaria no tiene ningún sustento. Pero además termina siendo muy cruel, pues invocando sus derechos prevalentes, esta posición los priva de la posibilidad de ser adoptados por parejas homosexuales, que les darían un buen hogar a muchos de los más de 8.000 niños y niñas que hoy están bajo custodia del ICBF, a la espera de que alguien los adopte.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.