Retomo el tema de la suspensión de la Ley de Garantías (LG), que abordé en diciembre, por su importancia intrínseca en las elecciones de hoy y porque existen nuevos elementos que muestran la gravedad de estas jugaditas contra la democracia por parte de Duque y sus aliados.
La llamada LG es en realidad un aparte de la Ley Estatutaria 996 de 2005 que limita la contratación pública durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial para evitar que los gobernantes la usen para favorecerse. Aunque fue aprobada debido a los desequilibrios generados por la reelección, muchos han defendido que se mantenga a pesar de que la reelección fue eliminada, buscando impedir, como lo dijo Duque siendo senador de oposición, que el Gobierno “perpetúe sus instancias de poder con candidatos de sus afectos”.
Pero ahora en el poder Duque cambió de opinión y con su coalición gubernamental aprobaron una norma que suspende la LG para estas elecciones. Eso ya es gravísimo pues reduce las garantías de la oposición y aumenta los riesgos de corrupción, como lo señaló Transparencia por Colombia, ya que incrementa el peligro de desvíos de dineros públicos a propósitos electorales. Igualmente grave ha sido la forma groseramente inconstitucional como aprobaron esta suspensión de la LG: con un articulito en el presupuesto.
Si la LG es estatutaria, cualquier estudiante de Derecho sabe que sólo puede ser reformada por otra ley estatutaria, que son leyes especiales por las materias que regulan (derechos fundamentales, funciones electorales, etc.). Por eso requieren mayorías más fuertes y revisión previa de constitucionalidad de la Corte. La LG no podía ser entonces suspendida por un artículo en la Ley de Presupuesto, pues no sólo es un claro mico sino que, además, viola la especialidad de las leyes estatutarias y se salta la revisión previa de la Corte. Por esta razón, la Sentencia C-515/04 de la Corte tumbó los artículos del presupuesto que buscaban modificar leyes estatutarias electorales.
Ese articulito fue masivamente demandado y será tumbado por la Corte. La cosa es tan evidente que incluso la Corte debatió si debía o no suspenderlo mientras tomaba la decisión de fondo, con el fin de evitar que su sentencia, que usualmente toma varios meses, llegara tarde.
En el Auto 123 del 10 de febrero, la Corte prefirió una opción más ortodoxa: acelerar el proceso declarando que era de “urgencia nacional”, lo cual le permite tomar decisiones rápidas pues el caso queda primero en el orden del día. Era una opción razonable, pero con un problema: la Corte debe contar con la colaboración de la procuradora, que debe rendir concepto previo en todo proceso constitucional y tiene normalmente 30 días para hacerlo. La Corte le pidió entonces que rindiera concepto “a la brevedad posible”, algo que puede ser hecho en dos o tres días porque el caso es simple y la inconstitucionalidad de este articulito es manifiesta.
Este proceso es una prueba de fuego sobre la independencia de la procuradora Cabello, quien fue ministra de Duque y ternada por él para ser procuradora. Podría agotar todo su plazo, lo cual puede ser legal, pero sería realmente tomar del cabello (perdón, del pelo) el rol de la Procuraduría como garante de derechos, pues permitiría la consolidación de un atropello a las garantías electorales, que se suma a otros muy graves que llevaron a la renuncia masiva de candidatos a las curules de las víctimas en la Costa.
Estas jugaditas y esta falta de garantías electorales deberían llevar a quienes realmente creen en la democracia a no votar por ningún candidato que signifique un continuismo de estas prácticas antidemocráticas de la coalición gubernamental y sus aliados.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Retomo el tema de la suspensión de la Ley de Garantías (LG), que abordé en diciembre, por su importancia intrínseca en las elecciones de hoy y porque existen nuevos elementos que muestran la gravedad de estas jugaditas contra la democracia por parte de Duque y sus aliados.
La llamada LG es en realidad un aparte de la Ley Estatutaria 996 de 2005 que limita la contratación pública durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial para evitar que los gobernantes la usen para favorecerse. Aunque fue aprobada debido a los desequilibrios generados por la reelección, muchos han defendido que se mantenga a pesar de que la reelección fue eliminada, buscando impedir, como lo dijo Duque siendo senador de oposición, que el Gobierno “perpetúe sus instancias de poder con candidatos de sus afectos”.
Pero ahora en el poder Duque cambió de opinión y con su coalición gubernamental aprobaron una norma que suspende la LG para estas elecciones. Eso ya es gravísimo pues reduce las garantías de la oposición y aumenta los riesgos de corrupción, como lo señaló Transparencia por Colombia, ya que incrementa el peligro de desvíos de dineros públicos a propósitos electorales. Igualmente grave ha sido la forma groseramente inconstitucional como aprobaron esta suspensión de la LG: con un articulito en el presupuesto.
Si la LG es estatutaria, cualquier estudiante de Derecho sabe que sólo puede ser reformada por otra ley estatutaria, que son leyes especiales por las materias que regulan (derechos fundamentales, funciones electorales, etc.). Por eso requieren mayorías más fuertes y revisión previa de constitucionalidad de la Corte. La LG no podía ser entonces suspendida por un artículo en la Ley de Presupuesto, pues no sólo es un claro mico sino que, además, viola la especialidad de las leyes estatutarias y se salta la revisión previa de la Corte. Por esta razón, la Sentencia C-515/04 de la Corte tumbó los artículos del presupuesto que buscaban modificar leyes estatutarias electorales.
Ese articulito fue masivamente demandado y será tumbado por la Corte. La cosa es tan evidente que incluso la Corte debatió si debía o no suspenderlo mientras tomaba la decisión de fondo, con el fin de evitar que su sentencia, que usualmente toma varios meses, llegara tarde.
En el Auto 123 del 10 de febrero, la Corte prefirió una opción más ortodoxa: acelerar el proceso declarando que era de “urgencia nacional”, lo cual le permite tomar decisiones rápidas pues el caso queda primero en el orden del día. Era una opción razonable, pero con un problema: la Corte debe contar con la colaboración de la procuradora, que debe rendir concepto previo en todo proceso constitucional y tiene normalmente 30 días para hacerlo. La Corte le pidió entonces que rindiera concepto “a la brevedad posible”, algo que puede ser hecho en dos o tres días porque el caso es simple y la inconstitucionalidad de este articulito es manifiesta.
Este proceso es una prueba de fuego sobre la independencia de la procuradora Cabello, quien fue ministra de Duque y ternada por él para ser procuradora. Podría agotar todo su plazo, lo cual puede ser legal, pero sería realmente tomar del cabello (perdón, del pelo) el rol de la Procuraduría como garante de derechos, pues permitiría la consolidación de un atropello a las garantías electorales, que se suma a otros muy graves que llevaron a la renuncia masiva de candidatos a las curules de las víctimas en la Costa.
Estas jugaditas y esta falta de garantías electorales deberían llevar a quienes realmente creen en la democracia a no votar por ningún candidato que signifique un continuismo de estas prácticas antidemocráticas de la coalición gubernamental y sus aliados.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.