El pasado jueves, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo pública su determinación de atribuir responsabilidades a los entonces integrantes del Secretariado de las extintas Farc por el secuestro masivo de más de 20.000 personas y por el trato inhumano que esas personas padecieron durante su cautiverio, incluyendo el asesinato y la desaparición de muchas de ellas.
La decisión, a través del contraste riguroso de diversas fuentes (versiones de desmovilizados, testimonios de víctimas, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, etc.), reconstruye, como no lo ha hecho ninguna decisión judicial previa, el funcionamiento de las extintas Farc como un temible aparato de guerra. Igualmente, la JEP muestra, como no lo ha hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que esa organización desarrolló una política sistemática de secuestro para financiar sus operaciones. Además, ese auto “de determinación de los hechos y conductas”, que es su nombre técnico, expone con rigor, como no lo ha hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que el Secretariado ordenó a los distintos bloques y frentes que implementaran, sin compasión, esa política sistemática de secuestro, incluyendo asesinar a los secuestrados frente a intentos de rescate. El auto concluye también que, como los secuestrados eran un simple instrumento para obtener dinero o para forzar decisiones del Gobierno, el Secretariado poco se preocupó de su suerte y avaló, aunque no los hubiera ordenado, los tratos humillantes que padecieron muchas de esas personas, incluyendo formas de violencia sexual y de tortura. La JEP igualmente describe, como nunca la justicia lo había hecho antes, los impactos de esas atrocidades sobre los secuestrados y sus familias.
Por todo ello, el auto concluye que quienes en su momento integraron el Secretariado deben responder por el crimen de guerra de “toma de rehenes” y por el crimen de lesa humanidad de “privación grave de la libertad”. Algunos criticarán que la JEP no les atribuya el delito de secuestro, pero eso es desconocer que es más grave imputarle a alguien crímenes de guerra o de lesa humanidad, que son, junto con el genocidio, los delitos que la comunidad internacional ha considerado más graves entre todas las atrocidades.
Esta decisión de la JEP es un gran avance, pues nunca antes una decisión judicial había aportado tanta verdad sobre las ex-Farc y sus crueldades. Los principales responsables de estos terribles secuestros serán condenados y sancionados por esos crímenes, ya sea con la llamada “sanción propia” de restricción efectiva de la libertad hasta por ocho años para cumplir labores a favor de las víctimas, si asumen sus responsabilidades, o con la cárcel, en caso contrario.
Obviamente subsisten aún muchos desafíos: que los exintegrantes del Secretariado y hoy líderes del partido Comunes —quienes hasta ahora se han comprometido con responsabilidad con la paz, se han sometido a la JEP y han aportado mucha verdad— sigan cumpliéndole al país, especialmente a las víctimas, y acepten sus responsabilidades. Que la JEP avance frente a las responsabilidades de otros integrantes de las ex-Farc y frente a otros crímenes terribles, como los falsos positivos. Y que en su momento las sanciones propias de restricción de la libertad sean cumplidas y verificadas en forma rigurosa. Pero aun con todas esas dificultades e incertidumbres, esta decisión de la JEP es histórica: nunca antes, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no había sido derrotada militarmente y un Estado cuyos agentes habían cometido atrocidades habían aceptado someter sus crímenes al juicio de un tribunal imparcial. Estamos avanzando hacia una paz con verdad y con justicia que no tiene precedentes.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El pasado jueves, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo pública su determinación de atribuir responsabilidades a los entonces integrantes del Secretariado de las extintas Farc por el secuestro masivo de más de 20.000 personas y por el trato inhumano que esas personas padecieron durante su cautiverio, incluyendo el asesinato y la desaparición de muchas de ellas.
La decisión, a través del contraste riguroso de diversas fuentes (versiones de desmovilizados, testimonios de víctimas, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, etc.), reconstruye, como no lo ha hecho ninguna decisión judicial previa, el funcionamiento de las extintas Farc como un temible aparato de guerra. Igualmente, la JEP muestra, como no lo ha hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que esa organización desarrolló una política sistemática de secuestro para financiar sus operaciones. Además, ese auto “de determinación de los hechos y conductas”, que es su nombre técnico, expone con rigor, como no lo ha hecho tampoco ninguna decisión judicial previa, que el Secretariado ordenó a los distintos bloques y frentes que implementaran, sin compasión, esa política sistemática de secuestro, incluyendo asesinar a los secuestrados frente a intentos de rescate. El auto concluye también que, como los secuestrados eran un simple instrumento para obtener dinero o para forzar decisiones del Gobierno, el Secretariado poco se preocupó de su suerte y avaló, aunque no los hubiera ordenado, los tratos humillantes que padecieron muchas de esas personas, incluyendo formas de violencia sexual y de tortura. La JEP igualmente describe, como nunca la justicia lo había hecho antes, los impactos de esas atrocidades sobre los secuestrados y sus familias.
Por todo ello, el auto concluye que quienes en su momento integraron el Secretariado deben responder por el crimen de guerra de “toma de rehenes” y por el crimen de lesa humanidad de “privación grave de la libertad”. Algunos criticarán que la JEP no les atribuya el delito de secuestro, pero eso es desconocer que es más grave imputarle a alguien crímenes de guerra o de lesa humanidad, que son, junto con el genocidio, los delitos que la comunidad internacional ha considerado más graves entre todas las atrocidades.
Esta decisión de la JEP es un gran avance, pues nunca antes una decisión judicial había aportado tanta verdad sobre las ex-Farc y sus crueldades. Los principales responsables de estos terribles secuestros serán condenados y sancionados por esos crímenes, ya sea con la llamada “sanción propia” de restricción efectiva de la libertad hasta por ocho años para cumplir labores a favor de las víctimas, si asumen sus responsabilidades, o con la cárcel, en caso contrario.
Obviamente subsisten aún muchos desafíos: que los exintegrantes del Secretariado y hoy líderes del partido Comunes —quienes hasta ahora se han comprometido con responsabilidad con la paz, se han sometido a la JEP y han aportado mucha verdad— sigan cumpliéndole al país, especialmente a las víctimas, y acepten sus responsabilidades. Que la JEP avance frente a las responsabilidades de otros integrantes de las ex-Farc y frente a otros crímenes terribles, como los falsos positivos. Y que en su momento las sanciones propias de restricción de la libertad sean cumplidas y verificadas en forma rigurosa. Pero aun con todas esas dificultades e incertidumbres, esta decisión de la JEP es histórica: nunca antes, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no había sido derrotada militarmente y un Estado cuyos agentes habían cometido atrocidades habían aceptado someter sus crímenes al juicio de un tribunal imparcial. Estamos avanzando hacia una paz con verdad y con justicia que no tiene precedentes.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.