La paz cinco años después

Hace cinco años fue firmado el Acuerdo Final de Paz (AFP) con las Farc, por lo cual surge una obvia pregunta: ¿cómo evaluar su impacto cinco años después? La respuesta es difícil pues el AFP ha logrado grandes éxitos, pero también su implementación ha sido limitada y enfrenta retos y riesgos.

Muy esquemáticamente, el AFP intentó tres cosas: primero, buscó deshacer la guerra a través de la desmovilización de las Farc y su transformación en actor político, que es lo esencial en cualquier acuerdo de paz. Ese punto ha sido en gran medida cumplido. A pesar de las disidencias, el enfrentamiento con esta guerrilla terminó pues el grueso de los excomandantes y la tropa se desmovilizaron y entraron a la vida pacífica. Esto es un logro enorme no sólo porque las Farc fueron un temible aparato de guerra que cometió terribles atrocidades, sino además porque de esa manera queda deslegitimado el recurso a la violencia en la política. Pero ese gran logro está en riesgo por los casi 300 asesinatos de excombatientes y el resurgimiento de la violencia en los territorios abandonados por las Farc, que afecta especialmente a los líderes sociales.

Segundo, el AFP también pretende una paz con justicia para las víctimas a través de mecanismos de justicia transicional, como la JEP, la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas. El avance en este aspecto es significativo pues, aunque aún no hay condenas, la JEP empieza a dar sus frutos. Por ejemplo, los autos de este año en que la JEP imputa por la política de secuestros al ex secretariado de las Farc y por falsos positivos a altos mandos del Ejército, incluidos varios coroneles y un general, representan los mayores avances en décadas en la judicialización de estas atrocidades. Sin embargo, estos avances son aún frágiles por el permanente ataque y las tentativas de contrarreforma de ciertos sectores a la JEP y a la Comisión de la Verdad.

Tercero, el AFP también busca transformaciones que hagan más justa y democrática la sociedad colombiana a través de i) la reforma rural integral, ii) el robustecimiento de la participación democrática y iii) un enfoque más inteligente frente al narcotráfico, las drogas y los cultivos ilícitos. Sin embargo, en este aspecto la implementación del AFP ha sido decepcionante. Así, a pesar de avances en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reforma rural está congelada. En esta legislatura ni siquiera pudo aprobarse la jurisdicción agraria, y el fondo de tierras, que busca reducir, al menos un poco, la vergonzosa inequidad en el campo, está desfinanciado. Las reformas para fortalecer la participación no han prosperado. La reforma política fue hundida hace años en el Congreso y las circunscripciones especiales para las víctimas sólo hasta ahora fueron aprobadas. Finalmente, los avances que hubo inicialmente en la política de sustitución de cultivos fueron frenados por el gobierno Duque, que pretende incluso restablecer la fumigación, que claramente no funciona y en cambio tiene efectos ambientales y sociales catastróficos.

Hemos pasado, entonces, de la posibilidad de una paz robusta y transformadora, que es la prevista en el AFP, a una paz más limitada, centrada sólo en la desmovilización de las Farc y la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero sin que haya avances en las reformas sociales y políticas transformadoras propuestas por el AFP. Sin embargo, esta paz limitada es muy importante y significativa, pero infortunadamente, como vimos, sus logros están en riesgo.

El desafío de los sectores democráticos es entonces proteger los avances de esa paz limitada y en riesgo, pero tratando al mismo tiempo de recuperar la dimensión transformadora del AFP.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.