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El hundimiento del acto legislativo que buscaba reformar el artículo 49 de la Constitución y permitir un mercado estrictamente regulado de cannabis para uso adulto provoca sentimientos encontrados.
Por un lado, este trámite genera pesimismo. Es lamentable que una iniciativa valiosa y bien orientada se hubiera hundido, por muy pocos votos, en el último debate. Y que, además, eso hubiera ocurrido por críticas alucinantes, como la de los senadores de Cambio Radical, que a último momento dejaron de apoyar la reforma con el argumento de que ésta no prohibía expresamente la publicidad de cannabis. Era una objeción absurda: la Corte ya había establecido, en la sentencia C-830 de 2010, que es constitucional que la ley prohíba toda publicidad para el tabaco. Por consiguiente, la ley que necesariamente hubiera tenido que expedirse para desarrollar la reforma constitucional sobre cannabis, si ésta hubiera sido aprobada, hubiera podido imponer, sin ningún problema, la prohibición total de publicidad. Esta oposición simplemente mostró un comportamiento oportunista de Cambio Radical, que tal vez debería modificar su nombre por “Rechazo Radical al Cambio”.
Sin embargo, y, por otro lado, ese trámite genera optimismo, pues muestra un avance significativo en el apoyo a nivel social y político para lograr una política menos punitiva y más democrática frente a las sustancias sicoactivas en general y frente al cannabis en particular. Es reconfortante que el proyecto hubiera logrado su aprobación exitosa en siete debates. Y que incluso en el último debate, en que al final se hundió, hubiera ganado con 47 votos a favor y 43 en contra. Lo que pasa es que, por ser una reforma constitucional, no alcanzó la votación exigida, que es la mayoría absoluta de los integrantes del Senado: 54 votos.
Algunos dirán que simplemente estoy buscando un consuelo de nuestro filósofo Maturana de que “perder es ganar un poco”. Pero no es así: hago esta constatación para mostrar que este proyecto tiene grandes posibilidades de ser aprobado si es presentado nuevamente, por lo cual es buena noticia que el representante Juan Carlos Losada, quien lideró en buena forma esta iniciativa, haya señalado que lo hará.
En los próximos meses, quienes apoyamos esta reforma debemos entonces continuar la labor pedagógica que ya se inició con campañas como “Desintoxicando narrativas”, de Elementa y Fescol, o los documentos de política pública del CESED y de Dejusticia, que fortalecieron el apoyo a al proyecto mostrando sus bondades y respondiendo a las preocupaciones de quienes tienen dudas legítimas frente a un mercado legal de cannabis.
En próximas columnas espero contribuir a esa pedagogía. Por ahora me limito a refutar las críticas del expresidente Uribe, que en un video colgado en redes dijo que el mercado legal de cannabis “crea más violencia, crece el consumo de la marihuana y otras drogas ilegales y la tragedia humana”. Sería bueno conocer los estudios en que Uribe se basa, pues todos los que he consultado llegan a otras conclusiones. Una sola muestra entre muchas otras: el estudio de la profesora Ángela Dills, de la Universidad de Western California (“The Effect of State Marijuana Legalizations: 2021 Update”), evaluó los impactos de la legalización de la marihuana para uso recreativo adulto en varios Estados de los Estados Unidos, como Colorado, Washington o California y concluyó que, contrariamente a lo sostenido por Uribe, la legalización no provocó ningún incremento significativo del consumo de marihuana ni de otras drogas, ni tampoco de la violencia, ni del crimen, ni de la economía ilegal; y, en cambio, sí trajo incrementos significativos de los ingresos fiscales de esos Estados.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.