El Gobierno debe cumplir integralmente, sin demora y de buena fe la tutela de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que protege el derecho a la protesta pacífica y busca evitar los gravísimos abusos policiales de los últimos tiempos. Al menos tres razones justifican esta exigencia.
Primera, por respeto al Estado de derecho, uno de cuyos pilares es la independencia judicial. Los gobiernos pueden discrepar de las decisiones judiciales, pero deben acatarlas. Duque puede solicitar a la Corte Constitucional que revise la sentencia de la CSJ, pero eso no lo releva de cumplirla, pues las órdenes de tutelas son de inmediato cumplimiento, como lo establecen inequívocamente las normas que regulan esta acción constitucional.
Un desacato de la tutela por cualquier autoridad sería una ruptura muy seria del Estado de derecho, que sería aún más grave si es cometida por el propio presidente, quien debe constitucionalmente velar por el “estricto cumplimiento” de la ley y de la Constitución, y por ende de las decisiones judiciales, que concretan estos mandatos.
Segunda, porque la decisión de la CSJ es muy sólida, como lo han destacado numerosos exmagistrados. Su argumentación es además clara y simple.
La CSJ recuerda unos principios constitucionales evidentes: que la protesta es un derecho fundamental cuyo ejercicio es además bueno para la democracia, pues permite que la sociedad discuta y enfrente sus problemas. Por eso la CSJ reitera que las autoridades deben proteger y garantizar la protesta pacífica y no reprimirla ni estigmatizarla.
Luego la CSJ realiza unas constataciones fácticas: muestra que en los últimos tiempos la Policía ha incurrido, en forma repetida y sistemática, en excesos en el uso de la fuerza, que se han traducido en muertes, lesiones serias, detenciones arbitrarias y disoluciones de protestas que eran esencialmente pacíficas. Es obvio que si algunos manifestantes incurren en actos violentos, la Policía puede usar la fuerza para controlarlos. Pero ese uso debe ser proporcionado. Un hecho violento en un sector de una marcha no justifica disolver toda la manifestación ni agredir brutalmente a los protestantes violentos.
La CSJ igualmente constató que el Gobierno ha estigmatizado las protestas, acusándolas de ser la acción de la guerrilla. Y una cosa es que el Eln intente infiltrar las protestas, lo cual puede suceder y condeno vigorosamente, pues la guerrilla no me representa, como tampoco representa a la inmensa mayoría de los manifestantes. Otra cosa es que el Gobierno use ese hecho para descalificar las protestas. Esa descalificación incentiva además el uso excesivo de la fuerza, pues envía este mensaje subliminal a los policías: que están en las calles no para garantizar el orden público y la protesta pacífica, sino para un combate armado con guerrilleros y sus auxiliares.
Estos principios constitucionales y estas constataciones empíricas llevan a la CSJ a formular 14 órdenes, que son duras, pero que se desprenden de esos hallazgos. No puedo resumirlas por límites de espacio, pero destaco algunas: que el ministro de Defensa ofrezca disculpas por los abusos policiales, que las autoridades no estigmaticen las protestas, que se expidan las reglamentaciones y se establezcan las garantías necesarias para asegurar un uso proporcionado de la fuerza por la Policía, y que se suspenda la “escopeta calibre 12”, que ocasionó la muerte de Dilan Cruz, hasta que haya seguridad de que el uso de esa arma será mesurado. Ninguna orden irracional o desbordada. Por el contrario, órdenes razonables para garantizar la protesta pacífica.
Tercera, porque el cumplimiento riguroso de la tutela tendría efectos muy positivos: garantizaría la protesta pacífica, sea de izquierda o derecha, y prevendría abusos policiales. ¿Alguien puede estar en contra de esos propósitos que fortalecen la democracia?
El arranque del cumplimiento de la tutela, con las supuestas disculpas del ministro de Defensa el pasado jueves, ha sido decepcionante. Sus declaraciones lindan con el desacato. O al menos adoptan esa fórmula colonial de “se acata pero no se cumple”. Pero el curso puede ser corregido. Presidente, por favor, cumpla integralmente esta sentencia, que es buena para toda Colombia y para el propio Gobierno.
Posdata. Por transparencia aclaro que desde Dejusticia hemos participado en la tutela que condujo a la decisión de la CSJ, como apoderados de dos de las peticionarias.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
El Gobierno debe cumplir integralmente, sin demora y de buena fe la tutela de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que protege el derecho a la protesta pacífica y busca evitar los gravísimos abusos policiales de los últimos tiempos. Al menos tres razones justifican esta exigencia.
Primera, por respeto al Estado de derecho, uno de cuyos pilares es la independencia judicial. Los gobiernos pueden discrepar de las decisiones judiciales, pero deben acatarlas. Duque puede solicitar a la Corte Constitucional que revise la sentencia de la CSJ, pero eso no lo releva de cumplirla, pues las órdenes de tutelas son de inmediato cumplimiento, como lo establecen inequívocamente las normas que regulan esta acción constitucional.
Un desacato de la tutela por cualquier autoridad sería una ruptura muy seria del Estado de derecho, que sería aún más grave si es cometida por el propio presidente, quien debe constitucionalmente velar por el “estricto cumplimiento” de la ley y de la Constitución, y por ende de las decisiones judiciales, que concretan estos mandatos.
Segunda, porque la decisión de la CSJ es muy sólida, como lo han destacado numerosos exmagistrados. Su argumentación es además clara y simple.
La CSJ recuerda unos principios constitucionales evidentes: que la protesta es un derecho fundamental cuyo ejercicio es además bueno para la democracia, pues permite que la sociedad discuta y enfrente sus problemas. Por eso la CSJ reitera que las autoridades deben proteger y garantizar la protesta pacífica y no reprimirla ni estigmatizarla.
Luego la CSJ realiza unas constataciones fácticas: muestra que en los últimos tiempos la Policía ha incurrido, en forma repetida y sistemática, en excesos en el uso de la fuerza, que se han traducido en muertes, lesiones serias, detenciones arbitrarias y disoluciones de protestas que eran esencialmente pacíficas. Es obvio que si algunos manifestantes incurren en actos violentos, la Policía puede usar la fuerza para controlarlos. Pero ese uso debe ser proporcionado. Un hecho violento en un sector de una marcha no justifica disolver toda la manifestación ni agredir brutalmente a los protestantes violentos.
La CSJ igualmente constató que el Gobierno ha estigmatizado las protestas, acusándolas de ser la acción de la guerrilla. Y una cosa es que el Eln intente infiltrar las protestas, lo cual puede suceder y condeno vigorosamente, pues la guerrilla no me representa, como tampoco representa a la inmensa mayoría de los manifestantes. Otra cosa es que el Gobierno use ese hecho para descalificar las protestas. Esa descalificación incentiva además el uso excesivo de la fuerza, pues envía este mensaje subliminal a los policías: que están en las calles no para garantizar el orden público y la protesta pacífica, sino para un combate armado con guerrilleros y sus auxiliares.
Estos principios constitucionales y estas constataciones empíricas llevan a la CSJ a formular 14 órdenes, que son duras, pero que se desprenden de esos hallazgos. No puedo resumirlas por límites de espacio, pero destaco algunas: que el ministro de Defensa ofrezca disculpas por los abusos policiales, que las autoridades no estigmaticen las protestas, que se expidan las reglamentaciones y se establezcan las garantías necesarias para asegurar un uso proporcionado de la fuerza por la Policía, y que se suspenda la “escopeta calibre 12”, que ocasionó la muerte de Dilan Cruz, hasta que haya seguridad de que el uso de esa arma será mesurado. Ninguna orden irracional o desbordada. Por el contrario, órdenes razonables para garantizar la protesta pacífica.
Tercera, porque el cumplimiento riguroso de la tutela tendría efectos muy positivos: garantizaría la protesta pacífica, sea de izquierda o derecha, y prevendría abusos policiales. ¿Alguien puede estar en contra de esos propósitos que fortalecen la democracia?
El arranque del cumplimiento de la tutela, con las supuestas disculpas del ministro de Defensa el pasado jueves, ha sido decepcionante. Sus declaraciones lindan con el desacato. O al menos adoptan esa fórmula colonial de “se acata pero no se cumple”. Pero el curso puede ser corregido. Presidente, por favor, cumpla integralmente esta sentencia, que es buena para toda Colombia y para el propio Gobierno.
Posdata. Por transparencia aclaro que desde Dejusticia hemos participado en la tutela que condujo a la decisión de la CSJ, como apoderados de dos de las peticionarias.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.