Esta semana la JEP realizó una dramática audiencia sobre los “falsos positivos” cometidos por el Ejército en Casanare y en ella aceptaron responsabilidad varios altos oficiales, como el General (r) Torres Escalante, quien reconoció haberse vuelto “el líder de una organización criminal”.
Las evidencias de esta audiencia coinciden con otras en Norte de Santander, Dabeiba o la costa Caribe y muestran que, a pesar de diversidades regionales, los falsos positivos siguieron un patrón criminal común. Estos asesinatos fueron el resultado de la política de premiar las bajas, por encima de eventuales capturas o del logro de seguridad en un territorio. La presión asfixiante de altos mandos, como el General Montoya, a las unidades militares para que presentaran esas bajas, incluso en regiones en que había pocos combates, generó el incentivo macabro de que oficiales y suboficiales engañaran a jóvenes pobres, que eran secuestrados y asesinados para ser reportados como muertos en combate. El círculo atroz se cerraba porque quienes cometían esos crímenes, en vez de ser sancionados por sus superiores, eran premiados y condecorados y avanzaban en la carrera militar, mientras que quienes se resistían a esas prácticas eran marginados o incluso asesinados, como le sucedió al valiente subteniente Suárez Caro.
El resultado: los falsos positivos fueron masivos entre 2003 y 2008, al punto de que superaron los 6.400 casos, según ha documentado la JEP. Más del doble de todos los asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
Frente a estas evidencias judiciales contundentes, el expresidente Uribe ya no niega que esos crímenes ocurrieron, pero rechaza cualquier responsabilidad. El 28 de junio, en el marco de la audiencia sobre falsos positivos en Dabeiba, Uribe trinó que se sentía engañado, pues les había creído a los oficiales cuando negaron los hechos. Y esta semana emitió un comunicado y un video no solo para cuestionar a la JEP, sino para rechazar cualquier culpa en los falsos positivos, afirmando que había exigido resultados a los militares pero que nunca demandó ni aceptó esos crímenes.
Uribe tiene razón en que no ha sido presentada ninguna prueba de que hubiera ordenado esos falsos positivos. Es más, yo honestamente no creo que los haya ordenado. A pesar de eso, Uribe tiene una grave responsabilidad.
Uribe era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y podría entonces haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes por cuanto parecen reunirse los tres requisitos exigidos por el derecho penal internacional: i) tener mando efectivo, y Uribe tuvo siempre un control claro sobre la Fuerza Pública; ii) tener información disponible de que esos crímenes estaban ocurriendo, y lo cierto es que, desde 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército; y iii) no tomar las medidas para evitar esos crímenes. Y Uribe solo reaccionó en octubre de 2008, cuando llamó a calificar servicio a tres generales y 11 coroneles por posible involucramiento en falsos positivos.
Pero incluso si Uribe no incurrió en la responsabilidad penal de mando, es clara su responsabilidad moral y política. Los falsos positivos no solo fueron una consecuencia de una política de su gobierno, sino que fueron masivos. No resulta creíble que un presidente con el estilo de microgerencia de Uribe haya desconocido semejante macrocriminalidad que fueron los falsos positivos.
Adenda: mis felicitaciones y admiración a la Corporación Jurídica Libertad, de Medellín, al cumplir 30 años de valiosa y valiente defensa de los derechos humanos.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
Esta semana la JEP realizó una dramática audiencia sobre los “falsos positivos” cometidos por el Ejército en Casanare y en ella aceptaron responsabilidad varios altos oficiales, como el General (r) Torres Escalante, quien reconoció haberse vuelto “el líder de una organización criminal”.
Las evidencias de esta audiencia coinciden con otras en Norte de Santander, Dabeiba o la costa Caribe y muestran que, a pesar de diversidades regionales, los falsos positivos siguieron un patrón criminal común. Estos asesinatos fueron el resultado de la política de premiar las bajas, por encima de eventuales capturas o del logro de seguridad en un territorio. La presión asfixiante de altos mandos, como el General Montoya, a las unidades militares para que presentaran esas bajas, incluso en regiones en que había pocos combates, generó el incentivo macabro de que oficiales y suboficiales engañaran a jóvenes pobres, que eran secuestrados y asesinados para ser reportados como muertos en combate. El círculo atroz se cerraba porque quienes cometían esos crímenes, en vez de ser sancionados por sus superiores, eran premiados y condecorados y avanzaban en la carrera militar, mientras que quienes se resistían a esas prácticas eran marginados o incluso asesinados, como le sucedió al valiente subteniente Suárez Caro.
El resultado: los falsos positivos fueron masivos entre 2003 y 2008, al punto de que superaron los 6.400 casos, según ha documentado la JEP. Más del doble de todos los asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
Frente a estas evidencias judiciales contundentes, el expresidente Uribe ya no niega que esos crímenes ocurrieron, pero rechaza cualquier responsabilidad. El 28 de junio, en el marco de la audiencia sobre falsos positivos en Dabeiba, Uribe trinó que se sentía engañado, pues les había creído a los oficiales cuando negaron los hechos. Y esta semana emitió un comunicado y un video no solo para cuestionar a la JEP, sino para rechazar cualquier culpa en los falsos positivos, afirmando que había exigido resultados a los militares pero que nunca demandó ni aceptó esos crímenes.
Uribe tiene razón en que no ha sido presentada ninguna prueba de que hubiera ordenado esos falsos positivos. Es más, yo honestamente no creo que los haya ordenado. A pesar de eso, Uribe tiene una grave responsabilidad.
Uribe era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y podría entonces haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes por cuanto parecen reunirse los tres requisitos exigidos por el derecho penal internacional: i) tener mando efectivo, y Uribe tuvo siempre un control claro sobre la Fuerza Pública; ii) tener información disponible de que esos crímenes estaban ocurriendo, y lo cierto es que, desde 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército; y iii) no tomar las medidas para evitar esos crímenes. Y Uribe solo reaccionó en octubre de 2008, cuando llamó a calificar servicio a tres generales y 11 coroneles por posible involucramiento en falsos positivos.
Pero incluso si Uribe no incurrió en la responsabilidad penal de mando, es clara su responsabilidad moral y política. Los falsos positivos no solo fueron una consecuencia de una política de su gobierno, sino que fueron masivos. No resulta creíble que un presidente con el estilo de microgerencia de Uribe haya desconocido semejante macrocriminalidad que fueron los falsos positivos.
Adenda: mis felicitaciones y admiración a la Corporación Jurídica Libertad, de Medellín, al cumplir 30 años de valiosa y valiente defensa de los derechos humanos.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.