Los falsos positivos según Barbosa

La decisión de la Fiscalía de imputar cargos por falsos positivos al general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército durante el gobierno Uribe, tiene elementos positivos, pero otros muy problemáticos.

Esta decisión es una nueva evidencia judicial de que los falsos positivos —esto es, los asesinatos de miles de jóvenes por parte de integrantes del Ejército para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate— no fueron responsabilidad únicamente de algunas manzanas podridas. El fenómeno tuvo tal magnitud, no sólo por el número de muertes sino también por la cantidad de unidades militares involucradas, que implica inevitablemente la responsabilidad, por acción o por omisión, de ciertos altos mandos.

Esto ya lo había señalado el informe de 2010 del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien dijo que eran “demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegadas”. A la misma conclusión llegó la JEP en sus autos de este año en que ha mostrado no sólo la magnitud del fenómeno, al señalar que fueron más de 6.000 ejecuciones, sino que respondían a ciertos patrones e implicaban la responsabilidad de comandantes de batallones, brigadas e incluso de la II División, ya sea por haber instigado esos asesinatos o por no haber ejercido la adecuada vigilancia sobre sus subordinados.

Es entonces un avance que incluso un fiscal general como Barbosa, muy cercano al Gobierno y al uribismo, concluya que el comandante del Ejército en ese periodo es responsable, como determinador, de esos crímenes, pues confirma que no fueron casos aislados de algunas manzanas podridas. Sin embargo, esa decisión es problemática, al menos por dos razones.

Primero, es ilegal, como lo mostró Yesid Reyes en su última columna y en su entrevista en este periódico. La razón: la Fiscalía debe seguir investigando los crímenes cometidos por militares o policías en el conflicto armado antes del Acuerdo de Paz, pero no puede pronunciarse sobre su responsabilidad pues esa decisión corresponde a la JEP. La Fiscalía no puede entonces imputar cargos, que es una atribución de responsabilidad, sino que debe remitir esas investigaciones a la JEP para que esta se pronuncie sobre esos casos. La decisión de Barbosa creará entonces muchos enredos, que facilitan la impunidad.

Segundo, su fundamento es extraño y puede tener implicaciones muy graves. Según Barbosa, la imputación contra Montoya es porque siguió exigiendo bajas después de noviembre de 2007, con lo cual desobedeció la Directiva 300-28 de esa fecha, que privilegió la desmovilización y las capturas frente a las bajas. Por eso la Fiscalía le imputará “sólo” 104 ejecuciones ocurridas después de esa directiva, cuando hubo miles de falsos positivos en años anteriores y Montoya ya era comandante del Ejército y exigía bajas. ¿Significa entonces que para Barbosa los miles de falsos positivos perpetrados cuando estaba vigente la anterior directiva, que privilegiaba las bajas, no involucran ninguna responsabilidad de altos oficiales a pesar de que exigieran bajas a toda costa como resultado operacional? Si eso es así, ¿quién debe responder por esos falsos positivos perpetrados en los años anteriores? ¿Únicamente los soldados que los perpetraron, pero no quienes incitaron esas muertes por cuanto estaban siguiendo una directiva? ¿Y qué responsabilidad le cabe entonces, según Barbosa, a quienes elaboraron y promovieron la directiva anterior?

Barbosa le debe al país una mejor explicación de su teoría sobre la responsabilidad en falsos positivos de altos mandos, ministros y presidente en ese periodo.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.