Ni justicia ni democracia ambientales

Difícil de entender la decisión del gobierno Duque de no firmar el “Acuerdo de Escazú”, que busca fortalecer en América Latina la justicia y la democracia ambientales y reforzar la protección de los defensores del medioambiente. Es una decisión que contradice muchos de los discursos del presidente sobre su compromiso con el medioambiente, la transparencia y la protección de líderes sociales.

El Acuerdo de Escazú (conocido así por el nombre de la ciudad de Costa Rica en que fue aprobado) es un tratado regional que busca aterrizar y darle dientes al Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que es uno de los documentos fundacionales del derecho ambiental. Según este principio, la mejor forma de robustecer la protección ambiental es “con la participación de todos los ciudadanos interesados”, por lo cual debe garantizarse un acceso adecuado a la información ambiental y deben crearse recursos judiciales efectivos en materia ambiental.

Este propósito explica el nombre oficial completo del tratado, que es un ladrillo, pero que vale la pena mencionar, pues resume su contenido: “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. El tratado hace entonces esencialmente cuatro cosas: i) Incrementa la transparencia en asuntos ambientales, fortaleciendo el derecho ciudadano a acceder a información ambiental y estableciendo deberes proactivos de las autoridades de suministrar esa información; ii) Refuerza la democracia ambiental, pues amplía y fortalece la participación ciudadana en este campo; iii) Mejora la justicia ambiental, pues prevé mecanismos judiciales ambientales, y, iv) Establece una protección especial a los defensores ambientales, a partir de la triste evidencia de que en América Latina estos líderes sociales están en máximo riesgo, en especial en países como el nuestro.

Más transparencia ambiental, más democracia ambiental, más justicia ambiental y más protección a líderes sociales ambientalistas. ¿Qué explica que el gobierno Duque se niegue a firmar un tratado con esos nobles propósitos? La razón dada por la Cancillería es que la suscripción del Acuerdo es innecesaria, pues Colombia ya cuenta con suficientes instrumentos nacionales e internacionales vinculantes en este campo. Esa justificación, sin embargo, no convence.

Supongamos que el acuerdo simplemente repite derechos ciudadanos y obligaciones estatales que ya existen en Colombia. Si así fuera, ¿qué problema tendría ratificar el tratado si solo habría ganancias para el Gobierno, pues sin asumir ninguna nueva obligación, el país reforzaría su credibilidad internacional y contribuiría a la protección ambiental en América Latina?

Mi conjetura es entonces que el gobierno Duque no firma el Acuerdo de Escazú no porque este sea redundante e innecesario, sino por otra razón: porque en realidad el tratado crea nuevas obligaciones y derechos, pero que no gustan al Gobierno. Por ejemplo, el artículo 7 del Acuerdo, que regula la participación pública en decisiones ambientales, daría un buen piso jurídico a las consultas populares para que los municipios puedan aprobar o rechazar la minería que tenga impactos ambientales negativos en sus territorios. Pero el gobierno Duque, continuando la línea extractivista de los gobiernos precedentes (en eso se parecen mucho Santos y el uribismo), no apoya esas consultas populares.

Todo indica que el gobierno Duque busca convencernos de que el Acuerdo de Escazú es inútil, para no asumir el costo político de su rechazo a los importantes mecanismos de democracia y justicia ambientales previstos en ese tratado.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.