El ministro de Defensa, Diego Molano, intentó justificar que el bombardeo al campamento de unas disidencias de las Farc pudiera matar menores, como efectivamente mató a una adolescente, con el argumento de que esos niños guerrilleros son “máquinas de guerra”. Ese hecho doloroso y esa inaceptable declaración del ministro me obligan a retomar los planteamientos de otra columna sobre otro hecho igualmente triste: el bombardeo que en agosto de 2019 mató a ocho menores.
Es obvio que el reclutamiento de menores por grupos armados viola el derecho internacional humanitario (DIH) y constituye un crimen de guerra, por el cual esas disidencias deben responder. Es claro también que aunque el Estado debe hacer lo posible por prevenir esos reclutamientos, la responsabilidad fundamental por la suerte de esos menores recae en los grupos armados. La pregunta que surge es si esos adolescentes guerrilleros, por el hecho de haber entrado a un grupo armado, son un objetivo militar y pueden entonces ser bombardeados, como lo sostiene el ministro Molano al calificarlos de máquinas de guerra.
El ministro se equivoca. Un adolescente en armas puede ser considerado un objetivo militar en circunstancias específicas: cuando participa directamente en un combate. Si una guerrilla utiliza a esos menores en un asalto a un pueblo, el adolescente se convierte en combatiente durante el asalto y la Fuerza Pública puede atacarlo sin violar el DIH.
Sin embargo, el Ejército no puede considerar objetivo militar a esos adolescentes guerrilleros por fuera de esas situaciones de combate pues la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la Universidad McGill en Canadá, sostiene que un menor guerrillero no tiene el mismo estatus que un guerrillero adulto. Ese adolescente debe ser considerado población civil, salvo cuando esté participando directamente en las hostilidades, por cuanto un adolescente reclutado, incluso con su aparente consentimiento, es una víctima pues carece de la autonomía para tomar la decisión de involucrarse en una guerra. Por eso todo reclutamiento de menores es un reclutamiento forzado y un crimen de guerra.
Los adolescentes guerrilleros son víctimas y población civil a ser protegida, salvo cuando participen directamente en las hostilidades. Y esa conclusión se mantiene a pesar de que algunos niños reclutados, tras permanecer muchos años en la guerrilla, lleguen a jefes guerrilleros. Mientras sean niños están protegidos por el DIH, contrariamente a un trino del ministro Molano que sugiere otra cosa: que un niño guerrillero no es una víctima a ser protegida, sino una máquina de guerra en potencia, que deber entonces ser abatida, pues algunos jefes guerrilleros fueron reclutados siendo menores.
Los mandos militares, el ministro y el presidente deben hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento que pretenden atacar hay o no menores, conforme al principio de precaución, que establece que es deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población. Pero en este caso no hubo esfuerzos por prevenir muertes de niños guerrilleros, como tampoco lo hubo en el bombardeo de 2019, pues gracias a una solicitud de información de Dejusticia y Cuestión Pública, se demostró que el Ejército sabía que había menores en el campamento y a pesar de eso bombardeó sin compasión. Y parece que eso seguirá pues para el ministro de Defensa y exdirector del ICBF (no es broma, Molano fue director por varios años del ICBF) los niños guerrilleros no son víctimas que deben ser protegidas, sino máquinas de guerra que deben ser destruidas.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.