Petro y la declaración de derechos del campesinado

Como nuestro conflicto armado ha sido una guerra contra el campesinado, entonces la paz debería ser una paz con y a favor del campesinado. Un paso importante en esa dirección es que el presidente Petro adhiera y respalde internacionalmente la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos del Campesinado (UNDROP por su acrónimo en inglés), lo cual podría hacer inmediatamente.

Como lo estableció la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el campesinado ha sido, junto con los afros y los indígenas, la principal víctima de nuestro conflicto armado, que ha sido entonces una “Guerra contra el campesinado”, como se llama el informe presentado a la Comisión por algunas de las principales organizaciones campesinas, con el apoyo de Dejusticia y del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana.

El campesinado ha enfrentado, además, profundas injusticias y desigualdades: su acceso a la tierra es limitadísimo, su pobreza es mucho mayor a la del resto de la población y su acceso a derechos, como la salud o la educación, mucho peor.

La victimización del campesinado y su discriminación social se han acompañado también de un déficit de reconocimiento. En particular, mientras que la Constitución de 1991 reconoció en forma robusta los derechos de los indígenas y los afros, lo cual es muy positivo, su reconocimiento de los derechos del campesinado es débil, casi inexistente.

Este déficit de reconocimiento ha sido parcialmente corregido por la Corte Constitucional, como lo mostramos en nuestro libro La constitución del campesinado. Pero estos avances jurisprudenciales son aún insuficientes.

En este contexto, la UNDROP adquiere una importancia crucial. Esta declaración fue aprobada el 17 de diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU y establece que el campesinado debe gozar no sólo de todos los derechos humanos, como cualquier persona, sino que además, por la discriminación sufrida y sus particulares condiciones de vida, debe garantizársele ciertos derechos especiales, como el derecho a la tierra o a usar sus propias semillas.

La UNDROP, aunque no es un tratado vinculante, es entonces un poderoso instrumento jurídico y político para superar los déficits de reconocimiento y redistribución enfrentados por el campesinado pues expresa un acuerdo de las naciones sobre los derechos campesinos, por lo cual se convierte en un documento de referencia en este campo.

Infortunadamente el Gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente la UNDROP, sin nunca dar una buena explicación de esa desconcertante decisión. Este nuevo desconocimiento del campesinado por el Gobierno anterior debería ser corregido por el nuevo Gobierno, que ha demostrado sintonía con los reclamos históricos del campesinado. Para ello basta que el presidente Petro declare que respalda y adhiere a la UNDROP e instruya a sus embajadores para que hagan una declaración formal en tal sentido ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esto es perfectamente posible. Por ejemplo, en un caso semejante, Canadá votó en contra de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 pero ulteriormente, en 2010, corrigió su error y respaldó dicho documento.

Esta adhesión del Estado colombiano a la UNDROP robustecería la fuerza jurídica y política internacional de esta declaración, por lo cual es compatible y complementaria al importante proyecto de reforma constitucional que avanza en el Congreso para otorgar fuerza jurídica interna a dicha declaración. Un buen escenario para que el presidente hiciera ese anuncio podría ser la Convención Nacional Campesina que se reunirá del 2 al 4 de diciembre próximo.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.