En febrero de 2017 escribí una columna (“¡Basta ya!”) condenando los asesinatos de líderes sociales e invitando a un pacto político y social contra esa violencia. En febrero de este año, escribí otra columna muy parecida (“Por un pacto contra los asesinatos”) reiterando mi condena y explicando un poco más la propuesta. Unos meses después debo, con dolor y vergüenza, plagiar prácticamente esas dos columnas pues el fenómeno persiste e incluso se ha agravado.
Las cifras son escalofriantes: según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 hasta junio de 2018. Estos crímenes tienen que ser prevenidos y sancionados, no sólo por el drama humano detrás de cada cifra, sino porque esos asesinatos minan nuestra precaria democracia y debilitan los lazos comunitarios y las posibilidades de la paz. La evidencia acumulada muestra además que esta violencia tiene cierta sistematicidad: muchas de las víctimas están vinculadas a reclamos de tierras o a la defensa de la sustitución de cultivos o del medio ambiente. Esta nueva guerra sucia reproduce entonces un terrible patrón de nuestra historia, que ha sido ampliamente documentado, conforme al cual los esfuerzos de apertura democrática suelen ser violentamente cerrados por un aumento de la violencia regional contra los líderes sociales.
Infortunadamente en este punto, el gobierno Santos, que tanto hizo por la paz, se rajó, a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios, como el ministro del Interior. Pero más que el gobierno Santos, es todo el Estado y la sociedad los que estamos fracasando, por lo que surge la obvia pregunta: ¿qué podemos hacer para parar esta matazón?
No hay respuesta fácil: el profesor Gutiérrez Sanín propuso en su última columna cuatro importantes elementos de respuesta, que comparto. En consonancia con ellos, quisiera reiterar la propuesta de un pacto de todas las fuerzas políticas que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras.
En otros países se han hecho pactos de ese tipo, como, por ejemplo, en España, en donde las principales fuerzas políticas suscribieron en 2000 un pacto condenando inequívocamente la violencia terrorista de Eta, después de haber alcanzado otros acuerdos previos (los llamados Pactos de Madrid, Ajuria-Enea y Navarra). Esos pactos acabaron cualquier asomo de legitimidad de los atentados de Eta.
Un pacto de esa naturaleza es importante hoy en Colombia pues creo que la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos que con diversos propósitos perpetran esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban por cuanto no los han rechazado explícitamente. Un pacto de condena de esos crímenes por las principales fuerzas políticas eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría a esos crímenes de cualquier asomo de legitimidad, lo cual no sólo podría inhibir a ciertos actores locales de persistir en esa violencia, sino que fortalecería la capacidad del Gobierno de prevenir esos crímenes y la de la Fiscalía de investigarlos para que sus responsables sean sancionados.
La condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional, a pesar de nuestras diferencias. Los distintos líderes tienen entonces la responsabilidad de suscribir ese pacto, sin intentar sacar provecho político propio de ese doloroso drama; nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de movilizarnos para presionar soluciones para que termine este exterminio.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
También le puede interesar: ¿Cuáles han sido las principales promesas de los presidentes en Colombia y qué tanto las cumplen?
En febrero de 2017 escribí una columna (“¡Basta ya!”) condenando los asesinatos de líderes sociales e invitando a un pacto político y social contra esa violencia. En febrero de este año, escribí otra columna muy parecida (“Por un pacto contra los asesinatos”) reiterando mi condena y explicando un poco más la propuesta. Unos meses después debo, con dolor y vergüenza, plagiar prácticamente esas dos columnas pues el fenómeno persiste e incluso se ha agravado.
Las cifras son escalofriantes: según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 hasta junio de 2018. Estos crímenes tienen que ser prevenidos y sancionados, no sólo por el drama humano detrás de cada cifra, sino porque esos asesinatos minan nuestra precaria democracia y debilitan los lazos comunitarios y las posibilidades de la paz. La evidencia acumulada muestra además que esta violencia tiene cierta sistematicidad: muchas de las víctimas están vinculadas a reclamos de tierras o a la defensa de la sustitución de cultivos o del medio ambiente. Esta nueva guerra sucia reproduce entonces un terrible patrón de nuestra historia, que ha sido ampliamente documentado, conforme al cual los esfuerzos de apertura democrática suelen ser violentamente cerrados por un aumento de la violencia regional contra los líderes sociales.
Infortunadamente en este punto, el gobierno Santos, que tanto hizo por la paz, se rajó, a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios, como el ministro del Interior. Pero más que el gobierno Santos, es todo el Estado y la sociedad los que estamos fracasando, por lo que surge la obvia pregunta: ¿qué podemos hacer para parar esta matazón?
No hay respuesta fácil: el profesor Gutiérrez Sanín propuso en su última columna cuatro importantes elementos de respuesta, que comparto. En consonancia con ellos, quisiera reiterar la propuesta de un pacto de todas las fuerzas políticas que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras.
En otros países se han hecho pactos de ese tipo, como, por ejemplo, en España, en donde las principales fuerzas políticas suscribieron en 2000 un pacto condenando inequívocamente la violencia terrorista de Eta, después de haber alcanzado otros acuerdos previos (los llamados Pactos de Madrid, Ajuria-Enea y Navarra). Esos pactos acabaron cualquier asomo de legitimidad de los atentados de Eta.
Un pacto de esa naturaleza es importante hoy en Colombia pues creo que la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos que con diversos propósitos perpetran esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban por cuanto no los han rechazado explícitamente. Un pacto de condena de esos crímenes por las principales fuerzas políticas eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría a esos crímenes de cualquier asomo de legitimidad, lo cual no sólo podría inhibir a ciertos actores locales de persistir en esa violencia, sino que fortalecería la capacidad del Gobierno de prevenir esos crímenes y la de la Fiscalía de investigarlos para que sus responsables sean sancionados.
La condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional, a pesar de nuestras diferencias. Los distintos líderes tienen entonces la responsabilidad de suscribir ese pacto, sin intentar sacar provecho político propio de ese doloroso drama; nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de movilizarnos para presionar soluciones para que termine este exterminio.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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