El mundo ha enfrentado el problema del abuso de ciertas sustancias sicoativas, como la marihuana o la cocaína, mediante la criminalización no sólo de su producción y tráfico, sino incluso de su consumo.
Esta política ha mostrado su irracionalidad por sus propios resultados prácticos: la prohibición de esas drogas no ha logrado reducir ni su oferta ni su consumo, pero por el contrario ha generado efectos perversos muy graves: una economía ilícita (el narcotráfico) muy dinámica, con mafias con una capacidad de violencia y corrupción tan grandes que han desestabilizado a muchos países; el sometimiento de los consumidores a redes de distribución criminales; el incremento descomunal de personas encarceladas que raramente son grandes capos del narcotráfico pues usualmente son pequeños cultivadores o distribuidores, o incluso simples consumidores. Y muchos más efectos negativos.
Frente a este panorama desolador, en los últimos años hubo algunos vientos para reformar estas políticas, en un sentido humanista y con una perspectiva de salud pública. Colombia parecía haber entrado en este reformismo razonable, pero últimamente han surgido propuestas que implican graves retrocesos.
Un ejemplo es el proyecto del fiscal de limitar rígidamente la llamada “dosis de aprovisionamiento”.
Como es sabido, desde la Sentencia C-221 de 1994, una persona no puede ser penalizada si porta menos que la llamada “dosis mínima”, que es la cantidad que la ley presume que es dedicada al consumo personal, por ejemplo un gramo de cocaína. Pero si la persona tenía un poco más que esa dosis (por ejemplo tres gramos), era encarcelada como traficante por varios años, a pesar de que fuera un simple consumidor. Para evitar esa injusticia, la Corte Suprema estableció que no podía ser penalizado quien fuera sorprendido con cantidades superiores a la dosis mínima, pero sin que hubiera pruebas de que estuviera dedicada al tráfico, pues se entendía que esa cantidad era una dosis de “aprovisionamiento” para consumo personal. No hablamos de personas que portaran kilos de cocaína, sino una cantidad que, dadas sus circunstancias particulares, pudiera entenderse que era para consumo.
Con el argumento de que el microtráfico ha crecido enormemente y debe ser combatido, el fiscal propone establecer un límite rígido a la dosis de aprovisionamiento, que sería máximo el doble de la dosis mínima. Si su proyecto es aprobado, toda persona que sea encontrada con más de dos gramos de cocaína sería automáticamente considerada traficante, con lo cual recibiría una pena de varios años de cárcel, a pesar de que esa cantidad fuera para consumo personal.
Estos umbrales rígidos para la dosis de aprovisionamiento no tienen bases científicas pues no toman en cuenta las prácticas de consumo y aprovisionamiento de distintos consumidores. Por ejemplo, algunos de ellos prefieren comprar en grupo cantidades mayores para limitar su contacto con el mercado ilícito. Si son sorprendidos después de esa compra, serían encarcelados como traficantes, sin que la Fiscalía hubiera probado nunca que se trataba de traficantes.
Es claro que son necesarias estrategias frente al microtráfico, que es un problema serio que preocupa a la ciudadanía. Pero la propuesta del fiscal no es el camino pues se traducirá inevitablemente en la criminalización de muchos consumidores, a pesar de que constitucionalmente el consumo no puede ser criminalizado y de que la cárcel no ha servido de nada para los usuarios de drogas. Ojalá el Congreso rechace esta propuesta y otras semejantes, que espero analizar en próximos escritos. Lo que la política de drogas requiere son dosis, aunque sean mínimas, de razonabilidad y humanismo, en vez de esta sobredosis de punitivismo que nos propone el fiscal.
* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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El mundo ha enfrentado el problema del abuso de ciertas sustancias sicoativas, como la marihuana o la cocaína, mediante la criminalización no sólo de su producción y tráfico, sino incluso de su consumo.
Esta política ha mostrado su irracionalidad por sus propios resultados prácticos: la prohibición de esas drogas no ha logrado reducir ni su oferta ni su consumo, pero por el contrario ha generado efectos perversos muy graves: una economía ilícita (el narcotráfico) muy dinámica, con mafias con una capacidad de violencia y corrupción tan grandes que han desestabilizado a muchos países; el sometimiento de los consumidores a redes de distribución criminales; el incremento descomunal de personas encarceladas que raramente son grandes capos del narcotráfico pues usualmente son pequeños cultivadores o distribuidores, o incluso simples consumidores. Y muchos más efectos negativos.
Frente a este panorama desolador, en los últimos años hubo algunos vientos para reformar estas políticas, en un sentido humanista y con una perspectiva de salud pública. Colombia parecía haber entrado en este reformismo razonable, pero últimamente han surgido propuestas que implican graves retrocesos.
Un ejemplo es el proyecto del fiscal de limitar rígidamente la llamada “dosis de aprovisionamiento”.
Como es sabido, desde la Sentencia C-221 de 1994, una persona no puede ser penalizada si porta menos que la llamada “dosis mínima”, que es la cantidad que la ley presume que es dedicada al consumo personal, por ejemplo un gramo de cocaína. Pero si la persona tenía un poco más que esa dosis (por ejemplo tres gramos), era encarcelada como traficante por varios años, a pesar de que fuera un simple consumidor. Para evitar esa injusticia, la Corte Suprema estableció que no podía ser penalizado quien fuera sorprendido con cantidades superiores a la dosis mínima, pero sin que hubiera pruebas de que estuviera dedicada al tráfico, pues se entendía que esa cantidad era una dosis de “aprovisionamiento” para consumo personal. No hablamos de personas que portaran kilos de cocaína, sino una cantidad que, dadas sus circunstancias particulares, pudiera entenderse que era para consumo.
Con el argumento de que el microtráfico ha crecido enormemente y debe ser combatido, el fiscal propone establecer un límite rígido a la dosis de aprovisionamiento, que sería máximo el doble de la dosis mínima. Si su proyecto es aprobado, toda persona que sea encontrada con más de dos gramos de cocaína sería automáticamente considerada traficante, con lo cual recibiría una pena de varios años de cárcel, a pesar de que esa cantidad fuera para consumo personal.
Estos umbrales rígidos para la dosis de aprovisionamiento no tienen bases científicas pues no toman en cuenta las prácticas de consumo y aprovisionamiento de distintos consumidores. Por ejemplo, algunos de ellos prefieren comprar en grupo cantidades mayores para limitar su contacto con el mercado ilícito. Si son sorprendidos después de esa compra, serían encarcelados como traficantes, sin que la Fiscalía hubiera probado nunca que se trataba de traficantes.
Es claro que son necesarias estrategias frente al microtráfico, que es un problema serio que preocupa a la ciudadanía. Pero la propuesta del fiscal no es el camino pues se traducirá inevitablemente en la criminalización de muchos consumidores, a pesar de que constitucionalmente el consumo no puede ser criminalizado y de que la cárcel no ha servido de nada para los usuarios de drogas. Ojalá el Congreso rechace esta propuesta y otras semejantes, que espero analizar en próximos escritos. Lo que la política de drogas requiere son dosis, aunque sean mínimas, de razonabilidad y humanismo, en vez de esta sobredosis de punitivismo que nos propone el fiscal.
* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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