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Una de las consecuencias más negativas de la globalización es la llamada “competencia a la baja impositiva”, que consiste en que algunos Estados optan por tarifas impositivas muy reducidas para atraer capitales o para que los billonarios les lleven su riqueza.
Esas políticas pueden parecer racionales individualmente, pues a veces atraen mucha riqueza y capitales. Sin embargo, el resultado colectivo es desastroso ya que erosionan la capacidad de los Estados de recolectar suficientes impuestos para cumplir sus funciones, desarrollar sus programas sociales y redistribuir la riqueza para evitar desigualdades corrosivas. Si Estados como Francia o Alemania mantienen sus tarifas impositivas altas y progresivas para los más ricos, que es lo justo, entonces algunas empresas o los billonarios de esos países pueden optar por trasladar sus sedes o patrimonios a otros países más amables impositivamente, como sus vecinos Irlanda o Luxemburgo.
Esta competencia a la baja impositiva no sólo ha entonces erosionado la capacidad tributaria de los otros países sino que ha beneficiado esencialmente a los más ricos del mundo y a las grandes multinacionales. Resultado: incremento de la desigualdad y menor capacidad de los Estados para satisfacer los derechos de su población.
Debido a esos efectos, varias instancias internacionales de derechos humanos de la ONU, como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales o el Comité de Derechos del Niño, han concluido que la competencia a la baja tributaria es una violación de las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos. Los Estados deben cooperar internacionalmente para asegurar el respeto universal de los derechos humanos, como lo establecen los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU, y por ello no sólo deben respetar y garantizar los derechos humanos en su territorio sino que tienen obligaciones más allá de este, entre las cuales, al menos, la siguiente: no obstaculizar que otros Estados garanticen los derechos de su población. Y la competencia a la baja tributaria viola esa obligación.
La versión más extrema y perversa de esas estrategias de competencia a la baja tributaria son los llamados paraísos fiscales, que son lugares que no sólo establecen tarifas mínimas, casi nulas, sino que además incorporan un secreto bancario reforzado y sus autoridades son reacias a cooperar con otros países para combatir la evasión y la elusión tributarias, por lo cual facilitan también el lavado de ganancias provenientes de actividades criminales. Esos paraísos fiscales incluyen no sólo algunas exóticas islas tropicales sino también varios Estados europeos como Andorra, Liechtenstein y Mónaco.
La lucha contra los paraísos fiscales y la competencia a la baja tributaria es un elemento esencial de cualquier esfuerzo por lograr un mundo más justo. Y hay ideas importantes al respecto: por ejemplo, establecer, como lo ha propuesto ICRIT (un centro de pensamiento sobre el tema en el que participan economistas como Stiglitz o Piketty), una tarifa mínima corporativa global de 25 % sobre las ganancias, que toda multinacional deba pagar en los lugares en que desarrolla sus actividades. La reciente decisión de la OCDE de impulsar un acuerdo global sobre la tributación de grandes multinacionales es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente ya que la tarifa prevista (15 %) es demasiado baja y los mecanismos de cobro beneficiarían a los países más ricos. Por eso resulta interesante la iniciativa de varios países del Sur Global de impulsar en la ONU un tratado fiscal en esa dirección. Iniciativa que los gobiernos progresistas de la región, como el de Chile, Colombia y próximamente Brasil, deberían apoyar vigorosamente.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.