Irónicamente, lo que le ha faltado al Estado frente a la isla de Providencia, arrasada por el huracán Iota, es precisamente providencia.
Además del sentido bíblico (asociado con Dios) y jurídico (ciertas decisiones judiciales), la palabra providencia significa prevención, pues es la disposición anticipada a tomar medidas con cierto propósito, en particular para prevenir o remediar un daño. La calamidad ocasionada por el huracán desnudó lo que los conocedores de la isla saben desde hace años: que el Gobierno central no ha tenido providencia con Providencia, pues no ha tomado medidas adecuadas para mejorar el bienestar de sus pobladores, ni para prevenir daños como los de este huracán, ni para adaptar la isla a los desafíos del cambio climático, que serán enormes.
Un ejemplo significativo de ese abandono estatal es el hecho, señalado por la representante del archipiélago Elizabeth Jay-Pang Díaz, de que hace más de diez años no ha habido nacimientos en Providencia, pues el puesto de salud es (o era, quedó destruido) tan precario, que las mujeres embarazadas tienen que viajar a San Andrés.
En esta dolorosa crisis para el archipiélago, en que la calamidad por el huracán se suma a los impactos devastadores de la pandemia por la caída del turismo, el Estado tiene que tomar medidas urgentes de asistencia humanitaria para superar los retos más vitales, como provisión de refugio, alimentos, medicamentos y agua potable. Hay otro desafío del cual no se habla mucho, pero que es esencial enfrentar en forma inmediata, pues sus efectos, aunque menos visibles, también pueden ser devastadores: evitar que la terrible situación que hoy viven los raizales pueda conducir a un acaparamiento de sus tierras por agentes privados.
Ese temor es fundado. Hay cierta evidencia de que tragedias humanitarias semejantes ocurridas en otras partes del mundo en territorios atractivos para grandes inversiones han ocasionado acaparamientos de tierras, pues en esos momentos las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad están dispuestas a vender sus terrenos a precio de huevo para enfrentar sus urgencias y angustias. Y muchos inversionistas aprovechan esos sufrimientos para acaparar legalmente esas tierras.
En Providencia ese riesgo es claro, porque es una isla atractiva para grandes inversiones turísticas, a las cuales los raizales se han resistido. Además, la tenencia de la tierra de los habitantes en la isla se caracteriza por una alta informalidad, debido a su carácter ancestral. Pocos tienen títulos de propiedad. Muchos raizales temen entonces que no puedan retornar a sus terrenos o que la crisis lleve a muchos a vender sus tierras por precios muy bajos para grandes proyectos hoteleros. Esto tendría no solo efectos ambientales negativos, sino que sería un golpe brutal al pueblo raizal y a su cultura.
Esto puede y debe prevenirse, para lo cual el gobierno Duque debería adoptar, con base en las facultades otorgadas por la declaratoria de situación de desastre en el archipiélago, al menos estas cuatro medidas: i) dada la informalidad de la tenencia, realizar, junto con la comunidad, una clarificación de quienes ocupaban los distintos predios antes del desastre; ii) un congelamiento del mercado de tierras; iii) un control de la llegada de terceros a la isla, mientras dura la reconstrucción, y iv) activar el derecho de consulta previa con los raizales para la reconstrucción de la isla, lo cual es no solo una obligación constitucional, sino que permite involucrar a la población en las decisiones sobre su futuro.
¿Superará el gobierno Duque esta negativa tradición de que el Gobierno central carece de cualquier providencia con Providencia?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Irónicamente, lo que le ha faltado al Estado frente a la isla de Providencia, arrasada por el huracán Iota, es precisamente providencia.
Además del sentido bíblico (asociado con Dios) y jurídico (ciertas decisiones judiciales), la palabra providencia significa prevención, pues es la disposición anticipada a tomar medidas con cierto propósito, en particular para prevenir o remediar un daño. La calamidad ocasionada por el huracán desnudó lo que los conocedores de la isla saben desde hace años: que el Gobierno central no ha tenido providencia con Providencia, pues no ha tomado medidas adecuadas para mejorar el bienestar de sus pobladores, ni para prevenir daños como los de este huracán, ni para adaptar la isla a los desafíos del cambio climático, que serán enormes.
Un ejemplo significativo de ese abandono estatal es el hecho, señalado por la representante del archipiélago Elizabeth Jay-Pang Díaz, de que hace más de diez años no ha habido nacimientos en Providencia, pues el puesto de salud es (o era, quedó destruido) tan precario, que las mujeres embarazadas tienen que viajar a San Andrés.
En esta dolorosa crisis para el archipiélago, en que la calamidad por el huracán se suma a los impactos devastadores de la pandemia por la caída del turismo, el Estado tiene que tomar medidas urgentes de asistencia humanitaria para superar los retos más vitales, como provisión de refugio, alimentos, medicamentos y agua potable. Hay otro desafío del cual no se habla mucho, pero que es esencial enfrentar en forma inmediata, pues sus efectos, aunque menos visibles, también pueden ser devastadores: evitar que la terrible situación que hoy viven los raizales pueda conducir a un acaparamiento de sus tierras por agentes privados.
Ese temor es fundado. Hay cierta evidencia de que tragedias humanitarias semejantes ocurridas en otras partes del mundo en territorios atractivos para grandes inversiones han ocasionado acaparamientos de tierras, pues en esos momentos las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad están dispuestas a vender sus terrenos a precio de huevo para enfrentar sus urgencias y angustias. Y muchos inversionistas aprovechan esos sufrimientos para acaparar legalmente esas tierras.
En Providencia ese riesgo es claro, porque es una isla atractiva para grandes inversiones turísticas, a las cuales los raizales se han resistido. Además, la tenencia de la tierra de los habitantes en la isla se caracteriza por una alta informalidad, debido a su carácter ancestral. Pocos tienen títulos de propiedad. Muchos raizales temen entonces que no puedan retornar a sus terrenos o que la crisis lleve a muchos a vender sus tierras por precios muy bajos para grandes proyectos hoteleros. Esto tendría no solo efectos ambientales negativos, sino que sería un golpe brutal al pueblo raizal y a su cultura.
Esto puede y debe prevenirse, para lo cual el gobierno Duque debería adoptar, con base en las facultades otorgadas por la declaratoria de situación de desastre en el archipiélago, al menos estas cuatro medidas: i) dada la informalidad de la tenencia, realizar, junto con la comunidad, una clarificación de quienes ocupaban los distintos predios antes del desastre; ii) un congelamiento del mercado de tierras; iii) un control de la llegada de terceros a la isla, mientras dura la reconstrucción, y iv) activar el derecho de consulta previa con los raizales para la reconstrucción de la isla, lo cual es no solo una obligación constitucional, sino que permite involucrar a la población en las decisiones sobre su futuro.
¿Superará el gobierno Duque esta negativa tradición de que el Gobierno central carece de cualquier providencia con Providencia?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.