¿Reformar el Acuerdo de Paz o ajustar su implementación?

Sería triste que el gobierno de Duque se empecinara en introducir reformas unilaterales al Acuerdo Final de Paz (AFP) con las Farc, pues no solo entraría en un terreno fangoso en el que podría empantanarse sino que, además, sería muy negativo para el país.

Primero, porque una reforma unilateral del AFP es muy difícil y sus efectos son inciertos, pues la estabilidad jurídica del acuerdo está garantizada constitucionalmente por tres periodos presidenciales. Además, muchos de sus contenidos más sensibles fueron constitucionalizados específicamente, como la creación de la JEP o la transformación política de las Farc (en plural, esto es, esa guerrilla que tantas atrocidades injustificables cometió) en la FARC (en singular; esto es, ese movimiento que se ha sometido a nuestro Estado de derecho). Deshacer esos mandatos constitucionales no solo es una tarea compleja y larga sino que, además, lo que algunos pretenden es imposible de lograr. Por ejemplo, algunos quisieran imponer cárcel a todos los responsables de crímenes atroces, en vez de que puedan tener en ciertos casos la pena alternativa de restricción efectiva de la libertad con sanciones restauradoras. Pero eso sería una pena retroactiva que está prohibida por el derecho internacional.

Segundo, porque el AFP, aunque no sea un tratado, tiene una cierta fuerza jurídica internacional, por ser un acuerdo especial humanitario, acompañado de una declaración presidencial de reconocimiento internacional del acuerdo. Una reforma unilateral del AFP nos metería en un complejo debate jurídico de si Colombia está incumpliendo o no sus obligaciones internacionales.

Pero más allá de esas controversias jurídicas, que no son menores, una tentativa de reforma unilateral del AFP tendría graves efectos políticos: aumentaría la polarización; incrementaría las deserciones de guerrilleros desmovilizados, que sentirían que fueron engañados, pues dejaron las armas con un AFP que luego les es modificado. Sería casi un acto de perfidia del Estado colombiano, que logró la desmovilización de las Farc con la promesa de cumplir un acuerdo que luego modifica unilateralmente, lo cual, además, haría perder toda credibilidad al Estado colombiano puesto que ese AFP fue firmado por el presidente, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional. Es entonces un compromiso estatal que debe ser cumplido; y sin embargo, el nuevo Gobierno trataría de modificarlo unilateralmente.

Una reforma unilateral del AFP es muy problemática. Y no es válido el argumento de algunos uribistas de que en todo caso hay que hacerla, pues la segunda vuelta presidencial habría impuesto un mandato popular en ese sentido ya que, como mostraré en otros escritos, ese mandato popular simplemente no existe. El nuevo Gobierno tiene en cambio una mejor opción, porque con ella podría disminuir la polarización que nos envenena y garantizar mejor los derechos de las víctimas: preservar el AFP, pero impulsar una concertación entre las distintas fuerzas políticas, incluida la FARC, para realizar ajustes, incluso profundos, a su implementación.

Estos ajustes son convenientes, pues la implementación del AFP, a pesar de avances importantes, tiene problemas y requiere mejoras significativas, por ejemplo en la reinserción de la guerrillerada. Además, si esos ajustes a la implementación resultan de un acuerdo político amplio, que incluya a la FARC, no serían unilaterales y tal vez dejaríamos de estar divididos en torno a la paz, que no sería ya la paz de Santos y las Farc, como algunos la consideran, para convertirse progresivamente (no pierdo esa ilusión) en la paz de todos los colombianos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.