Una de mis grandes alegrías profesionales es la de llevar más de 30 años como profesor de la Universidad Nacional (UNAL). Aunque la UNAL enfrenta las divisiones internas, las trabas burocráticas y las mezquindades propias a casi todas las instancias académicas (los profesores somos bípedos complicados), he encontrado en ella colegas excepcionales y un estudiantado maravilloso. Mi experiencia no es única: es compartida por la inmensa mayoría de los docentes y estudiantes, lo cual explica el enorme cariño que todos los que la integramos o la han integrado hemos desarrollado por la UNAL, que es, además, un valiosísimo patrimonio de toda Colombia.
Por esas razones y otras, la aguda crisis que vive la UNAL nos es muy dolorosa a muchos y requiere ser superada lo más rápidamente posible con total respeto por la autonomía universitaria y el derecho a la educación. Esto exige grandeza y generosidad de quienes pueden tomar las decisiones claves, pero también de quienes hemos estado, de una manera u otra, involucrados en esta difícil y polarizada discusión pública.
He sostenido, como muchos otros, que la designación como rector del profesor Ismael Peña por el Consejo Superior Universitario (CSU) es no sólo de una legitimidad precaria, por haber ignorado la consulta entre profesores, estudiantes y egresados, sino que, además, es jurídicamente nula por haber violado los estatutos y reglamentos de la UNAL, como lo detallé en mi artículo en La Silla Vacía y en la demanda presentada ante el Consejo de Estado con los profesores Alberto Yepes y Leopoldo Múnera. Muchos profesores hemos sostenido que la autoposesión de Ismael Peña como rector no sólo es nula sino incluso inexistente, pues fue de tal arbitrariedad que no reúne los requisitos mínimos para ser considerada una posesión, por lo cual estimamos que no produce efectos jurídicos y que hoy no hay rector en la UNAL. He sostenido igualmente que la resolución del ministro de Educación encargado para ejercer la inspección y vigilancia sobre la UNAL, Juan David Correa, no viola ni destruye la autonomía universitaria —conforme la entiende la Corte Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia C-491 de 2016—, por cuanto le ordena al CSU que saque a la UNAL de la crisis nombrando un rector encargado. Estoy convencido de que, dada la vacancia en la rectoría y la crispación de los ánimos, la mejor salida a esta crisis es que el CSU nombre un rector o una rectora en encargo, respetable, competente, que brinde garantías a todo el mundo y que ejerza el cargo mientras se aclara jurídicamente la legalidad de la designación del profesor Peña como rector y de su autoposesión. Y que todos nos comprometamos a aceptar las decisiones judiciales al respecto. Por transparencia, aclaro nuevamente que nos conocemos con el profesor Múnera desde hace décadas y hemos colaborado en muchas actividades docentes.
Estas son las tesis que de buena fe muchos hemos sostenido; sigo creyendo que son correctas. Sin embargo, acepto no sólo que puedo estar equivocado sino que puede haber mucho mejores opciones. Es el momento de que calmemos nuestros ánimos y seamos creativos y capaces de encontrar, ojalá en la UNAL misma, una salida a esta crisis. Nuestro bien superior debe ser la defensa de la universidad pública, de su autonomía y del derecho a la educación. Invito al Gobierno, a todos los colegas, estudiantes, egresados y en particular a los integrantes del CSU y a los profesores Peña y Múnera a que demostremos la grandeza y generosidad necesarias para superar esta crisis.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.