Es alentadora la noticia de que varias posibles vacunas contra el COVID-19 estarían mostrando buenos resultados en términos de seguridad y eficacia. Sin embargo, hay también informaciones preocupantes sobre las formas de aprobación, producción y distribución de estas. Aporto elementos para una discusión pública más informada sobre el tema, que es necesaria y urgente, porque el Congreso tramita a toda velocidad un proyecto sobre vacunas para COVID-19 (PL 284 Cámara) que tiene aspectos problemáticos, y el Gobierno está tomando decisiones poco transparentes en este campo.
Esta noticia sobre posibles vacunas para el COVID-19 está basada en la información suministrada por las propias farmacéuticas, que obviamente son la parte interesada. Por eso es importante permitir que las autoridades sanitarias de los distintos países puedan evaluar, con independencia y sin presiones, esa información para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas antes de aprobarlas. Aquí hay un primer punto problemático del PL 284 Cámara, como fue aprobado en primer debate, y es que sin justificación clara crea una nueva instancia de evaluación de los efectos adversos de las vacunas, desplazando al Invima, que es la agencia sanitaria que tiene esa competencia. ¿Por qué esta desarticulación de la institucionalidad sanitaria? ¿En quién recaería la responsabilidad de protección de la salud pública por eventos adversos si las decisiones entre esa nueva instancia y el Invima son contradictorias?
De otro lado, la perspectiva de una vacuna ha llevado a una competencia entre los Estados para obtener acuerdos con las farmacéuticas y lograr prioridad en el suministro de vacunas. Este nacionalismo es políticamente comprensible, pero es un desastre humanitario y sanitario a escala global, por lo cual es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, como lo discutiré en otro escrito. En esta columna quiero centrarme en sus efectos en Colombia, pues el gobierno Duque ha entrado de lleno en esa competencia nacionalista por la vacuna y ha tomado dos decisiones poco transparentes.
Primera, ha dicho que ya negoció el acceso a 20 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, pero no sabemos cuál vacuna, ni en qué condiciones, ni a qué costo. Esos temas no son menores, pues los precios varían mucho: por ejemplo, la de AstraZeneca/Oxford costaría US$4, mientras que la de Moderna valdría US$33, lo cual es significativo pues hablamos de millones de dosis. Además, hay vacunas que por sus condiciones extremas de refrigeración pueden ser de difícil distribución en muchas partes de Colombia.
Segunda, al parecer el Gobierno negoció con las farmacéuticas cláusulas para reducir drásticamente su responsabilidad. Por eso, el texto aprobado en primer debate del PL 284 Cámara señala que esos fabricantes solo responden por los efectos adversos de las vacunas si hubo de parte de la farmacéutica dolo, es decir, mala intención o culpa grave, que es cometer una imprudencia extrema. A diferencia de todos los demás comerciantes, no responderían entonces por las faltas de cuidado ordinarias. Uno no encuentra en las ponencias del Senado ni de la Cámara ninguna explicación sólida por esta drástica reducción de responsabilidad a las farmacéuticas, que no solo es injustificada sino que además envía un mensaje muy problemático a la ciudadanía: que esas vacunas no serían seguras, con lo cual la resistencia a recibirlas se incrementaría.
Es esperanzador que exista la perspectiva de múltiples vacunas contra el COVID-19, pero el gobierno Duque nos debe varias explicaciones. Y el Congreso no debería aprobar esa ley sin que esos interrogantes sean respondidos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Es alentadora la noticia de que varias posibles vacunas contra el COVID-19 estarían mostrando buenos resultados en términos de seguridad y eficacia. Sin embargo, hay también informaciones preocupantes sobre las formas de aprobación, producción y distribución de estas. Aporto elementos para una discusión pública más informada sobre el tema, que es necesaria y urgente, porque el Congreso tramita a toda velocidad un proyecto sobre vacunas para COVID-19 (PL 284 Cámara) que tiene aspectos problemáticos, y el Gobierno está tomando decisiones poco transparentes en este campo.
Esta noticia sobre posibles vacunas para el COVID-19 está basada en la información suministrada por las propias farmacéuticas, que obviamente son la parte interesada. Por eso es importante permitir que las autoridades sanitarias de los distintos países puedan evaluar, con independencia y sin presiones, esa información para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas antes de aprobarlas. Aquí hay un primer punto problemático del PL 284 Cámara, como fue aprobado en primer debate, y es que sin justificación clara crea una nueva instancia de evaluación de los efectos adversos de las vacunas, desplazando al Invima, que es la agencia sanitaria que tiene esa competencia. ¿Por qué esta desarticulación de la institucionalidad sanitaria? ¿En quién recaería la responsabilidad de protección de la salud pública por eventos adversos si las decisiones entre esa nueva instancia y el Invima son contradictorias?
De otro lado, la perspectiva de una vacuna ha llevado a una competencia entre los Estados para obtener acuerdos con las farmacéuticas y lograr prioridad en el suministro de vacunas. Este nacionalismo es políticamente comprensible, pero es un desastre humanitario y sanitario a escala global, por lo cual es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, como lo discutiré en otro escrito. En esta columna quiero centrarme en sus efectos en Colombia, pues el gobierno Duque ha entrado de lleno en esa competencia nacionalista por la vacuna y ha tomado dos decisiones poco transparentes.
Primera, ha dicho que ya negoció el acceso a 20 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, pero no sabemos cuál vacuna, ni en qué condiciones, ni a qué costo. Esos temas no son menores, pues los precios varían mucho: por ejemplo, la de AstraZeneca/Oxford costaría US$4, mientras que la de Moderna valdría US$33, lo cual es significativo pues hablamos de millones de dosis. Además, hay vacunas que por sus condiciones extremas de refrigeración pueden ser de difícil distribución en muchas partes de Colombia.
Segunda, al parecer el Gobierno negoció con las farmacéuticas cláusulas para reducir drásticamente su responsabilidad. Por eso, el texto aprobado en primer debate del PL 284 Cámara señala que esos fabricantes solo responden por los efectos adversos de las vacunas si hubo de parte de la farmacéutica dolo, es decir, mala intención o culpa grave, que es cometer una imprudencia extrema. A diferencia de todos los demás comerciantes, no responderían entonces por las faltas de cuidado ordinarias. Uno no encuentra en las ponencias del Senado ni de la Cámara ninguna explicación sólida por esta drástica reducción de responsabilidad a las farmacéuticas, que no solo es injustificada sino que además envía un mensaje muy problemático a la ciudadanía: que esas vacunas no serían seguras, con lo cual la resistencia a recibirlas se incrementaría.
Es esperanzador que exista la perspectiva de múltiples vacunas contra el COVID-19, pero el gobierno Duque nos debe varias explicaciones. Y el Congreso no debería aprobar esa ley sin que esos interrogantes sean respondidos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.