El crecimiento económico del año que pasó fue de solo 2 %, pero el desempleo disminuyó del 9 % en 2023 a 8,2 %, lo que es incongruente (¿oyó, DANE?). Es que es muy improbable que una economía que está relativamente estancada aumente el empleo de esa manera. Este logro se diluirá con el aumento del salario mínimo de 9,5 % decretado a fines de 2024, de 4,4 % por encima de la inflación, algo que ciertamente no ayudará a generar empleo en 2025.
A fines de 2023 el salario mínimo fue aumentado generosamente un 12 % para alcanzar $1.300.000 mientras que la inflación alcanzó 9,3 %, o sea que el aumento real fue 2,7 %. Este año el gobierno fue muy generoso, volviendo a castigar a los empresarios con un aumento oneroso en términos reales de los salarios de sus trabajadores.
Uno de los problemas más serios de Colombia es la baja productividad que existe sobre todo en el sector informal. La política de aumentar salarios por encima de la productividad hace más atractivo a muchos empresarios operar en la informalidad que en la legalidad. En el sector informal no se paga el mínimo ni se toma como base de su escala salarial. Tampoco se pagan las prestaciones que representan una carga por pensión de 12 %, salud 8,5 %, prima anual (un salario mensual u 8 %), cesantías (otro salario mensual), intereses de cesantía que carga un interés anual del 12 % y cajas de compensación (4 %), que aumentan la carga del empleador. Todas las prestaciones, incluidas vacaciones, representan el salario base multiplicado por 2,57. El aumento del salario mínimo obviamente afecta proporcionalmente la carga prestacional de las empresas que enfrentan el débil crecimiento de la demanda. La consecuencia del aumento desproporcionado del mínimo es que muchas de las pequeñas y medianas empresas vulnerables quebrarán ante las medidas de Petro.
Otra consecuencia del generoso aumento del salario mínimo es que la nómina oficial sube y aumenta la asfixia fiscal que padece el Gobierno. En efecto, el déficit fiscal de 2024 alcanzó 5,6 % del producto interno bruto (PIB), nivel preocupante para los que compran los bonos emitidos por el Gobierno que terminan desvalorizados. El déficit fiscal para 2025 puede acercarse al 7 % del PIB si no hay un aumento del recaudo. Para lograrlo se requerirá una reforma tributaria que seguramente será torpedeada por la oposición en el Congreso.
Ese déficit fiscal hace que los papeles de deuda emitidos por agentes públicos y privados colombianos se conviertan en “bonos basura” que deben pagar tasas de interés altas para poder colocarse en el mercado global. El bono a diez años del gobierno colombiano ofrecía un rendimiento de 8 % hace dos años, pero hoy está rindiendo el 10,8 %, aumento proporcional a la percepción de riesgo país.
Los sindicatos, cuya membresía solo alcanza al 4 % de los trabajadores, celebraron el aumento del salario mínimo, pero los no organizados sufrirán las consecuencias. Hay tres centrales sindicales que dividen y debilitan la capacidad de presión de los trabajadores. Algunos gobiernos como los de Uribe y Duque han sido duros contra el movimiento sindical y reducido su protección. Según las tres centrales han sido asesinados más de 3.300 dirigentes sindicales desde los años setenta.
La violencia ha propiciado la escasa cobertura del sindicalismo, la cual a su vez se refleja en bajos salarios, a pesar de las disposiciones oficiales en contrario. Según el DANE, el año pasado solo el 11,3 % de los ocupados en el país devengaba un salario mínimo, mientras que el 47 % ganaba menos que eso. Las medidas del gobierno sientan una pauta que siguen empresarios grandes, pero que eluden los medianos y pequeños. En fin, la política salarial favorable a los trabajadores tiene una escasa cobertura entre la población.
El crecimiento económico del año que pasó fue de solo 2 %, pero el desempleo disminuyó del 9 % en 2023 a 8,2 %, lo que es incongruente (¿oyó, DANE?). Es que es muy improbable que una economía que está relativamente estancada aumente el empleo de esa manera. Este logro se diluirá con el aumento del salario mínimo de 9,5 % decretado a fines de 2024, de 4,4 % por encima de la inflación, algo que ciertamente no ayudará a generar empleo en 2025.
A fines de 2023 el salario mínimo fue aumentado generosamente un 12 % para alcanzar $1.300.000 mientras que la inflación alcanzó 9,3 %, o sea que el aumento real fue 2,7 %. Este año el gobierno fue muy generoso, volviendo a castigar a los empresarios con un aumento oneroso en términos reales de los salarios de sus trabajadores.
Uno de los problemas más serios de Colombia es la baja productividad que existe sobre todo en el sector informal. La política de aumentar salarios por encima de la productividad hace más atractivo a muchos empresarios operar en la informalidad que en la legalidad. En el sector informal no se paga el mínimo ni se toma como base de su escala salarial. Tampoco se pagan las prestaciones que representan una carga por pensión de 12 %, salud 8,5 %, prima anual (un salario mensual u 8 %), cesantías (otro salario mensual), intereses de cesantía que carga un interés anual del 12 % y cajas de compensación (4 %), que aumentan la carga del empleador. Todas las prestaciones, incluidas vacaciones, representan el salario base multiplicado por 2,57. El aumento del salario mínimo obviamente afecta proporcionalmente la carga prestacional de las empresas que enfrentan el débil crecimiento de la demanda. La consecuencia del aumento desproporcionado del mínimo es que muchas de las pequeñas y medianas empresas vulnerables quebrarán ante las medidas de Petro.
Otra consecuencia del generoso aumento del salario mínimo es que la nómina oficial sube y aumenta la asfixia fiscal que padece el Gobierno. En efecto, el déficit fiscal de 2024 alcanzó 5,6 % del producto interno bruto (PIB), nivel preocupante para los que compran los bonos emitidos por el Gobierno que terminan desvalorizados. El déficit fiscal para 2025 puede acercarse al 7 % del PIB si no hay un aumento del recaudo. Para lograrlo se requerirá una reforma tributaria que seguramente será torpedeada por la oposición en el Congreso.
Ese déficit fiscal hace que los papeles de deuda emitidos por agentes públicos y privados colombianos se conviertan en “bonos basura” que deben pagar tasas de interés altas para poder colocarse en el mercado global. El bono a diez años del gobierno colombiano ofrecía un rendimiento de 8 % hace dos años, pero hoy está rindiendo el 10,8 %, aumento proporcional a la percepción de riesgo país.
Los sindicatos, cuya membresía solo alcanza al 4 % de los trabajadores, celebraron el aumento del salario mínimo, pero los no organizados sufrirán las consecuencias. Hay tres centrales sindicales que dividen y debilitan la capacidad de presión de los trabajadores. Algunos gobiernos como los de Uribe y Duque han sido duros contra el movimiento sindical y reducido su protección. Según las tres centrales han sido asesinados más de 3.300 dirigentes sindicales desde los años setenta.
La violencia ha propiciado la escasa cobertura del sindicalismo, la cual a su vez se refleja en bajos salarios, a pesar de las disposiciones oficiales en contrario. Según el DANE, el año pasado solo el 11,3 % de los ocupados en el país devengaba un salario mínimo, mientras que el 47 % ganaba menos que eso. Las medidas del gobierno sientan una pauta que siguen empresarios grandes, pero que eluden los medianos y pequeños. En fin, la política salarial favorable a los trabajadores tiene una escasa cobertura entre la población.