Los recursos destinados a ciencia y tecnología en el plan de desarrollo 2014-2018 reafirman la escasa importancia que el Estado y los partidos le prestan al ideal de la sociedad del conocimiento.
En efecto, el gobierno central asigna $1,7 billones, que es el mismo presupuesto de Colciencias de siempre, $400.000 millones anuales; este sólo alcanza para pagar una burocracia que tiene la virtud de irritar y martirizar a la pequeña comunidad de investigadores con que cuenta el país.
Colciencias supone que los investigadores actúan de mala fe y, por lo tanto, les exige pruebas repetidas sobre la autenticidad de sus publicaciones, si son parte de proyectos de investigación y si han sido evaluadas por pares. Esos conceptos los tienen que dar las editoriales científicas y en su defecto la autoridad académica de cada institución, cuando en verdad ni las unas ni la otra están en capacidad de ofrecer tales garantías y se exponen penalmente. Hay una obsesión con la medición de los productos de investigación, cuyo rasero aplican por igual a las ciencias duras y a las ciencias sociales, algo que causó la salida del proceso de evaluación de los mejores grupos de investigación en humanidades con que cuenta el país.
Fuera de evaluar y molestar, los recursos que destina Colciencias a la investigación como tal son muy pequeños. Sus objetivos son dispersos, carentes de foco e incluyen becas en el exterior (compitiendo con el Icetex y Colfuturo) y repatriación de científicos, programas que acumulan muchas quejas. Ahora el gobierno ha decidido debilitarla aún más y entregarles más poder al Departamento Nacional de Planeación y a unos entes de papel, bautizados como Comisiones Regionales de Competitividad, enfatizando el papel que juegan los territorios en el posconflicto y en el Plan de Desarrollo. Se pasa así de la dispersión a la disolución.
Mientras el Plan Nacional de Desarrollo dispone de un presupuesto muy idealizado de $704 billones para el cuatrienio, los recursos del gobierno central destinados a ciencia representan el 0,2% y los que salen de regalías otro 0,4% del total. Los recursos del Sistema General de Regalías son de los gobernadores y estos deben articular propuestas que son aprobadas por Colciencias, pero generalmente son destinados a estudios de infraestructura u otras actividades de interés de los políticos, que tienen poco que ver con ciencia o tecnología.
El as del Gobierno es la financiación del sector privado, que aporta $12,9 billones, 1,8% del total, cifra que no se sabe quién la pone ni a dónde va. Lo cierto es que, contrario a toda la experiencia mundial que informa que el despegue de un sistema de ciencia depende crucialmente de recursos públicos en universidades de investigación, parques tecnológicos y generosos recursos para financiar investigaciones, acá el Gobierno le deja esa “responsabilidad” al sector privado. Para tal efecto, se le ofrece una descarga tributaria de 175% de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación que ejecute.
Suponiendo por un momento que todos los recursos dispuestos en el plan existen para ciencia y tecnología ($17,2 billones), equivalen a 2,4% del total, pero sólo a 0,5% del PIB de 2015. En América Latina, México, Brasil y Chile destinan participaciones tres veces superiores en ciencia que la que destina el exiguo presupuesto de Colombia.
Los recursos destinados a ciencia y tecnología en el plan de desarrollo 2014-2018 reafirman la escasa importancia que el Estado y los partidos le prestan al ideal de la sociedad del conocimiento.
En efecto, el gobierno central asigna $1,7 billones, que es el mismo presupuesto de Colciencias de siempre, $400.000 millones anuales; este sólo alcanza para pagar una burocracia que tiene la virtud de irritar y martirizar a la pequeña comunidad de investigadores con que cuenta el país.
Colciencias supone que los investigadores actúan de mala fe y, por lo tanto, les exige pruebas repetidas sobre la autenticidad de sus publicaciones, si son parte de proyectos de investigación y si han sido evaluadas por pares. Esos conceptos los tienen que dar las editoriales científicas y en su defecto la autoridad académica de cada institución, cuando en verdad ni las unas ni la otra están en capacidad de ofrecer tales garantías y se exponen penalmente. Hay una obsesión con la medición de los productos de investigación, cuyo rasero aplican por igual a las ciencias duras y a las ciencias sociales, algo que causó la salida del proceso de evaluación de los mejores grupos de investigación en humanidades con que cuenta el país.
Fuera de evaluar y molestar, los recursos que destina Colciencias a la investigación como tal son muy pequeños. Sus objetivos son dispersos, carentes de foco e incluyen becas en el exterior (compitiendo con el Icetex y Colfuturo) y repatriación de científicos, programas que acumulan muchas quejas. Ahora el gobierno ha decidido debilitarla aún más y entregarles más poder al Departamento Nacional de Planeación y a unos entes de papel, bautizados como Comisiones Regionales de Competitividad, enfatizando el papel que juegan los territorios en el posconflicto y en el Plan de Desarrollo. Se pasa así de la dispersión a la disolución.
Mientras el Plan Nacional de Desarrollo dispone de un presupuesto muy idealizado de $704 billones para el cuatrienio, los recursos del gobierno central destinados a ciencia representan el 0,2% y los que salen de regalías otro 0,4% del total. Los recursos del Sistema General de Regalías son de los gobernadores y estos deben articular propuestas que son aprobadas por Colciencias, pero generalmente son destinados a estudios de infraestructura u otras actividades de interés de los políticos, que tienen poco que ver con ciencia o tecnología.
El as del Gobierno es la financiación del sector privado, que aporta $12,9 billones, 1,8% del total, cifra que no se sabe quién la pone ni a dónde va. Lo cierto es que, contrario a toda la experiencia mundial que informa que el despegue de un sistema de ciencia depende crucialmente de recursos públicos en universidades de investigación, parques tecnológicos y generosos recursos para financiar investigaciones, acá el Gobierno le deja esa “responsabilidad” al sector privado. Para tal efecto, se le ofrece una descarga tributaria de 175% de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación que ejecute.
Suponiendo por un momento que todos los recursos dispuestos en el plan existen para ciencia y tecnología ($17,2 billones), equivalen a 2,4% del total, pero sólo a 0,5% del PIB de 2015. En América Latina, México, Brasil y Chile destinan participaciones tres veces superiores en ciencia que la que destina el exiguo presupuesto de Colombia.