Un estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, La dinámica de las desigualdades en Colombia (2019), revela un altísimo grado de concentración de la riqueza en cabeza de las empresas y de las personas; al mismo tiempo, ellas acusan una gran elusión de impuestos entre las que ostentan mayor poderío económico. Uno podría inferir incluso que a mayor y más exitosa elusión de impuestos, más se concentra el ingreso y el patrimonio de las personas jurídicas y naturales que los autores clasifican como ricas. Ellos encuentran índices de concentración que son difíciles de imaginar: un pequeño puñado de empresas concentran el 94 % del patrimonio de todas las contribuyentes y pocas personas concentran el 53 % de la riqueza; 1 % de las personas jurídicas se clasifican como grandes contribuyentes que aportan cerca del 70 % del valor total de impuestos a cargo de ellas.
Los voceros de los gremios empresariales se quejan de que la tributación los tiene abrumados y que pagan el 60 % de sus ingresos al fisco. La realidad, según este estudio, es que “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción”, o sea, de la ganancia como tal. La razón de la discrepancia es el elevado monto de deducciones y exenciones que exoneraron a las empresas en 2018 de $17,2 billones, que es “recaudo que el Gobierno Nacional deja de recibir debido a los tratos tributarios preferenciales”. La ley ahora llamada de crecimiento económico y que acaba de ser pupitreada en las comisiones terceras del Congreso le añade otros $9 billones de exenciones a este monto escandaloso, configurando una fuga muy importante de recursos que le hacen mucha falta al Estado colombiano para cumplir de mejor manera sus funciones políticas, sociales y económicas.
Las personas naturales, por su parte, también son beneficiarias de recortes sustanciales de sus obligaciones que por ley —por cierto, muy regresiva de por sí— les correspondería aportar, del orden de $8 billones para el mismo año de 2018. Ello significa que el costo para el Estado de tantos regalos a las empresas y a las personas más ricas equivale a 3,4 % del PIB, que es un monto muy importante, al considerar que el total del recaudo tributario ronda solo el 14 % del PIB.
En la nueva reforma, las personas naturales han sido menos agraciadas que las empresas al aumentarse el impuesto al patrimonio y duplicarse el impuesto a los dividendos al 10 %. Compárese con una persona de clase media con ingresos laborales de $10 millones mensuales a la que le retienen el 18 % en impuesto a la renta y debe aportar a su seguridad social otro 12 % de sus ingresos. Se pregunta uno: ¿cómo es que un propietario de acciones paga menos de su ingreso de rentista que un profesional asalariado que debe trabajar muy duro? Además, hay que considerar que el grueso de la riqueza de las personas naturales está invertida en el sector financiero y los impuestos que recaen sobre intereses son muy moderados en Colombia.
Este lunes se debe configurar la nueva reforma tributaria que ya el ministro Carrasquilla tiene comprada, al asignarles cupos especiales a los congresistas requeridos para aprobarla. Se pretende burlar de nuevo a todas las capas sociales que vienen movilizándose para reclamar por un país más justo, liderado por un Estado incluyente.
Un estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, La dinámica de las desigualdades en Colombia (2019), revela un altísimo grado de concentración de la riqueza en cabeza de las empresas y de las personas; al mismo tiempo, ellas acusan una gran elusión de impuestos entre las que ostentan mayor poderío económico. Uno podría inferir incluso que a mayor y más exitosa elusión de impuestos, más se concentra el ingreso y el patrimonio de las personas jurídicas y naturales que los autores clasifican como ricas. Ellos encuentran índices de concentración que son difíciles de imaginar: un pequeño puñado de empresas concentran el 94 % del patrimonio de todas las contribuyentes y pocas personas concentran el 53 % de la riqueza; 1 % de las personas jurídicas se clasifican como grandes contribuyentes que aportan cerca del 70 % del valor total de impuestos a cargo de ellas.
Los voceros de los gremios empresariales se quejan de que la tributación los tiene abrumados y que pagan el 60 % de sus ingresos al fisco. La realidad, según este estudio, es que “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción”, o sea, de la ganancia como tal. La razón de la discrepancia es el elevado monto de deducciones y exenciones que exoneraron a las empresas en 2018 de $17,2 billones, que es “recaudo que el Gobierno Nacional deja de recibir debido a los tratos tributarios preferenciales”. La ley ahora llamada de crecimiento económico y que acaba de ser pupitreada en las comisiones terceras del Congreso le añade otros $9 billones de exenciones a este monto escandaloso, configurando una fuga muy importante de recursos que le hacen mucha falta al Estado colombiano para cumplir de mejor manera sus funciones políticas, sociales y económicas.
Las personas naturales, por su parte, también son beneficiarias de recortes sustanciales de sus obligaciones que por ley —por cierto, muy regresiva de por sí— les correspondería aportar, del orden de $8 billones para el mismo año de 2018. Ello significa que el costo para el Estado de tantos regalos a las empresas y a las personas más ricas equivale a 3,4 % del PIB, que es un monto muy importante, al considerar que el total del recaudo tributario ronda solo el 14 % del PIB.
En la nueva reforma, las personas naturales han sido menos agraciadas que las empresas al aumentarse el impuesto al patrimonio y duplicarse el impuesto a los dividendos al 10 %. Compárese con una persona de clase media con ingresos laborales de $10 millones mensuales a la que le retienen el 18 % en impuesto a la renta y debe aportar a su seguridad social otro 12 % de sus ingresos. Se pregunta uno: ¿cómo es que un propietario de acciones paga menos de su ingreso de rentista que un profesional asalariado que debe trabajar muy duro? Además, hay que considerar que el grueso de la riqueza de las personas naturales está invertida en el sector financiero y los impuestos que recaen sobre intereses son muy moderados en Colombia.
Este lunes se debe configurar la nueva reforma tributaria que ya el ministro Carrasquilla tiene comprada, al asignarles cupos especiales a los congresistas requeridos para aprobarla. Se pretende burlar de nuevo a todas las capas sociales que vienen movilizándose para reclamar por un país más justo, liderado por un Estado incluyente.