LA CORRUPCIÓN POLÍTICA PUEDE entenderse como el uso del poder estatal para enriquecer a un funcionario o a un agente privado.
Hay también corrupción cuando se hacen obras innecesarias con el fin de beneficiar al ejecutivo en un intercambio con un político que termina despilfarrando los recursos públicos. Otra forma de corrupción es asignar institutos y puestos a funcionarios incompetentes que tienden a destruir la acción reguladora del Estado, dejando de cumplir su función para sostener la maquinaria política que apoya al ejecutivo. Las notarías son premios para amigos del gobierno que se corresponden con los trámites que traban el funcionamiento de la economía.
La corrupción es una secuela del clientelismo que ha estado con nosotros durante el siglo XX, y que ha impedido la construcción de una buena infraestructura, a pesar de las fuertes inversiones que se hicieron a lo largo del tiempo. Esa corrupción llegó a su apoteosis con un presidente reelecto pues aumentó sus apoyos y debilitó a la oposición y los medios de comunicación.
¿De cuánto es la corrupción en Colombia? Lo que sigue es un aproximación basada en supuestos mínimos que da alguna idea de sus alcances. En tiempos de Turbay se decía que la justa proporción de la corrupción era cobrar el 15% de un contrato. A un funcionario de una alcaldía de una ciudad del país, por ejemplo, lo llamaban “míster quince por ciento”.
Siendo la inversión pública entre 6% y 7% del PIB y suponiendo que la mordida aumentó con el poder del ejecutivo al 20%, tendríamos que la contratación produciría entre 1,2% y 1,4% del PIB para los corruptos. Habría que hacer un cálculo de las obras innecesarias que se hacen o que nunca se terminan, algo que es muy evidente con el gasto de las regalías, pero también con cientos de obras que ejecutó el gobierno central o alguno municipal. Digamos que es de sólo 1 punto adicional del PIB. Las regalías alcanzan a $6 billones y, por lo menos, la mitad han sido capturadas irregularmente.
El resto del gasto de funcionamiento también está sometido al desvío de recursos públicos que debilitan las funciones regulatorias del Estado y alimentan los altos y medios mandos que apoyan el régimen. Esto es muy evidente en el servicio diplomático colombiano que exporta los especímenes más antagónicos con su función, incluyendo criminales. Los gastos de funcionamiento son entre 16% y 17% del PIB, y suponiendo que el desvío es de sólo el 10% de ellos, tendríamos otro 1,6% o 1,7% del PIB que se pierden para el desarrollo. Los tres sumados nos aproximarían a 4,5% del PIB ($23 billones por año). Ello equivale al déficit anunciado para 2010 y a más de la mitad de la inversión pública durante un año.
Es importante que el electorado reconozca el hecho de que el candidato Santos encabeza una alianza de políticos que invirtieron mucho dinero en sus campañas y que esperan recuperarlo con contratos y puestos, continuando con las malas costumbres que se intensificaron en el uribismo. Hay incluso grupos asociados con las mafias, como son los que integran el PIN, y que lasillavacia.com demostró que habían aportado votos decisivos para el triunfo del candidato oficial en la primera vuelta. La propuesta de Unidad Nacional de Santos es entonces la unión de los clientelistas y de los corruptos que han impedido el desarrollo a fondo de la economía colombiana, y que han tolerado y se han beneficiado por demasiado tiempo de la ilegalidad.
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA PUEDE entenderse como el uso del poder estatal para enriquecer a un funcionario o a un agente privado.
Hay también corrupción cuando se hacen obras innecesarias con el fin de beneficiar al ejecutivo en un intercambio con un político que termina despilfarrando los recursos públicos. Otra forma de corrupción es asignar institutos y puestos a funcionarios incompetentes que tienden a destruir la acción reguladora del Estado, dejando de cumplir su función para sostener la maquinaria política que apoya al ejecutivo. Las notarías son premios para amigos del gobierno que se corresponden con los trámites que traban el funcionamiento de la economía.
La corrupción es una secuela del clientelismo que ha estado con nosotros durante el siglo XX, y que ha impedido la construcción de una buena infraestructura, a pesar de las fuertes inversiones que se hicieron a lo largo del tiempo. Esa corrupción llegó a su apoteosis con un presidente reelecto pues aumentó sus apoyos y debilitó a la oposición y los medios de comunicación.
¿De cuánto es la corrupción en Colombia? Lo que sigue es un aproximación basada en supuestos mínimos que da alguna idea de sus alcances. En tiempos de Turbay se decía que la justa proporción de la corrupción era cobrar el 15% de un contrato. A un funcionario de una alcaldía de una ciudad del país, por ejemplo, lo llamaban “míster quince por ciento”.
Siendo la inversión pública entre 6% y 7% del PIB y suponiendo que la mordida aumentó con el poder del ejecutivo al 20%, tendríamos que la contratación produciría entre 1,2% y 1,4% del PIB para los corruptos. Habría que hacer un cálculo de las obras innecesarias que se hacen o que nunca se terminan, algo que es muy evidente con el gasto de las regalías, pero también con cientos de obras que ejecutó el gobierno central o alguno municipal. Digamos que es de sólo 1 punto adicional del PIB. Las regalías alcanzan a $6 billones y, por lo menos, la mitad han sido capturadas irregularmente.
El resto del gasto de funcionamiento también está sometido al desvío de recursos públicos que debilitan las funciones regulatorias del Estado y alimentan los altos y medios mandos que apoyan el régimen. Esto es muy evidente en el servicio diplomático colombiano que exporta los especímenes más antagónicos con su función, incluyendo criminales. Los gastos de funcionamiento son entre 16% y 17% del PIB, y suponiendo que el desvío es de sólo el 10% de ellos, tendríamos otro 1,6% o 1,7% del PIB que se pierden para el desarrollo. Los tres sumados nos aproximarían a 4,5% del PIB ($23 billones por año). Ello equivale al déficit anunciado para 2010 y a más de la mitad de la inversión pública durante un año.
Es importante que el electorado reconozca el hecho de que el candidato Santos encabeza una alianza de políticos que invirtieron mucho dinero en sus campañas y que esperan recuperarlo con contratos y puestos, continuando con las malas costumbres que se intensificaron en el uribismo. Hay incluso grupos asociados con las mafias, como son los que integran el PIN, y que lasillavacia.com demostró que habían aportado votos decisivos para el triunfo del candidato oficial en la primera vuelta. La propuesta de Unidad Nacional de Santos es entonces la unión de los clientelistas y de los corruptos que han impedido el desarrollo a fondo de la economía colombiana, y que han tolerado y se han beneficiado por demasiado tiempo de la ilegalidad.