Dictadura civil

Agazapado en la emergencia sanitaria, el Gobierno se ha transformado en una dictadura civil. Lanza decreto tras decreto sin discutirlo con los otros poderes del Estado, en particular el Legislativo. Se aprovecha de la lentitud de la Corte Constitucional, para ejecutarlos sin discutirlos con los afectados.

Me voy a centrar únicamente en el Decreto 811 firmado recientemente, que abre la puerta para que el Gobierno salve empresas privadas y despeja el camino para vender activos de la nación. Para el salvamento exigirá que “sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la participación del Estado dentro de un plazo determinado”, algo difícil de cumplir si la empresa está en problemas serios de insolvencia y liquidez, como para poder recomprar la participación estatal.

Aunque se puede simpatizar con la idea de que es necesario salvar a Avianca, por la gran escala de operaciones que tiene en el país y la cantidad de empleos que genera, habría que considerar que Latam, Viva Air o Easyfly también participan en el mercado aéreo del país y merecen apoyo por igual. Lo cierto es que Avianca es hoy propiedad de United, que ha recibido un importante apoyo del gobierno norteamericano para sobreaguar la tormenta que ha afectado a las líneas aéreas del mundo. En efecto, el Senado norteamericano aprobó un paquete de US$60.000 millones para la industria, incluyendo a Boeing; de estos, United recibirá US$5.000 millones, US$3.5000 millones de subsidio y US$1.500 millones de créditos blandos, con la condición de que no despidan personal. ¿Será que el Gobierno de la República de Colombia será socio de la empresa norteamericana? ¿Podrá imponer condiciones favorables al país?

Otra fuente de financiamiento a la que el Gobierno no ha podido recurrir por la oposición que existe en el Congreso y en la opinión pública es la de vender acciones que tenga en empresas cotizadas en la bolsa de valores. La joya pública siempre ha sido Ecopetrol, de la cual gobiernos anteriores han vendido un 10 % de su capital accionario. La empresa estatal tiene filiales como Cenit, encargada de los oleoductos, asociada con algunas empresas privadas, y Bioenergy, una planta de etanol en los Llanos, que acaba de quebrar y que la Fiscalía no parece interesada en investigar. Otra empresa es ISA, encargada de la interconexión eléctrica, pero con inversiones en infraestructura de varios países de América Latina. Según el decreto, “el Gobierno Nacional enajenará las acciones que pertenezcan a la nación en sociedades listadas en la bolsa de valores por su precio de mercado”. Está, además, el caramelo que esconde a los beneficiarios… pues se ofrecerán a “sus trabajadores, organizaciones solidarias y de trabajadores, y al público en general”, dentro del cual se esconden los sospechosos de siempre.

Los usos loables de lo obtenido serán los siguientes: i) parte del Fondo de Mitigación de Emergencias, ii) la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y iii) disminuir el monto de la deuda adquirida por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

El Gobierno prefiere vender sus empresas en vez de recaudar impuestos. Hay que advertir que la crisis ha desvalorizado todas las empresas, por lo que no es el mejor momento para liquidarlas parcial o totalmente. Ellas representan el ahorro de varias generaciones de colombianos y no hay que rematarlas a pérdida.